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Una importante reunión se lleva a cabo este 27 de febrero entre el presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, entre otros funcionarios clave del Distrito, como lo es el director el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano). El tema sobre la mesa es un proyecto ambicioso ferroviario que sigue a la espera de la licencia ambiental desde el año pasado: el Regiotram de Occidente.
Cabe resaltar que este proyecto no ha podido avanzar desde que en abril del año pasado la ANLA archivó la licencia ambiental, cosa que generó toda clase de críticas. La licencia, sin embargo, sigue en manos del concesionario que sigue evaluando alternativas para volver a presentar la solicitud de licencia ambiental. Ahora, la reunión de los mandatarios vuelve a revivir el debate por el proyecto que busca conectar la capital con los municipios de Cundinamarca.
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La reunión se da horas después de la Asamblea de la CAR 2024 en la que Galán y Rey sostuvieron un encuentro con el director de la corporación. En esta, dialogaron sobre puntos importantes como la designación del revisor fiscal de la CAR; la elección del Consejo Directivo Cundinamarca y la elección del Consejo Directivo Boyacá.
#Agenda | El Presidente @petrogustavo y el equipo de gobierno sostuvieron una reunión en la @Casa_Narino con el Alcalde de Bogotá, @CarlosFGalan, y su equipo de Gobierno; también asistió el Gobernador de Cundinamarca, @JorgeEmilioRey, con su delegación y algunos miembros del… pic.twitter.com/wgZpcnYl0W
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 27, 2024
¿Por qué archivaron la licencia?
La Veeduría Regiotram Madrid-Cundinamarca ha argumentado que de la decisión de ANLA responde a insuficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la Empresa Férrea Regional (EFR) que está cargo del proyecto.
Entre otras falencias, alertaron de inadecuaciones en el modelo de almacenamiento geográfico, falta de incorporación de humedales en el estudio, fallas en la modelación de dispersión de contaminantes y ausencia de información de conflicto de uso del suelo serían algunos de los motivos de la decisión.
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