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El futuro de la vivienda en Bogotá ha sido uno de los temas en los que se ha centrado el debate del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Claudia López. No solo por ser uno de sus ejes principales, sino porque le apuesta además a la renovación sobre la expansión urbana, lo que ha generado múltiples interpretaciones a favor y en contra.
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En esencia, lo que se dice es que la mayor parte de la oferta de vivienda no saldrá de nuevas casas construidas en predios libres, que antes eran rurales o no han sido tocados, sino que se va a optar por construcciones de altura en barrios centrales y en los que ahora hay edificaciones que no superan los dos o tres pisos.
En efecto, la propuesta parte de las proyecciones del DANE, que determinan que para 2035 se requerirán 970.578 viviendas, de las cuales alrededor del 70 % saldrían de planes de renovación. Esto le permite al Distrito reducir las zonas de expansión, especialmente hacia la zona rural en el sur, la estructura ecológica en el norte y sobre el río Bogotá.
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El problema radica en que este tipo de acciones no son tan fáciles de ejecutar, principalmente porque las comunidades no ven con buenos ojos este tipo de proyectos. La razón: implica vender sus casas. Eso quedó en claro en el cabildo abierto del pasado martes, en el que la mayoría de las intervenciones en contra vinieron de personas que viven en las zonas donde se planean adelantar estas acciones estratégicas, quienes además de advertir que se trata de zonas donde viven personas adultas o que no quieren abandonar sus viviendas, reprocharon el que no se les hubiera consultado sobre las nuevas medidas, por lo que no se sienten protegidos como moradores.
Por el otro lado están los constructores, a quienes les preocupan los antecedentes de este tipo de proyectos y la gestión que pesa sobre estos, por lo que temen que aumente no solo el déficit de vivienda, que hoy es de 96.947 unidades habitacionales, sino el espacio para construir. “El tratamiento de la renovación urbana es difícil de concretar, porque los trámites son burocráticos y la apropiación de los planes parciales es casi titánica y difícil de hacer, tanto así, que esta administración no ha aprobado el primero”, indicó Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, quien resalta que en los últimos 11 años se han aprobado 17 planes parciales, de los cuales solo han avanzado tres.
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En gran parte, esto se debe a la gestión predial y social, ya que por un lado se requiere el consenso de varios actores para convencer a los vecinos de vender, sumado al saneamiento legal de las viviendas. “No falta la familia que está en juicio de sucesión o compró un predio que tenía vicios y, por ejemplo, no hizo el registro en la Oficina de Registro Público”, dijo Callejas.
Desde la academia, profesores de urbanismo también han planteado escenarios. Mario Noriega llama la atención sobre la densificación que se podría generar ante las nuevas cargas para construir en altura, lo que también llamó la atención de Carlos Fernando Agudelo, de la Universidad de la Salle, quien presentó ante el cabildo una serie de fortalezas y debilidades que vieron en el proyecto, como la necesidad de establecer mecanismos de control y manejo de densidades edificatorias más claras y limitantes, para evitar el desarrollo desequilibrado.
Por su parte, Juan Guillermo Yunda, de la Universidad Javeriana, no ve mal la densificación, pero sí cree necesario que primero se establezca la infraestructura de transporte público antes de desarrollar este tipo de proyectos.
En respuesta, la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, resalta que la reducción del 21 % de las zonas de expansión no es un capricho. Por ejemplo, está el relleno sanitario Doña Juana, que por ley nacional debe excluirse del suelo urbano y ser rural; la zampa del río Bogotá (a excepción del patio-taller y lo que está ocupado); la zona rural de Usme, que ya se había propuesto en el POT de Peñalosa; las reservas Van der Hammen y rural del norte, y la franja de adecuación de los cerros orientales.
Por su parte, Javier Baquero, subsecretario de Planeación y Política de la Secretaría de Hábitat, dijo en la Comisión del Plan del Concejo que no se ha tenido en cuenta que este POT reconoce otras formas de construcción, como el fortalecimiento de la vivienda popular con el plan terrazas o el reuso de edificaciones, que estaría en aumento con la pandemia. “Tampoco es real que el mercado de la construcción se va a parar. Tenemos en gestión, adoptado y en adopción suelo para los próximos seis años, con la proyección de se construirán 45.000 viviendas al año, lo que daría tiempo para hacer cambios institucionales y permitiría al mercado innovar, para adaptarse a las nuevas normas”, explicó.
Hoy será el segundo cabildo abierto, en el que el Distrito responderá las dudas de la ciudadanía, y el próximo jueves comenzará la presentación de las ponencias en la Comisión del Plan, por lo que la discusión de las necesidades de vivienda tendrá que continuar allí, pues de fondo no es solo la oferta del suelo, sino cómo aplacarán los temores que por ahora se resaltan, ya que, al fin de cuentas, es deber del POT fijar el lineamiento claro de lo que se hará en la ciudad en los próximos años.
