Santa Rosa: urbanización problema

El lunes pasado, Esnéider Franco* llamó afanado a varios medios de comunicación denunciando el desalojo de unas viviendas invadidas por desplazados. Él es uno de ellos, un invasor novato que lleva sólo una semana refugiándose en una casa abandonada en la Ciudadela Santa Rosa, ubicada en la localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá. De llevar más tiempo en la urbanización en ruinas, sabría que la amenaza de desalojo en ese sector es casi una rutina distrital.

Las casas de Santa Rosa no son habitables. La zona está catalogada como de alto riesgo de deslizamiento. La Ciudadela, que hace parte de la primera etapa de la Urbanización Altos del Zipa, fue construida para solucionar la falta de vivienda de población en condiciones de vulnerabilidad. Hoy, es un problema.

Un lío común que afecta a una disímil población: propietarios, arrendatarios, desplazados y reinsertados, problemática que es avivada por la falta de una solución de fondo por parte de la administración distrital y el Gobierno Nacional: mientras sigan estas casas abandonadas, habrá quien, teniendo en cuenta el déficit de vivienda en Bogotá y el número de desplazados que llegan a diario, las ocupen ilegalmente.

¿Serán demolidas las casas? Ninguna entidad del Distrito ha sido capaza de responder esta pregunta. Así que los problemas de salubridad y de orden público seguirán coexistiendo con la necesidad de miles de familias que no tienen donde vivir o que siendo propietarias de sus casas no han recibido una solución de vivienda por parte del Distrito.

El Fondo de Atención y Prevención de Emergencias (Fopae) confirmó a este diario que se está realizando un estudio para establecer las verdaderas condiciones del suelo.

El domingo pasado, llegaron más de 100 nuevas familias afrodescendientes a ocupar ilegalmente las viviendas. Aunque están selladas, quienes llegan en busca de refugio se las ingenian para tumbar ladrillos y tejas para ingresar y tomar posesión de ellas.

Por eso, funcionarios de la Policía y la Alcaldía Menor de San Cristóbal, entidad encargada de custodiar las casas desocupadas por orden del Consejo de Estado, hicieron una nueva jornada de censo de las viviendas ocupadas ilegalmente y ordenaron el desalojo de los nuevos invasores. Se habla de que a algunas familias se les dio un plazo de 48 horas y a otras de 36 para abandonar el lugar. La comunidad está dispuesta a encadenarse y a enfrentarse con la policía. Algunos dicen que son capaces de invadir las casas habitadas por sus propietarios.

La situación es grave. Habitantes de la comunidad le aseguraron a este diario que ese domingo se presentó un enfrentamiento con el Esmad y que resultaron 12 personas heridas y un fallecido. Jairo León, alcalde menor de San Cristóbal, desmiente esa información y asegura que se presentó una riña entre dos personas. También aseguró que hay quienes están pescando en río revuelto, que no son desplazados y que quieren sacar provecho de la situación.

La Policía confirmó la presencia del Esmad en la zona, aclaró que no hubo enfrentamiento entre los uniformados y la comunidad. Fuentes del Fopae explican que ese operativo no está relacionado con una evacuación ordenada por esa entidad por amenaza de derrumbe o deslizamiento y que se debió a un problema de orden público.

Santa Rosa es una urbanización problema que, desde inicios de este siglo, ha generado un desafío a las administraciones de turno. El lío se resume en que durante la administración de Jaime Castro el Departamento Administrativo de Planeación Distrital expidió, en 1992, una resolución que daba vía libre al proyecto de urbanización de la constructora Santa Rosa Ltda. (ya liquidada), sin tener en cuenta que el terreno representaba un alto riesgo de deslizamiento.

En 2001, los habitantes de Santa Rosa entablaron una acción popular por el notable deterioro de sus viviendas. Después de un extenso litigio en el Tribunal de Cundinamarca, el proceso llegó a manos del Consejo de Estado. En 2007, el alto tribunal falló a favor de los propietarios y ordenó indemnizar a 319 familias con $45 millones cada una por los daños causados. La factura por todos los daños fue de $19.000 millones. Además, se ordenó reparar integralmente a las víctimas, brindándoles seguridad y un nuevo hogar.

Sin embargo, la solución creó un problema más: 680 propietarios quedaron por fuera de la orden del Consejo de Estado. Álvaro Ramírez*, propietario de una de las viviendas, asegura que no ha recibido un peso por indemnización y que su casa no está en la lista de pago. “Me tocó conseguir un abogado, pues no estaba en el grupo de la acción popular. El pleito ha durado varios años, por fin salió a mi favor y esta es la hora que no he recibido un solo peso. No me he ido porque no tengo para dónde irme. Ahora, los policías y funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal me acusan de ayudar a la familia que invadió la casa de al lado”. Ramírez se pregunta qué culpa tiene él: “¿Qué hago? Esa familia tienen hambre y no tiene donde vivir. No soy yo quien debe decidir si ocupan o no esta casa en vista de que el Distrito tampoco les da una solución”.

