Renovación de El Campín: dudas en torno a la millonaria asociación público-privada

La renovación de El Campín es una realidad que avanza a paso firme, como muchas otras obras importantes de la ciudad. Y como otros de estos proyectos que dejará marchando la administración de Claudia López, no deja de ser polémico. En este caso, no solo la ampliación de 36.000 a 45.000 espectadores, que sigue siendo bajo para un estadio de talla mundial, el impacto de la obra en sus alrededores y escenarios deportivos despierta inconformismo en el barrio y sectores deportivos. En este tipo de obras los expertos y la comunidad analizan la experiencia y repercusión del modelo de las asociaciones público-privadas (APP) en la capital.

La renovación de El Campín es una realidad que avanza a paso firme, como muchas otras obras importantes de la ciudad. Y como otros de estos proyectos que dejará marchando la administración de Claudia López, no deja de ser polémico. En este caso, no solo la ampliación de 36.000 a 45.000 espectadores, que sigue siendo bajo para un estadio de talla mundial, el impacto de la obra en sus alrededores y escenarios deportivos despierta inconformismo en el barrio y sectores deportivos. En este tipo de obras los expertos y la comunidad analizan la experiencia y repercusión del modelo de las asociaciones público-privadas (APP) en la capital.

En un escenario en el que la remodelación de El Campín y sus alrededores ya tiene el visto bueno del Confis y un valor estimado en $2,8 billones, que empezarían a ejecutarse en 2024, la Junta de Acción Comunal del barrio El Campín presentó, el 17 de noviembre de 2023, un derecho de petición para que el IDRD y la Alcaldía suspendan el megaproyecto, argumentando, entre otras cosas, que los terrenos cedidos por Nemesio Camacho en 1937 al Distrito tenían una cláusula de cesión, que exigía destinación de los terrenos para fines deportivos, cosa que denuncian, no será así, pues el proyecto está dibujado, según los bocetos, con mayor área comercial y hotelera que deportiva.

A pesar de que la acción popular, dicen analistas, tiene poco alcance, pues la escritura de Nemesio Camacho no es clara en los propósitos de los terrenos, hay reparos en la manera en la que se ha concertado la obra. Las organizaciones vecinales denuncian que no se está teniendo en cuenta la experiencia que los habitantes del sector tienen con la APP Movistar Arena. Contrario a los beneficios que se habían pactado durante la etapa de planeación del proyecto, los aparentes incumplimientos de la APP han generado suspicacia entre los vecinos sobre el futuro del nuevo complejo comercial, artístico y deportivo del nuevo El Campín.

Otra acción popular

La obra de renovación de El Campín es una apuesta que se viene barajando desde hace años. Es una de las 25 acciones estratégicas del POT de López y proyecta intervenir 167.000 m² aledañas al escenario deportivo. Se aumentará su capacidad de aforo y se renovará el entorno para convertirlo en un complejo comercial, artístico y deportivo.

La distribución del espacio es una de las discordias de la Junta, que resalta que “aproximadamente el 80 % de las edificaciones contempladas en el proyecto “APP CDEC Complejo Cultural y Deportivo El Campín” son para uso comercial”. La querella cita: “parte del contrato de APP que pretende firmar el IDRD no da cumplimiento a lo reglamentado en los artículos 4.° y 9.°, del acuerdo 35 de 1959, expedido por el Concejo Municipal del Distrito Especial de Bogotá, donde claramente se le da un uso deportivo al predio donado de mínimo 90 %, lo cual es concordante y respeta el contrato de donación suscrito entre Leonilde Matiz, Luis Camacho Matiz y el Distrito de Bogotá en 1937″, reza el derecho de petición. El alcance de esta querella es cuestionado por juristas, dadas las limitaciones jurídicas que le aquejan. Sin embargo, la iniciativa es la muestra del malestar que ha despertado la iniciativa.

“La experiencia con el Movistar Arena no ha sido positiva para los vecinos. En esa ocasión el Distrito celebró reuniones con la Junta de Acción Comunal y acordamos que no se realizarían eventos simultáneos. Esa norma no se cumplió: hay partidos y conciertos al tiempo. Para esta obra de renovación, no han hecho ninguna reunión con la comunidad sobre cómo serán los planes de funcionamiento y el control”, señaló la Junta.

Otros querellantes son el Club de Tenis El Campín, que inicialmente alegó el uso de los terrenos y el hecho de que la Alcaldía los esté desalojando de los terrenos que explotaron para el uso de 27 canchas tenis durante más de 70 años. Hoy, dicen, solo siete canchas sirven para los clubes y entrenamientos de este deporte.

“No queremos que pare la obra, queremos que la Alcaldía escuche el panorama del tenis y tenga en cuenta el convenio que hemos tenido en estas décadas. Hablamos de que en la localidad hay 27 canchas, de las cuales 22 están en los terrenos que serán intervenidos. Desde 2021 solo siete funcionan y en el nuevo proyecto no se contempla un espacio para el tenis. Si bien somos privados, hemos aportado a la historia del tenis colombiano”, resalta Mauricio Prieto, gerente de la Corporación Club de Tenis el Campín.

En suma, el proyecto está distribuido de esta manera: para el estadios reservaron 106.500 m²; zona gastro: 4.500 m²; servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU): 2.600 m²; zona creativa: 19.700 m²; zona deportiva: 26.500 m² (incluye gimnasio, espacios deportivos, oficinas para la entidad concedente, usos mixtos complementarios de comercio, restaurantes y servicios); auditorio para la filarmónica: 10.600 m²; urbanismo, 40.600 m², entretenimiento, 27.350 m²; emprendimiento, 28.500 m², y restaurantes, 5.400 m².

Mientras el Distrito responde al derecho de petición, las posiciones en torno al impacto de las APP son diversas. Por ejemplo, Antonio Barreto, experto en derecho contractual, apunta que el modelo de las APP, a la fecha, no ha demostrado ser exitoso. “No es una figura a la que se la ha sacado provecho. El Movistar Arena está siendo explotado por los particulares. Aunque el Distrito tiene margen de acción, el tema financiero es el que marca la pauta en estos proyectos. El privado siempre tendrá como prioridad la utilidad. Esto, sumado a la politización de las obras, tiene impacto en la responsabilidad social de estos esquemas”.

Las quejas sobre esta obra se suman a la serie de proyectos controvertidos de Claudia López. Lo que comparte con otros es la falta de concertación y socialización con las comunidades implicadas. “Tenemos graves problemas de seguridad, de impacto ambiental y quisiéramos que el Distrito, por lo menos, se reúna con nosotros y nos escuche”, anota la Junta de Acción Comunal. Sobre todo, porque el proyecto impactará a cerca de 150.000 habitantes de esta zona de Teusaquillo.

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