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Un grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal (GUBIM) de la Policía de Carabineros en conjunto con la secretaría de Ambiente de Bogotá, lograron rescatar a un mono nocturno que ingresó a una vivienda en la localidad de Bosa, tras deambular por las calles del sur de la capital.
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Las autoridades se enteraron del suceso gracias el reporte oportuno de un ciudadano que puso en conocimiento la presencia del animal en un sector residencial. “El mono nocturno, una especie de primate que pertenece a la fauna silvestre y cuyo hábitat natural no se encuentra en el entorno urbano, habría escapado de una vivienda donde, al parecer, era mantenido de manera ilegal como mascota”, indicó la entidad.
Ante ese hecho, Adriana Soto, secretaria de Ambiente, hizo un llamado a la ciudadanía para recordar que mantener a estos animales en entornos ajenos a su ecosistema acarrea delitos por tráfico de fauna silvestre. “Es un delito ambiental que pone en riesgo la supervivencia de las especies y ocasiona un desequilibrio en los ecosistemas. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier caso de tenencia o comercio ilegal de animales silvestres y contribuyan a la protección de la biodiversidad”, señaló la jefe de cartera.
Adicional, informó que el mono nocturno fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde es valorado y atendido integralmente para determinar su estado de salud actual y las condiciones necesarias para su recuperación y posible reintegración a su hábitat natural.
Recuerde que, ante cualquier actividad sospechosa o ilegal relacionada con el tráfico de fauna silvestre, cualquier residente en Bogotá puede realizarla denuncia de inmediato a las autoridades competentes. Para ello, pueden comunicarse a las líneas telefónicas 601 377 88 54, 318 8277733 y 317 4276828 de la Secretaría de Ambiente o a la Línea 123.
No olvide: la extracción y el tráfico de fauna silvestre es un delito ambiental grave, si usted presencia alguno es menester denunciar oportunamente. Este delito es sancionado por la legislación colombiana bajo la Ley13 33 de 2009, modificada por la Ley 2387 del 25 de julio de 2024, la cual regula las sanciones por infracciones a las normas ambientales en Colombia. En casos graves, las sanciones pueden llegar hasta $130.000 millones (equivalentes a 100.000 salarios mínimos legales vigentes).
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