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Cerca de cumplirse dos meses del asentamiento de indígenas embera en el Parque Nacional, la Policía para Asuntos Prioritarios AP23 ordenó un desalojo forzoso para el lunes 22 de noviembre que fue aplazado debido a una carta enviada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá a la alcaldesa Claudia López y al comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Eliécer Camacho.
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Allí, los entes de control señalan que se deben defender los derechos de los indígenas que están ocupando el parque y se insta al Distrito a agotar los mecanismos de diálogo y concertación. Así mismo, hicieron un llamado a identificar las necesidades de población mediante “la concreción de su reubicación temporal en albergues en condiciones de vivienda digna desde la aplicación del enfoque diferencial étnico indígena y los avances en la implementación del Plan de Retorno o Reubicación en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad“.
Ante la misiva, la Secretaría de Gobierno ordenó reprogramar el desalojo de las comunidades indígenas de ese lugar para el 24 de noviembre y había convocado una reunión urgente para este lunes con los entes de control para dar respuesta a los requerimientos mencionados en la carta. Sin embargo, El Espectador conoció que esta reunión no se llevó a cabo, lo cual genera un escenario de incertidumbre, pues la reprogramación de desalojo quedó para el miércoles.
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Desde el pasado 29 de septiembre centenares de familias indígenas se asentaron en el Parque Nacional luego de que se terminara la entrega de subsidios por parte del Gobierno Nacional y la administración distrital. Desde entonces, mujeres embarazadas y lactantes, niños, ancianos y víctimas del conflicto armado pertenecientes a comunidades indígenas han vivido en cambuches improvisados a la intemperie, en donde han sufrido los azotes de las fuertes lluvias en la capital.
