“Hubo fallas en URI ante denuncia de menor abusada en TM”: Secretaría de la Mujer
De acuerdo con esta cartera, y con abogados consultados por este medio, sí se incurrió en la revictimización debido a tramitología burocrática para radicar la denuncia.
Cristian Camilo Perico Mariño
En el transcurso de este miércoles, 2 de noviembre, se conoció un nuevo caso de abuso al que fue sometida una mujer en la capital. En esta ocasión se involucra a una menor de 17 años, quien fue abusada sexualmente dentro de una estación de Transmilenio.
Lea también: “Es una condena social por salir a protestar”: abogada de Sergio Pastor, alias 19.
La denuncia pública la hizo Hilary Castro, la víctima, en sus redes sociales. En un video de 4 minutos con 45 segundos esta joven compartió, en su cuenta de Instagram, que en la noche del pasado 31 de octubre un hombre la siguió hasta la estación La Castellana, sobre la Avenida NQS con calle 86, en la localidad de Barrios Unidos.
De acuerdo con su relato, se bajó de la ruta B12 en la estación mencionada y se percató de que un hombre se bajó detrás de ella y empezó a actuar de manera sospechosa.
“El señor miraba para todos los lados y vi que sacó algo de la maleta. Llegó detrás de mí y me amenazó con un cuchillo, me dice que le entregue todo, yo se lo doy y aun así me sigue amenazando y me dice cosas obscenas: me dice que quiere coger”, narra la joven en la denuncia compartida en la cual también afirma que no había presencia de la Policía ni vigilantes: “la estación estaba completamente vacía”.
Agrega: “Me cogió de la mano y me sacó de la estación. Me llevó detrás y procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada. Me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.
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Este hecho ha conmocionado a cientos de usuarios en redes sociales, quienes han compartido la publicación para hacer presión mediática y lograr que el caso no quede en la impunidad.
Esto debido a que, de acuerdo con Hilary, acudió en compañía de su madre a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda para poner la denuncia formal.
Sin embargo, en el lugar le indicaron que atendían exclusivamente casos de mayores de edad y la remitieron a una URI de menores ubicada en el CDA de la Carrera 30, en donde la enviaron de vuelta al primer sitio.
“Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas. Lo único que me queda por hacer es volver a la URI a ver si me reciben la denuncia”, finalizó diciendo Hilary en el video compartido.
Frente a esto, la Secretaría Distrital de la Mujer ya se pronunció rechazando el caso y enfatizando en que los hechos ocurridos debieron ser tratados como un acto urgente desde el primer momento en el que se conoció el caso en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, en tanto la joven manifestó que fue obligada a participar en una interacción sexual mediante el uso de fuerza, y la intimidación anulando su voluntad.
“En la vigilancia al ingreso, la recepción de la denuncia, el equipo de la Fiscalía y Policía Judicial en la URI de Puente Aranda (donde se inició la ruta de denuncia) han recibido información, sensibilización y formación en derechos de las mujeres. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. Lo que vivió la joven menor de edad, evidencia que aún tenemos que seguir fortaleciendo la respuesta a las violencias”, compartieron en un comunicado oficial.
Aspecto en el que concuerda el abogado penalista Juan José Castro, magíster en Derecho Procesal Penal, quien resalta además que las mujeres y los menores de edad son sujetos de protección especial en la ley y la Constitución:
“Por mandato legal y por interpretación constitucional no deberían existir estas trabas burocráticas cuando una mujer menor de edad está poniendo en conocimiento un escenario de violencia sexual. Todos los centros de la Fiscalía están instruidos para recibir cualquier denuncia que se haga, no existen limitantes legales para no hacerlo. Incluso, al ser una menor tienen que darle mayor importancia e imprimirle un trámite especial”, señala el abogado.
Por su parte desde Transmilenio S.A. señalaron que “lamentamos profundamente lo ocurrido y rechazamos enfáticamente cualquier conducta que genere lesiones a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres dentro o fuera del sistema”.
Asimismo que “se iniciaron las investigaciones internas a fin de recabar información para aportar a las autoridades competentes en el marco de la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido”.
Es importante mencionar que si bien el victimario no ha sido identificado, la denuncia se podrá instaurar bajo la figura de ´persona indeterminada´ mientras avanza el proceso de investigación para identificar y dar con el paradero del sujeto.
De acuerdo con abogados consultados por la sección Bogotá de El Espectador, el abusador tendrá que responder por acceso carnal violento, delito que en el Código Penal conlleva una condena de 12 a 20 años.