Sin embargo, no todos los propietarios de las viviendas piensan igual que Ramírez. Hay quienes aseguran que los invasores son expropietarios a quienes el Distrito ya les compró sus casas y que regresaron a pescar en río revuelto. Otros dueños discriminan a los desplazados por ser afrodescendientes, aseguran que convivir con esa colonia ha aumentado los problemas de seguridad en el barrio.

Si este es el dilema de los propietarios, la situación que viven los desplazados que llegaron a ocupar ilegalmente esas viviendas es aún más compleja: algunos son discriminados por su color y otros son tildados de delincuentes.

En el caso de Esnéider Franco, ha contado con la suerte de tener un propietario aliado, quien le cuida las colchonetas y la poca ropa que tiene para que no sean decomisados por la policía. Franco llegó hace una semana a Santa Rosa, pues el límite de 15 días que lo podían mantener a él y a su familia en un albergue terminaron. Está ocupando un apartamento “esquinero”. Tumbó algunos ladrillos y su esposa y sus tres niñas apenas caben por esta improvisada puerta.

En estos días, Franco no ha podido ir a Centro Abastos a ‘voltear’ y a revender fruta, pues teme que cuando vuelva por la noche a su casa no encuentre a su familia o que algún policía los maltrate. Por ahora, son pocas las soluciones para Franco. Dice que se quedará así sea “atornillado” a las paredes del apartamento que invadió. Su voz no es escuchada, dice que por ser negro. El caso es que su plegaria, al parecer, sólo retumba entre los ladrillos y el piso agrietado de la que considera puede ser su casa y por la que está dispuesto a pagar en cuotas mensuales.

“Ocupada”. A falta de una nomenclatura oficial, eso es lo que se lee en la mayoría de casas de la Ciudadela Santa Rosa. Una palabra convertida en código para quienes llegan a ese sector del sur de Bogotá en busca de refugio. Franco ya pintó la suya.

*Los nombres han sido modificados por seguridad de las fuentes.

El lunes pasado, Esnéider Franco* llamó afanado a varios medios de comunicación denunciando el desalojo de unas viviendas invadidas por desplazados. Él es uno de ellos, un invasor novato que lleva sólo una semana refugiándose en una casa abandonada en la Ciudadela Santa Rosa, ubicada en la localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá. De llevar más tiempo en la urbanización en ruinas, sabría que la amenaza de desalojo en ese sector es casi una rutina distrital.

Las casas de Santa Rosa no son habitables. La zona está catalogada como de alto riesgo de deslizamiento. La Ciudadela, que hace parte de la primera etapa de la Urbanización Altos del Zipa, fue construida para solucionar la falta de vivienda de población en condiciones de vulnerabilidad. Hoy, es un problema.

Un lío común que afecta a una disímil población: propietarios, arrendatarios, desplazados y reinsertados, problemática que es avivada por la falta de una solución de fondo por parte de la administración distrital y el Gobierno Nacional: mientras sigan estas casas abandonadas, habrá quien, teniendo en cuenta el déficit de vivienda en Bogotá y el número de desplazados que llegan a diario, las ocupen ilegalmente.

¿Serán demolidas las casas? Ninguna entidad del Distrito ha sido capaza de responder esta pregunta. Así que los problemas de salubridad y de orden público seguirán coexistiendo con la necesidad de miles de familias que no tienen donde vivir o que siendo propietarias de sus casas no han recibido una solución de vivienda por parte del Distrito.

El Fondo de Atención y Prevención de Emergencias (Fopae) confirmó a este diario que se está realizando un estudio para establecer las verdaderas condiciones del suelo.

El domingo pasado, llegaron más de 100 nuevas familias afrodescendientes a ocupar ilegalmente las viviendas. Aunque están selladas, quienes llegan en busca de refugio se las ingenian para tumbar ladrillos y tejas para ingresar y tomar posesión de ellas.

Por eso, funcionarios de la Policía y la Alcaldía Menor de San Cristóbal, entidad encargada de custodiar las casas desocupadas por orden del Consejo de Estado, hicieron una nueva jornada de censo de las viviendas ocupadas ilegalmente y ordenaron el desalojo de los nuevos invasores. Se habla de que a algunas familias se les dio un plazo de 48 horas y a otras de 36 para abandonar el lugar. La comunidad está dispuesta a encadenarse y a enfrentarse con la policía. Algunos dicen que son capaces de invadir las casas habitadas por sus propietarios.

