Reforma a la salud: reporte revela el termómetro de la discusión en Bogotá

Luego de que el pasado lunes, 13 de febrero, se radicara ante el Congreso de la República la propuesta de reforma a la salud, presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, todo un debate se ha suscitado en el país.

Lea también: Marchas en Bogotá: “Colombia eligió un cambio y no será de mentira”, Gustavo Petro.

Justo este martes, y unas cuantas horas después, iniciaron las primeras discusiones del documento en el legislativo, en medio de masivas marchas, citadas por el propio Gobierno, que se realizaron en todo la nación con el fin de apoyar el proyecto de ley.

No obstante, un reporte de la organización Change.org le tomó la temperatura a este espinoso tema en las redes sociales y en internet con el fin de dar a conocer la posición y opinión de los bogotanos de a pie frente a esta coyuntura.

Si bien los expertos en salud coinciden que la reforma tiene un mensaje menos radical y extremista del que se había pensado, lo cierto es que aún genera muchas dudas y resistencia entre los ciudadanos.

De hecho, más de 32.700 capitalinos están apoyando una ‘firmatón’ en Change.org en la que manifiestan su inconformismo y preocupación por lo que propone el proyecto de ley.

Esto debido a que consideran que “el documento y sobre todo la ministra Carolina Corcho lo que buscan es un revolcón al Sistema de Salud que afectaría el servicio y generaría mayores problemas en la atención”, afirman desde la organización.

Uno de los líderes de esta petición es Jorge García, un bogotano de 51 años, odontólogo de profesión y quien presenta además varias condiciones críticas de salud.

De acuerdo con Change, su solicitud se basa en pedirle al presidente Gustavo Petro que proteja, mejore y fortalezca el sistema colombiano y no lo “acabe con un proyecto de ley que lo podría debilitar y deteriorar”.

Su iniciativa, que ha sido apoyada por más de 32.000 personas que han firmado digitalmente su petición, pretende hacer una cruzada en contra de una reforma que, según él, “no tiene pies ni cabeza”.

“No se trata de un tema político. El estar diagnosticado con diabetes tipo I, ser insulinodependiente, sufrir de tensión alta, tener además insuficiencia renal crónica terminal y haber recibido un trasplante de riñón, me autoriza para hablar de la salud en nuestro país y de los beneficios que hoy tenemos prácticamente todos los colombianos y que no podemos perder como consecuencia de un proyecto de ley que no tiene mayor sentido”, aseveró García.

En contraste y conforme a las cifras de la organización, más de 11.200 ciudadanos respaldan el proyecto de ley.

Rocío Rojas, una docente en la ciudad y, pese a pertenecer a un régimen especial, abrió recién una petición en Change.org, no solo con el propósito de apoyar la mencionada reforma, sino también para exigir un verdadero cambio en el Sistema de Salud que le quite poder a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para que no se sigan quedando con los recursos de los ciudadanos.

“La ley 100 creó a las EPS, que no son más que intermediarias que se quedan con más de la mitad del presupuesto destinado para la salud en Colombia, ocasionando la crisis más grande que afecta el sistema: la iliquidez. En el momento la mayor parte de hospitales públicos están en total quiebra y abandono, los empleados siguen subcontratados y se encuentran en condiciones laborales caóticas, ni hablar del servicio prestado a los usuarios”, afirmó Rojas.

De acuerdo con esta ciudadana, este tipo de entidades carecen de los implementos básicos y los recursos necesarios para brindar una adecuada atención. “Desde su creación la infraestructura hospitalaria recibe muy pocos recursos para la adecuación y dotación de equipos de alta tecnología, sumado a que los hospitales de los municipios no cuentan con los recursos básicos para prestar un buen servicio”, añadió.

Según esta ciudadana, la salud se convirtió en un sistema curativo en lugar de ser preventivo. “Las personas esperan meses para ser atendidos y son negados distintos tratamientos que son obligatorios y a los que solo es posible acceder a través de tutelas”, cuestionó.