No obstante, en este caso se tendría un agravante al tratarse de una menor de edad. Dicho esto, la pena en centro carcelario podría oscilar entre los 40 y 50 años, según lo modificado en el artículo 211 de la ley 2098 de 2021.
Nota relacionada: La disyuntiva que plantea la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
En el transcurso de este miércoles, 2 de noviembre, se conoció un nuevo caso de abuso al que fue sometida una mujer en la capital. En esta ocasión se involucra a una menor de 17 años, quien fue abusada sexualmente dentro de una estación de Transmilenio.
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La denuncia pública la hizo Hilary Castro, la víctima, en sus redes sociales. En un video de 4 minutos con 45 segundos esta joven compartió, en su cuenta de Instagram, que en la noche del pasado 31 de octubre un hombre la siguió hasta la estación La Castellana, sobre la Avenida NQS con calle 86, en la localidad de Barrios Unidos.
De acuerdo con su relato, se bajó de la ruta B12 en la estación mencionada y se percató de que un hombre se bajó detrás de ella y empezó a actuar de manera sospechosa.
“El señor miraba para todos los lados y vi que sacó algo de la maleta. Llegó detrás de mí y me amenazó con un cuchillo, me dice que le entregue todo, yo se lo doy y aun así me sigue amenazando y me dice cosas obscenas: me dice que quiere coger”, narra la joven en la denuncia compartida en la cual también afirma que no había presencia de la Policía ni vigilantes: “la estación estaba completamente vacía”.
Agrega: “Me cogió de la mano y me sacó de la estación. Me llevó detrás y procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada. Me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.
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Esto debido a que, de acuerdo con Hilary, acudió en compañía de su madre a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda para poner la denuncia formal.
Sin embargo, en el lugar le indicaron que atendían exclusivamente casos de mayores de edad y la remitieron a una URI de menores ubicada en el CDA de la Carrera 30, en donde la enviaron de vuelta al primer sitio.
“Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas. Lo único que me queda por hacer es volver a la URI a ver si me reciben la denuncia”, finalizó diciendo Hilary en el video compartido.
Frente a esto, la Secretaría Distrital de la Mujer ya se pronunció rechazando el caso y enfatizando en que los hechos ocurridos debieron ser tratados como un acto urgente desde el primer momento en el que se conoció el caso en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, en tanto la joven manifestó que fue obligada a participar en una interacción sexual mediante el uso de fuerza, y la intimidación anulando su voluntad.
“En la vigilancia al ingreso, la recepción de la denuncia, el equipo de la Fiscalía y Policía Judicial en la URI de Puente Aranda (donde se inició la ruta de denuncia) han recibido información, sensibilización y formación en derechos de las mujeres. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. Lo que vivió la joven menor de edad, evidencia que aún tenemos que seguir fortaleciendo la respuesta a las violencias”, compartieron en un comunicado oficial.
Aspecto en el que concuerda el abogado penalista Juan José Castro, magíster en Derecho Procesal Penal, quien resalta además que las mujeres y los menores de edad son sujetos de protección especial en la ley y la Constitución:
“Por mandato legal y por interpretación constitucional no deberían existir estas trabas burocráticas cuando una mujer menor de edad está poniendo en conocimiento un escenario de violencia sexual. Todos los centros de la Fiscalía están instruidos para recibir cualquier denuncia que se haga, no existen limitantes legales para no hacerlo. Incluso, al ser una menor tienen que darle mayor importancia e imprimirle un trámite especial”, señala el abogado.
Por su parte desde Transmilenio S.A. señalaron que “lamentamos profundamente lo ocurrido y rechazamos enfáticamente cualquier conducta que genere lesiones a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres dentro o fuera del sistema”.
Asimismo que “se iniciaron las investigaciones internas a fin de recabar información para aportar a las autoridades competentes en el marco de la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido”.
Es importante mencionar que si bien el victimario no ha sido identificado, la denuncia se podrá instaurar bajo la figura de ´persona indeterminada´ mientras avanza el proceso de investigación para identificar y dar con el paradero del sujeto.
De acuerdo con abogados consultados por la sección Bogotá de El Espectador, el abusador tendrá que responder por acceso carnal violento, delito que en el Código Penal conlleva una condena de 12 a 20 años.
No obstante, en este caso se tendría un agravante al tratarse de una menor de edad. Dicho esto, la pena en centro carcelario podría oscilar entre los 40 y 50 años, según lo modificado en el artículo 211 de la ley 2098 de 2021.
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