“Sale cara su manutención”, dejan en libertad a 13 capturados por hurto en TM

Vuelve y juega. Nuevamente, es noticia que tras la captura en fragancia de delincuentes, realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los jueces del sistema penal tomaron la decisión de dejarlos libres a pesar del su prontuario delictivo.

Lea también: El preocupante panorama de las URI y estaciones de policía en Bogotá.

Así se conoció en la mañana de este miércoles, 9 de noviembre, luego de que una juez de control de garantías no dictara medida preventiva de aseguramiento a los 13 sujetos señalados de asaltar, en la modalidad de cosquilleo, a pasajeros dentro del Sistema de Transporte Público de la capital.

Se trata de siete hombres y seis mujeres, de nacionalidad venezolana, que conforman al parecer una banda dedicada al robo. Estas mismas personas incluso son señaladas de proceder con hurtos violentos dentro de Transmilenio, así lo dio a conocer el mayor Elkin Morales, comandante encargado de la Policía dentro del sistema de transporte:

“Los encontramos materializando hurto a la altura de la calle 19, dentro de la estación. En este lugar también se reportó a una de sus víctimas, quien fue afectada con una lesión con arma de fuego contundente en la cabeza, tras intentar oponerse al robo”, detalló el uniformado, al notificar su aprehensión para que respondieran por los delitos de hurto agravado y lesiones personales.

Cabe señalar que dentro del material probatorio adjuntado por la Fiscalía se incluían grabaciones de las cámaras de las estaciones en donde operaban y en las cuales se evidencia que en su modo delictivo se ponían de acuerdo para formar multitud y robar a los usuarios en medio de empujones.

A pesar de este hecho, y las pruebas presentadas, la juez de control de garantías que recibió el caso consideró que las pruebas no eran contundentes y, adicionalmente, vaticinó en afirmar que “al Estado le sale más cara su manutención”, con este argumento los asaltantes fueron dejados en libertad.

Determinación que dio pie para que nuevamente la alcaldesa Claudia López se pronunciara al respecto, rechazando de manera enfática que estos sujetos vuelvan a las calles:

“13 atracadores fueron capturados por la Policía de Bogotá con armas blancas y de fuego, en flagrancia tras haber robado y herido a las víctimas, con celulares y otras pertenencias robadas en Transmilenio. El Fiscal pidió detención en cárcel. La juez de garantías la negó y los dejó libres”, publicó la mandataria en su cuenta oficial de Twitter.

Luego agregó: “¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán? ¿Qué sale más barato una vida menos?”.

Pronunciamiento con el que concuerda el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto; quien ratificó el cuestionamiento que desde la administración distrital se ha extendido en los últimos días sobre la operatividad de la rama judicial:

“Este es un caso en donde lamentamos que el sistema penal no sea suficientemente eficaz y eficiente. Se les encontraron no solamente las armas con las que cometieron el delito, también los elementos que fueron hurtados, se tenían testimonios de las víctimas y videos que permitieron la rápida reacción de la policía. A pesar de eso el fin de semana una juez de control de garantías tomo una decisión diferente y se encuentran en libertad”, mencionó la cabeza de la cartera.

Esta situación que, al parecer se está volviendo cotidiana, vuelve a retomar la discusión sobre el proceder de los jueces y también el hacinamiento que se vive en las cárceles y los centros de detención temporal en la capital.

Recordemos que, tal como denunció este medio, según la base de datos de la Policía Metropolitana, hasta el 4 de noviembre de 2022 en Bogotá existía un hacinamiento cercano al 256 % de su capacidad y se contaban apenas con 324 funcionarios para su operación.

Nota relacionada: Metro de Bogotá, a comisión accidental y debate de control en el Congreso.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Vuelve y juega. Nuevamente, es noticia que tras la captura en fragancia de delincuentes, realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los jueces del sistema penal tomaron la decisión de dejarlos libres a pesar del su prontuario delictivo.

Lea también: El preocupante panorama de las URI y estaciones de policía en Bogotá.

Así se conoció en la mañana de este miércoles, 9 de noviembre, luego de que una juez de control de garantías no dictara medida preventiva de aseguramiento a los 13 sujetos señalados de asaltar, en la modalidad de cosquilleo, a pasajeros dentro del Sistema de Transporte Público de la capital.

Se trata de siete hombres y seis mujeres, de nacionalidad venezolana, que conforman al parecer una banda dedicada al robo. Estas mismas personas incluso son señaladas de proceder con hurtos violentos dentro de Transmilenio, así lo dio a conocer el mayor Elkin Morales, comandante encargado de la Policía dentro del sistema de transporte:

“Los encontramos materializando hurto a la altura de la calle 19, dentro de la estación. En este lugar también se reportó a una de sus víctimas, quien fue afectada con una lesión con arma de fuego contundente en la cabeza, tras intentar oponerse al robo”, detalló el uniformado, al notificar su aprehensión para que respondieran por los delitos de hurto agravado y lesiones personales.

Cabe señalar que dentro del material probatorio adjuntado por la Fiscalía se incluían grabaciones de las cámaras de las estaciones en donde operaban y en las cuales se evidencia que en su modo delictivo se ponían de acuerdo para formar multitud y robar a los usuarios en medio de empujones.

A pesar de este hecho, y las pruebas presentadas, la juez de control de garantías que recibió el caso consideró que las pruebas no eran contundentes y, adicionalmente, vaticinó en afirmar que “al Estado le sale más cara su manutención”, con este argumento los asaltantes fueron dejados en libertad.

Determinación que dio pie para que nuevamente la alcaldesa Claudia López se pronunciara al respecto, rechazando de manera enfática que estos sujetos vuelvan a las calles:

“13 atracadores fueron capturados por la Policía de Bogotá con armas blancas y de fuego, en flagrancia tras haber robado y herido a las víctimas, con celulares y otras pertenencias robadas en Transmilenio. El Fiscal pidió detención en cárcel. La juez de garantías la negó y los dejó libres”, publicó la mandataria en su cuenta oficial de Twitter.

Luego agregó: “¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán? ¿Qué sale más barato una vida menos?”.

Pronunciamiento con el que concuerda el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto; quien ratificó el cuestionamiento que desde la administración distrital se ha extendido en los últimos días sobre la operatividad de la rama judicial:

“Este es un caso en donde lamentamos que el sistema penal no sea suficientemente eficaz y eficiente. Se les encontraron no solamente las armas con las que cometieron el delito, también los elementos que fueron hurtados, se tenían testimonios de las víctimas y videos que permitieron la rápida reacción de la policía. A pesar de eso el fin de semana una juez de control de garantías tomo una decisión diferente y se encuentran en libertad”, mencionó la cabeza de la cartera.

Esta situación que, al parecer se está volviendo cotidiana, vuelve a retomar la discusión sobre el proceder de los jueces y también el hacinamiento que se vive en las cárceles y los centros de detención temporal en la capital.

Recordemos que, tal como denunció este medio, según la base de datos de la Policía Metropolitana, hasta el 4 de noviembre de 2022 en Bogotá existía un hacinamiento cercano al 256 % de su capacidad y se contaban apenas con 324 funcionarios para su operación.

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