Nota relacionada: Exfiscal Ana Noguera, también salpicada en pleito por predio La Azotea, en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Luego de que el pasado lunes, 13 de febrero, se radicara ante el Congreso de la República la propuesta de reforma a la salud, presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, todo un debate se ha suscitado en el país.

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Justo este martes, y unas cuantas horas después, iniciaron las primeras discusiones del documento en el legislativo, en medio de masivas marchas, citadas por el propio Gobierno, que se realizaron en todo la nación con el fin de apoyar el proyecto de ley.

No obstante, un reporte de la organización Change.org le tomó la temperatura a este espinoso tema en las redes sociales y en internet con el fin de dar a conocer la posición y opinión de los bogotanos de a pie frente a esta coyuntura.

Si bien los expertos en salud coinciden que la reforma tiene un mensaje menos radical y extremista del que se había pensado, lo cierto es que aún genera muchas dudas y resistencia entre los ciudadanos.

De hecho, más de 32.700 capitalinos están apoyando una ‘firmatón’ en Change.org en la que manifiestan su inconformismo y preocupación por lo que propone el proyecto de ley.

Esto debido a que consideran que “el documento y sobre todo la ministra Carolina Corcho lo que buscan es un revolcón al Sistema de Salud que afectaría el servicio y generaría mayores problemas en la atención”, afirman desde la organización.

Uno de los líderes de esta petición es Jorge García, un bogotano de 51 años, odontólogo de profesión y quien presenta además varias condiciones críticas de salud.

De acuerdo con Change, su solicitud se basa en pedirle al presidente Gustavo Petro que proteja, mejore y fortalezca el sistema colombiano y no lo “acabe con un proyecto de ley que lo podría debilitar y deteriorar”.

Su iniciativa, que ha sido apoyada por más de 32.000 personas que han firmado digitalmente su petición, pretende hacer una cruzada en contra de una reforma que, según él, “no tiene pies ni cabeza”.

“No se trata de un tema político. El estar diagnosticado con diabetes tipo I, ser insulinodependiente, sufrir de tensión alta, tener además insuficiencia renal crónica terminal y haber recibido un trasplante de riñón, me autoriza para hablar de la salud en nuestro país y de los beneficios que hoy tenemos prácticamente todos los colombianos y que no podemos perder como consecuencia de un proyecto de ley que no tiene mayor sentido”, aseveró García.

En contraste y conforme a las cifras de la organización, más de 11.200 ciudadanos respaldan el proyecto de ley.

Rocío Rojas, una docente en la ciudad y, pese a pertenecer a un régimen especial, abrió recién una petición en Change.org, no solo con el propósito de apoyar la mencionada reforma, sino también para exigir un verdadero cambio en el Sistema de Salud que le quite poder a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para que no se sigan quedando con los recursos de los ciudadanos.

“La ley 100 creó a las EPS, que no son más que intermediarias que se quedan con más de la mitad del presupuesto destinado para la salud en Colombia, ocasionando la crisis más grande que afecta el sistema: la iliquidez. En el momento la mayor parte de hospitales públicos están en total quiebra y abandono, los empleados siguen subcontratados y se encuentran en condiciones laborales caóticas, ni hablar del servicio prestado a los usuarios”, afirmó Rojas.

De acuerdo con esta ciudadana, este tipo de entidades carecen de los implementos básicos y los recursos necesarios para brindar una adecuada atención. “Desde su creación la infraestructura hospitalaria recibe muy pocos recursos para la adecuación y dotación de equipos de alta tecnología, sumado a que los hospitales de los municipios no cuentan con los recursos básicos para prestar un buen servicio”, añadió.

Según esta ciudadana, la salud se convirtió en un sistema curativo en lugar de ser preventivo. “Las personas esperan meses para ser atendidos y son negados distintos tratamientos que son obligatorios y a los que solo es posible acceder a través de tutelas”, cuestionó.

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