Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con el propósito de que en Bogotá y otras ciudades principales se puedan desarrollar políticas efectivas que contribuyan al mejoramiento de la seguridad, la Veeduría Distrital entregó a la bancada de representantes de la Cámara cuatro propuestas que pueden desarrollarse desde el poder legislativo.
El veedor Guillermo Rivera destacó que estas medidas están pensadas en dos características que reflejan el contexto actual de la sociedad colombiana. En primer lugar, se pensó en la necesidad de elaborar una política de seguridad ciudadana para el posconflicto que ya no esté centrada en la idea de la existencia de un “enemigo interno”. Y la segunda busca tener en cuenta la realidad agudizada por la pandemia, lo que implica generar más intervenciones y propuestas de carácter social.
Rivera destacó en primera medida la necesidad de promover una reforma a la Policía que esté orientada a ser compatibles en el ejercicio efectivo de la entidad, el respeto de las libertades ciudadanas y Derechos Humanos y garantizar la seguridad ciudadana. Para ello se propone que la Policía pase de estar regida por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, pues “la subordinación al Ministerio de Defensa le otorga un carácter más cercano a una institución militar que no obedece a su naturaleza civil consagrada en la Constitución”, destacó el Veedor Distrital.
Lea también: Después del 9S, ¿será posible recuperar la confianza en la Policía?
Le puede interesar: Se comienza a esclarecer el caso del policía señalado de acoso y abuso sexual en Soacha.
También se busca que los protocolos de operación y formación de la Policía estén ajustados a estándares internacionales de protección de Derechos Humanos y de ejercicio de la fuerza dentro de los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad.
La segunda medida pretende que la designación de los comandantes de la Policía esté acogida por los alcaldes locales, según el ente de control, esto facilitaría la coordinación de la gestión sobre las necesidades de seguridad de cada ciudad. Con la tercera propuesta fomentaría el concepto de los alcaldes en los ascensos policiales en ciudades con policía metropolitana. Para ascender a los grados de mayor general y general los alcaldes deberían dar su opinión sobre los aspirantes a ascenso.
Lea: Primer año del 9S: ¿Debe reformarse la Policía Nacional?
La última medida busca que se cree un nuevo sistema contravencional que garantice una intervención preventiva y transformadora frente a conductas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. Por ejemplo, con esto se regularía que las personas que reincidan en actividades delictivas no puedan beneficiarse con medidas no privativas de la libertad.
“Invitamos a la bancada de Bogotá en la Cámara de Representantes a estudiar juiciosamente esta propuesta, que busca reconocer el papel que tienen ciudades, como la capital del país, en el desarrollo de políticas efectivas de seguridad ciudadana”, resaltó el veedor Guillermo Rivera.