San Victorino pide más seguridad y soluciones para el espacio público

Llegó diciembre, y con la temporada la esperanza de los comerciantes de superar los resultados de 2023 y mejorar las ventas, en especial, porque 2024 ha sido un año difícil. Según Fenalco, solo el 29 % de los negocios alcanzaron o superaron sus metas. El resto fracasaron. Las causas las tienen claras: “Los compradores usan menos sus tarjetas de crédito, pese a la reducción de tasas de interés. Muchos miran con desconfianza el futuro, temen endeudarse y posponen sus compras a crédito”, explica el presidente de la Federación, Jaime Alberto Cabal.

Llegó diciembre, y con la temporada la esperanza de los comerciantes de superar los resultados de 2023 y mejorar las ventas, en especial, porque 2024 ha sido un año difícil. Según Fenalco, solo el 29 % de los negocios alcanzaron o superaron sus metas. El resto fracasaron. Las causas las tienen claras: “Los compradores usan menos sus tarjetas de crédito, pese a la reducción de tasas de interés. Muchos miran con desconfianza el futuro, temen endeudarse y posponen sus compras a crédito”, explica el presidente de la Federación, Jaime Alberto Cabal.

Sin embargo, a lo económico se suma otro factor: la seguridad. Aunque las autoridades señalan que han hecho esfuerzos para mejorar la confianza, la percepción no refleja los resultados. Una encuesta de Fenalco revela que si bien son pocos los que han sido víctimas de algún delito (dos de cada 10) y pocos los que denuncian, el 54 % de los comerciantes dicen sentirse inseguros en la localidad donde trabajan y el 45 % en la localidad donde viven. Cada raponazo, asalto a mano armada o extorsión impacta la percepción.

Trabajar amenazado

Como se puede apreciar, el panorama es complejo y las cifras respaldan la afirmación. Entre enero y septiembre varios delitos de alto impacto experimentaron aumentos significativos. Y uno de los que más toca al comercio fue la extorsión, que creció 73,2 %. Parte de ese incremento se sufrió con fuerza en una de las zonas comerciales más tradicionales de la capital: San Victorino, como lo ratifican comerciantes formales e informales.

Conforme a cifras del CAI de San Victorino, en lo corrido de este año han recibido 10 denuncias por extorsión a comerciantes de grupos organizados que suplantan a otros; han ocurrido 34 homicidios en el sector, y 39 hurtos a comercio, 22 % menos que en 2023. Y es que tiene todo para ser una zona atractiva para los delincuentes: cerca de 40.000 visitantes y 3.500 establecimientos comerciales, de donde derivan su sustento alrededor de 5.000 familias, de las cuales el 55 % son mujeres cabeza de hogar.

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La Asociación de Centros Comerciales de San Victorino (Asosanvictorino) denuncia que son varios los grupos delincuenciales que tienen puestos los ojos en este sector, como lo demuestran con los panfletos que han circulado a nombre del Tren de Aragua o el frente de guerra Flamingo Márquez de los Rastrojos. “La gente tiene miedo a denunciar, porque no hay garantías. En San Victorino hay 30.000 comerciantes, entre formales e informales, y tenemos a 10 o 15 policías diariamente. Hoy celebramos que la Policía y la Alcaldía vayan a reforzar la seguridad en Navidad, pero pedimos que sea permanente”, insta Leidy Betancourt, directora de Asosanvictorino.

Ella se refiere al “Plan Centro”, estrategia que se anunció el 20 de noviembre, justo después de un hecho de violencia en el que un sicario mató a un ciudadano. Según la Policía, el plan apunta a mejorar los tiempos de respuesta con el refuerzo de 310 uniformados y tres drones para patrullar constantemente; la instalación de un CAI móvil en el parque de La Mariposa, y el trabajo de equipos de la Sijín y Gaula para judicialización. “Irá desde el 16 hasta el 26 de diciembre, pero eso no quiere decir que después nos iremos. Vamos a tener unas capacidades un poco reducidas, pero vamos a mantenernos”, contó el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá.

