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Ad portas de cumplirse 10 años del asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra (tenía 16 el día de su muerte), el Tribunal Superior de Bogotá no solo ratificó que se trató de un homicidio injustificado, sino que confirmó en segunda instancia la condena a 37 años y seis meses de prisión contra el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, que fue el que disparó contra el joven, la noche del 19 de agosto del 2011, y quien posteriormente participó, junto a altos mandos de la Policía Metropolitana de Bogotá, en todo un montaje para tratar de encubrir su crimen.
Aunque la decisión evita la impunidad, el anuncio es agridulce para la familia Becerra pues, si bien se hizo justicia, el responsable del crimen sigue libre y prófugo de la justicia desde el 16 de agosto de 2016, cuando el juez 47 de garantías le otorgó el beneficio de libertad condicional. Desde entonces nada se sabe de su paradero, situación que lleva a la familia de la víctima a pedir a las autoridades aceleren su búisqueda y lo lleven a prisión.
“Es una noticia que estábamos esperando hace cinco años, desde que se dio la condena de primera instancia y para nosotros es gratificante, porque con esto podemos exigirle a la Policía y la Fiscalía que busquen a Wílmer Alarcón. No se ha hecho nada para buscarlo. Una de las excusas de la Policía fue que no se había ratificado el fallo de la primera instancia”, indicó a El Espectador Gustavo Trejos, padre del joven.
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La familia quiere que la Policía ofrezca una recompensa por información del patrullero, pues tienen la esperanza de que de esta manera se logre su captura. “Ellos colocan recompensas por delitos menores. En este caso se trata del asesinato de un menor de edad, por parte de un miembro de la Policía Nacional”, dijo Trejos.
El homicidio de Diego Felipe Becerra ocurrió cerca al puente de la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. En un inicio la versión de la Policía fue que el patrullero Alarcón había actuado en defensa propia, pues aseguraba que el joven había asaltado una buseta de servicio público y se encontraba armado.
Sin embargo, el montaje se vino abajo después de que Medicina Legal revelara que Becerra no había manipulado un arma de fuego el día de su muerte. Desde allí comenzó la lucha de su familia por limpiar su nombre y tener justia. Este caso fue considerado por la Corte Constitucional como un “falso positivo de la Policía”.