La situación es grave. Habitantes de la comunidad le aseguraron a este diario que ese domingo se presentó un enfrentamiento con el Esmad y que resultaron 12 personas heridas y un fallecido. Jairo León, alcalde menor de San Cristóbal, desmiente esa información y asegura que se presentó una riña entre dos personas. También aseguró que hay quienes están pescando en río revuelto, que no son desplazados y que quieren sacar provecho de la situación.

La Policía confirmó la presencia del Esmad en la zona, aclaró que no hubo enfrentamiento entre los uniformados y la comunidad. Fuentes del Fopae explican que ese operativo no está relacionado con una evacuación ordenada por esa entidad por amenaza de derrumbe o deslizamiento y que se debió a un problema de orden público.

Santa Rosa es una urbanización problema que, desde inicios de este siglo, ha generado un desafío a las administraciones de turno. El lío se resume en que durante la administración de Jaime Castro el Departamento Administrativo de Planeación Distrital expidió, en 1992, una resolución que daba vía libre al proyecto de urbanización de la constructora Santa Rosa Ltda. (ya liquidada), sin tener en cuenta que el terreno representaba un alto riesgo de deslizamiento.

En 2001, los habitantes de Santa Rosa entablaron una acción popular por el notable deterioro de sus viviendas. Después de un extenso litigio en el Tribunal de Cundinamarca, el proceso llegó a manos del Consejo de Estado. En 2007, el alto tribunal falló a favor de los propietarios y ordenó indemnizar a 319 familias con $45 millones cada una por los daños causados. La factura por todos los daños fue de $19.000 millones. Además, se ordenó reparar integralmente a las víctimas, brindándoles seguridad y un nuevo hogar.

Sin embargo, la solución creó un problema más: 680 propietarios quedaron por fuera de la orden del Consejo de Estado. Álvaro Ramírez*, propietario de una de las viviendas, asegura que no ha recibido un peso por indemnización y que su casa no está en la lista de pago. “Me tocó conseguir un abogado, pues no estaba en el grupo de la acción popular. El pleito ha durado varios años, por fin salió a mi favor y esta es la hora que no he recibido un solo peso. No me he ido porque no tengo para dónde irme. Ahora, los policías y funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal me acusan de ayudar a la familia que invadió la casa de al lado”. Ramírez se pregunta qué culpa tiene él: “¿Qué hago? Esa familia tienen hambre y no tiene donde vivir. No soy yo quien debe decidir si ocupan o no esta casa en vista de que el Distrito tampoco les da una solución”.

Sin embargo, no todos los propietarios de las viviendas piensan igual que Ramírez. Hay quienes aseguran que los invasores son expropietarios a quienes el Distrito ya les compró sus casas y que regresaron a pescar en río revuelto. Otros dueños discriminan a los desplazados por ser afrodescendientes, aseguran que convivir con esa colonia ha aumentado los problemas de seguridad en el barrio.

Si este es el dilema de los propietarios, la situación que viven los desplazados que llegaron a ocupar ilegalmente esas viviendas es aún más compleja: algunos son discriminados por su color y otros son tildados de delincuentes.

En el caso de Esnéider Franco, ha contado con la suerte de tener un propietario aliado, quien le cuida las colchonetas y la poca ropa que tiene para que no sean decomisados por la policía. Franco llegó hace una semana a Santa Rosa, pues el límite de 15 días que lo podían mantener a él y a su familia en un albergue terminaron. Está ocupando un apartamento “esquinero”. Tumbó algunos ladrillos y su esposa y sus tres niñas apenas caben por esta improvisada puerta.

En estos días, Franco no ha podido ir a Centro Abastos a ‘voltear’ y a revender fruta, pues teme que cuando vuelva por la noche a su casa no encuentre a su familia o que algún policía los maltrate. Por ahora, son pocas las soluciones para Franco. Dice que se quedará así sea “atornillado” a las paredes del apartamento que invadió. Su voz no es escuchada, dice que por ser negro. El caso es que su plegaria, al parecer, sólo retumba entre los ladrillos y el piso agrietado de la que considera puede ser su casa y por la que está dispuesto a pagar en cuotas mensuales.

“Ocupada”. A falta de una nomenclatura oficial, eso es lo que se lee en la mayoría de casas de la Ciudadela Santa Rosa. Una palabra convertida en código para quienes llegan a ese sector del sur de Bogotá en busca de refugio. Franco ya pintó la suya.

*Los nombres han sido modificados por seguridad de las fuentes.