Por su parte, el IPES señaló a El Espectador que sumado a este plan, contemplan un refuerzo operativo en el sector, sumando un PMU permanente y gestores del Distrito para el orden y la sana convivencia ciudadana.

“La estrategia de seguridad para esta época del año estará relacionada con la comunicación permanente entre las autoridades y la ciudadanía, el fortalecimiento de la pedagogía sobre el cuidado del espacio público, la prevención de los delitos y el desarrollo de jornadas de inspección, vigilancia y control en establecimientos abiertos al público. También será clave durante esta temporada del año la recuperación de corredores vehiculares y peatonales y la regulación de puestos de trabajo y se abordará la problemática de habitabilidad en calle y de manejo de residuos sólido”, detallaron.

El uso del espacio público

Pero en San Victorino esa no es la única preocupación. Según Fenalco, durante 2024 allí las ventas se han disminuido 35 %. Para la junta de ación comunal del sector, esto no solo es consecuencia de la inseguridad, sino la desorganización del espacio público, falta de oferta para los vendedores informales y de protección de comerciantes, residentes y visitantes.

“No somos enemigos de los vendedores ambulantes, pero sí del desorden y los daños colaterales en movilidad y seguridad -porque la delincuencia viene comprando espacios-”, dice Juan Armando Estupiñán, gerente general del centro comercial Neos Centro. La afirmación la respalda Leidy Betancourt, al contar que “en el consejo de vendedores ambulantes se ha hablado de crear una ruta de formalización, ya que el mensaje no es sacarlos arbitrariamente”.

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Y en eso están de acuerdo incluso los mismos informales. Ramiro Mayor Muñoz es uno de sus líderes, quien lleva 40 años trabajando en la zona vendiendo ropa para niños y adultos. Él es uno de los 400 carnetizados, de 3.000 informales caracterizados por el IPES, y está de acuerdo en que tienen que organizarse mejor “para que todo el mundo venda bien”. Por eso pide que el IPES y la Alcaldía local de Santa Fe apliquen el manual de convivencia de derechos y deberes de los comerciantes informales, que se creó en 2020, “que habla de canastas para botar la basura y espacios entre vendedores, así como establecer medidas para los puestos”.

Sin embargo, en vez de hacerlo, este año se han realizado varios desalojos que han terminado en protestas y en decisiones judiciales, que amparan su derecho al trabajo, al ser sujetos de especial protección constitucional, advirtiendo que se les deben ofrecer alternativas de reubicación o de trabajo en iguales o mejores condiciones para no afectar su mínimo vital, lo que obliga a la administración a mejorar su plan.

Desde el IPES, indicaron a este diario que durante el 2024 han realizado 6 mesas de trabajo con la participación de 383 vendedores informales, en las que se trataron temas relacionados con deberes y responsabilidades en el espacio público. “Nos comprometimos a fortalecer el trabajo interinstitucional entre las diferentes entidades del Distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá, así como evitar que lleguen nuevos vendedores a la zona, quienes de manera temporal se ubican en el sector y afectan las ventas de los vendedores que habitualmente permanecen en la zona. Por su parte, los vendedores informales se comprometieron a no extender la mercancía, a no vender ni consumir bebidas alcohólicas en el espacio público, a no participar en confrontaciones violentas y a respetar a los gestores del Distrito y a los funcionarios de la Alcaldía Local y demás entidades distritales”.

Por ahora todos, tanto formales como informales, se alistan para la temporada de fin de año. Saben que lo del espacio público pronto no se solucionará, por eso fincan sus esperanzas de tener una temporada segura en el “Plan Centro”, que les permita recuperarse de un difícil 2024 y poder planear con la Alcaldía un 2025 donde todos los males se puedan solucionar.

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