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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó, en segunda instancia, la destitución y sanción por 10 años que la Procuraría impuso contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, por las presuntas irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Chía II.
La decisión se tomó tras un acuerdo de conciliación en el que la Procuraduría indicó que causó un agravio injustificado al exfuncionario. “La entidad realizó una errónea interpretación del Convenio anotado, ya que lo asimiló y estudió como un contrato de obra, desconociendo el texto literal del convenio y la autonomía de las partes”, indica el documento.
Mientras que, por su parte, Franco desistió de buscar indemnización por los daños ocasionados, dado que por la sanción renunció a ser candidato para su reelección como director de la CAR. “La conciliación que se logra por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, al reconocer que en mi caso se cometió un grave error, las actuaciones que fueron erradas no fueron las mías sino las de quienes desde el ente de control disciplinario, emitieron fallos contrarios a derecho”, dijo Franco.
Previamente, en primera instancia, el Juez 9 Administrativo de Bogotá había suspendido la sanción disciplinaria, en respuesta a una tutela que interpuso Franco, luego de que la Procuraduría ratificó la destitución e inhabilidad en diciembre de 2019.
Todo surgió en mayo de 2019, cuando la Procuraduría anunció que sancionaría a Franco por “irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-”, al considerar que actuó en contra del principio de planeación y provocó un incremento en los costos de $62.876 millones en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
El convenio por más de $35 mil millones, suscrito entre la CAR, Emserchía y la alcaldía municipal de Chía, según la Procuraduría “no se encontraba en condiciones de ser ejecutado”, en tanto no tenía los suficientes estudios y los diseños no estaban actualizados, lo que habría provocado retrasos en la ejecución de las obras y, por consiguiente, en el incremento en el valor final de proyecto.
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