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En septiembre se cumplirán 25 años de una de las emergencias ambientales más grandes de Bogotá: el derrumbe en el relleno sanitario de Doña Juana. Y al fin los afectados podrán acceder a la indemnización, que ordenó el Consejo de Estado, tras declarar responsable al Distrito por los perjuicios que ocasionó el desastre. Desde el pasado 2 de febrero el Tribunal de Cundinamarca ya ordenó la redistribución de los $235.000 millones de la indemnización entre las casi 174.000 personas reconocidas como víctimas del desastre.
Gracias a esto, a partir de este momento, las personas reconocidas podrán adelantar los trámites ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, podrán adelantar los trámites para cobrar la indemnización, proceso que será exclusivamente virtual. Para hacerlo deberán llenar un formulario, tener la fotocopia de la cédula y certificado de una cuenta bancaria. El monto de la indemnización depende del nivel en el que quedó clasificado como afectado y oscila entre un millón y dos millones de pesos.
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La historia de este caso se remonta al 28 de septiembre de 1997 cuando un derrumbe en el sector II del relleno sanitario generó que 1,2 millones de toneladas de basura cayeran al río Tunjuelo y se proliferaran gases tóxicos, que afectaron a vecinos de siete veredas y 900 barrios de Usme y Ciudad Bolívar. A raíz de ello, 1.472 afectados impulsaron una acción de grupo, por los problemas respiratorios y dermatológicos que les produjo la catástrofe.
Mediante sentencia del 24 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable al Distrito, “por los perjuicios morales ocasionados al grupo conformado por las personas que vivían, laboraban o estudiaban a los alrededores del Relleno Sanitario Doña Juana (hasta una distancia de 5.000 metros del foco emisor), durante el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997″.
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La decisión fue ratificada en segunda instancia por el Consejo de Estado. No obstante, el alto tribunal, conocedor de que los afectados eran muchos más, ordenó identificar a los otros posibles afectados que residieran, trabajaran o estudiaran en un rango máximo de cinco kilómetros del relleno para la época de los hechos. La tarea de recibir las solicitudes quedó en manos de la Defensoría del Pueblo, que esperaba que llegaran máximo 65.000 solicitudes. Sin embargo, que en los años siguientes a la sentencia llegaron documentos de alrededor 600.000 personas, que buscaban acreditarse como víctimas.
Hoy tras un largo proceso en el que se clasificaron, decantaron y resolvieron alrededor de 88.513 recursos de reposición, apelación y queja contra el listado preliminar de beneficiarios, se estableció que finalmente 174.709 ciudadanos lograron acreditar que vivían, estudiaban o trabajaban en inmediaciones del relleno, por lo que podrán acceder a una parte de los $235.000 millones que reservó la administración para compensar a los afectados.
Si el monto se repartiera en partes iguales, a cada víctima le correspondería $1.350.000. No obstante, vale aclarar que los recursos no se distribuirán así. La razón: hubo personas que, por vivir más cerca al relleno, sufrieron mayores daños y tienen derecho a más. Por esta razón, los beneficiarios se dividieron en tres subgrupos, dependiendo de su cercanía al relleno, al momento de desastre.
De acuerdo con la clasificación, el primer subgrupo lo integran 43.052 personas, que vivían a menos de 1.500 metros del relleno, quienes tendrán derecho a una indemnización de $1.910.000; los del subgrupo dos los conforman 65.766 personas, que vivían entre 1.500 y 3.000 metros del relleno y recibirán $1.310.00, y nivel tres lo integran 65.441, que vivían entre 3.000 y los 5.000 metros del relleno, quienes tendrán derecho a $1.010.000.
Si bien, se podría considerar una buena noticia luego de 25 años de la tragedia ambiental, los montos son menos de lo que algunos afectados esperaban. A los pioneros de la acción de grupo los indemnizaron en su momento con un monto equivalente a los seis salarios mínimos. No obstante, en este caso, ocurrieron varias cosas: por un lado, se triplicó el número de afectados, y por el otro, el monto de los recursos reservados desde 2012 nunca se actualizó, por lo que fue perdiendo valor a causa de la devaluación.
Mientras los $235.000 millones en 2012 representaban casi 423.504 salarios mínimos de la época (estaba en $566.000) hoy ese mismo dinero representa 235.000 salarios mínimos, es decir tuvo una depreciación cercana al 45 %. “Hay que indicar que los montos sufrieron una reducción drástica, debido al número de personas reconocidas y a la demora de la Defensoría en integrar el grupo, por la devaluación y la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda. Cuando la condena se produjo en 2012 el total de la indemnización equivalían a más de 100 millones de dólares. Ahora no llega al 50%. La demora de la Defensoría afectó los derechos de las personas”, indicó el abogado Raúl Hernández, abogado coordinador de la acción de grupo Doña Juana.
Y si bien, el dinero estaba reservado desde 2012 y se supone debía tener unos rendimientos financieros, “la Defensoría se niega a pagar los intereses o la indexación de la sentencia. El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos dictó un reglamento interno y allí dijo que los intereses eran para la Defensoría y de allí ha sacado el dinero para hacer contratos millonarios para el trámite del caso. Esto debería ser cubierto por el fondo y no a cargo de los recursos de las víctimas”, agregó el representante de los accionantes, quien anunció que esa será otra lucha legal.
Cómo cobrar la indemnización
1. Verifique que sea parte de las 174.709 personas reconocidas como afectados por la emergencia. En la página www.demandadonajuana.com podrá consultar con su número de cédula y primer apellido si es uno de los beneficiarios.
2. Si es beneficiario, radique la solicitud de pago en la página web de la Defensoría del Pueblo eliseo.defensoria.gov.co/visionweb/cac2/rupweb.htm . En las oficinas de la Defensoría no le recibirán la solicitud.
3. Tenga a la mano los siguientes documentos en archivo digital, para anexarlos al momento de llenar el registro, ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo: Fotocopia legible de la cedula de ciudadanía por ambos lados, Formato SIIF II Nación (descárguelo aquí) y Certificación actualizada de su cuenta bancaria.
4. Llene el formulario de la página web de la Defensoría y anexe los documentos. Al correo le debe llegar una confirmación con la radicación de la solicitud.
Conozca el paso a paso detallado aquí.
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