Pocos de los proyectos radicados por la administración distrital en el Concejo han sido tan polémicos y discutidos como el que se votó ayer en la plenaria. La iniciativa, bautizada por el Distrito como plan de rescate social y económico, pero que en la práctica era un salvavidas a Transmilenio (TM), concluyó su trámite con más tropiezos de los que imaginaba la Alcaldía e incluso los mismos concejales.
Al cierre de esta edición, los concejales aún se encontraban votando los 14 artículos del proyecto. Sin embargo, tras la aprobación de la ponencia positiva de los cabildantes Rubén Darío Torrado (Partido de la U) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical) todo estaba dado para que el plan del Distrito saliera avante de la plenaria. Eso sí, no hubo una aplanadora como se pronosticaba y, de hecho, por eso la sesión se alargó varias horas, para aclarar los temas que más preocupaban a los cabildantes.
El artículo de mayor debate fue el número 3, en el que se estipula cómo será la distribución de los $1,6 billones que solicitó la administración. También el título del proyecto, que lo terminaron cambiando para aclarar que más que un rescate social era un alivio a TM.
La ponencia positiva, aprobada con 31 votos a favor, no contó con el apoyo irrestricto de algunas bancadas que, en teoría, iban a acompañar todo el proyecto. Los concejales Diego Cancino y Luis Carlos Leal (Alianza Verde), así como Celio Nieves y Álvaro Argote (Polo Democrático) forman parte de la bancada de gobierno, pero no aprobaron la ponencia. Lo mismo ocurrió con Carlos Fernando Galán y Marisol Gómez (Bogotá para la Gente), Andrés Forero (Centro Democrático) y María Victoria Vargas (Partido Liberal).
Además del resto de votos negativos previsibles, como los de las integrantes de Colombia Humana (Ati Quigua, Susana Muhamad, Heidy Sánchez y Ana Teresa Bernal) o de Carlos Carrillo (Polo) hubo cabildantes que quisieron aclarar que, si bien apoyaban el proyecto, no estaban de acuerdo en cómo se girarán los recursos a TM. Fue el caso de la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), quien se apartó de todo lo relacionado con salvar las finanzas del sistema de transporte público.
También hubo concejales como Samir Abisambra (Partido Liberal), que pese a acompañar el proyecto dijo que al Concejo debe llegar pronto otra discusión: la realidad de TM y por qué los pusieron a correr para aprobar $1,15 billones para evitar su colapso. En general, varias voces expresaron la necesidad de aclarar el panorama y, sobre todo, cuál será la estrategia del Distrito para sanear las arcas y enderezar el camino financiero.
Lo que viene ahora, en un escenario del proyecto aprobado, son las últimas cartas que se jugarán los que no aprobaron la iniciativa. Carrillo, por ejemplo, hizo pública su intención de interponer una tutela en contra del Concejo y, asimismo, promover una acción de nulidad. “Si bien creo que debe hacerse un uso responsable de las herramientas jurídicas, la violación del debido proceso y del reglamento interno del Concejo ha sido flagrante”.
Por su parte, la concejal Vargas, quien es una de las más experimentadas de la corporación, avisó que su voto negativo obedeció a que, a su juicio, “es ilegal y se está financiando gastos de operación de TM con recursos de crédito, cuando eso está prohibido por la ley”. Calificó como irresponsabilidad permitir que se financie la deuda.
Además, dijo Vargas, hay un “orangután” que son los $5 mil millones que se piensan asignar a la Personería y a la Contraloría de Bogotá. “Nadie sabe quién los solicitó, pero se dice que es para reforzar la labor de vigilancia frente a las entidades del Distrito. Es una vergüenza y rompe la unidad de materia”.
Lo que ocurra con el proyecto será anecdótico en unas semanas, si se tiene en cuenta que ahora empieza un proceso complejo para el Distrito, en especial en el sector movilidad. Como señalaron varios cabildantes, este trámite no se puede hacer cada año para pagar un déficit que es como un “barril sin fondo”, debido a que el sistema público de transporte aún no recupera la cantidad de pasajeros que había antes de la pandemia. Así las cosas, no hay de otra que avanzar en la aprobación de las fuentes alternativas para financiarlo y parece ineludible abrir la posibilidad de renegociar los contratos con los operadores privados.
