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En lugar de avanzar en la discusión de dos de los más grandes proyectos de la ciudad, en el último mes el Concejo de Bogotá se ha enfrascado en darle respuesta a una serie de recusaciones e impedimentos que han dilatado el debate dentro del cabildo. El problema es que en juego están dos grandes proyectos de ciudad: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el presupuesto para el 2022, que podrían terminar aprobados por decreto.
Lo primero para entender es el mecanismo. Las recusaciones son acciones que pueden interponer tanto concejales como terceros en contra de un cabildante para que sea apartado de una discusión por intereses particulares, pero para resolver estos recursos, el Concejo debe citar a una sesión plenaria (que no puede ser ese mismo día) para que entre todos determinen si aceptan o no la solicitud.
Lo que ha pasado es que en medio de las sesiones para empezar la votación del articulado del POT en la Comisión del Plan, por ejemplo, han aparecido estas acciones que obligan a suspender la sesión y reprogramarla para cuando se resuelva, que termina siendo dos o tres días después.
El agravante es que a la par se está discutiendo el presupuesto para el próximo año y al igual que el POT, el Concejo tiene un tiempo límite para determinar su aprobación. Pero, como han tenido tantas dilaciones que han obligado a citar a la plenaria, también se ha retrasado su discusión, por lo que han tenido que suspender sesiones.
En este punto hay dos lecturas. La primera, relacionada al uso de las recusaciones e impedimentos como estrategia política, pues entre la administración distrital, la oposición y los mismos cabildantes se han estado echando la culpa sobre las responsabilidades, ya que varias de estas acciones han sido puestas por ellos mismos, por lo que desde ya se plantean modificaciones al reglamento del Concejo para evitar que esto siga pasando con otros proyectos.
Por el otro lado, está la pertinencia de discutir estos proyectos, ya que de aprobarse por decreto, se haría tal y como los propuso la administración y no por un acuerdo de ciudad, que es al fin de cuentas la razón por la que son discutidos en el Concejo.
Por ejemplo, en el POT se acordó con los recicladores cambiar las condiciones para las bodegas de reciclaje y el Distrito se comprometió a acompañar el tránsito durante los próximos dos años, mientras que en el caso del humedal Salitre, la alcaldesa Claudia López se permitió que una zona de reserva vial ahora sea parte de la estructura ecológica.
Ninguno de estos acuerdos, entre otros a los que se han llegado en los últimos tres meses, se incluiría, ya que se tendría que aprobar tal y como se presentó el 9 de septiembre al cabildo.
Por eso, varios de los cabildantes han exigido a López retirar el proyecto y volverlo a presentar el próximo año para que se garantice la discusión. La alcaldesa se ha negado a esto, mientras desde el Concejo se habla de la posible aprobación por decreto de la ponencia positiva unificada de Germán García (Liberal) y Pedro Julián López (Cambio Radical), que incluye varios de estos cambios propuestos.
Está claro que la discusión del POT ya no alcanza a llegar a la plenaria, mientras que con la del presupuesto van a tener que correr si es que no aparecen nuevas tutelas y recusaciones, pues esta semana ya aparecieron dos que tuvieron que resolverse este jueves en plenaria e impidieron, nuevamente, iniciar las discusiones en el cabildo.
