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Este lunes 7 de agosto, con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el gobierno de Gustavo Petro presentó su primera rendición de cuentas ante del país de lo que ha sido su primer año de administración. Entre los desafíos que enfrenta su gabinete, está la situación de inseguridad en el país, en particular en Bogotá, en lo que ha sido un año crítico en materia de registro de delitos.
Un reciente informe de la Fundación Paz y la Reconciliación (Pares), indica que durante el primer año de gobierno se han presentado aumentos en los homicidios, secuestros y hurtos a personas. En contraste, en una reducción generalizada en el país, las amenazas en la capital han disminuido un 63,6%.
Vale aclarar que la mayoría del análisis de las cifras del informe se centra en la comparación los primeros semestres de 2022 y 2023, es decir, en los últimos seis meses. Así, el reporte asegura centrarse en la efectividad y los efectos de las políticas de seguridad del actual gobierno del país.
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“Los detonantes de inseguridad en la ciudad responden no solo a las dinámicas de las estructuras criminales, sino también a la gestión de la administración que, para el caso bogotano, ha enfrentado diversos retos de legitimidad o gestión durante todo su gobierno: las relaciones ambivalentes de la alcaldesa con la fuerza pública, la no priorización de la ciudad como escenario de la Paz Urbana a pesar del auge de estructuras criminales y los fuertes choques con el presidente de la República hacen parte de la lista de asuntos pendientes por resolver para orientar la ciudad hacia un mejor”, analiza el informe de Pares.
Para el caso de los homicidios, tal como lo reporta la Fiscalía General de la Nación, con 531 casos reportados, este delito ha aumentado, dando cuenta de un aumento de 10,9% de casos en el primer semestre de 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, en ciudades como Medellín y Buenaventura, en la que se registran negociaciones con grupos criminales, se han reportado una disminución del 13,9% y 18,9%, respectivamente.
Por otra parte, la disminución de las amenazas en la capital del país, según el informe, parece responder a un subregistro de este tipo de delitos, el cambio de la política de seguridad del actual gobierno que frenó el reacomdamiento de grupos armados organizados (Gao) y el hecho de que a las estructuras criminales” ya no les interesa el control de los medios de vida de la población, sino el control de las rentas ilícitas, por tanto, la amenaza puede ser un delito no tan atractivo, sino más bien el secuestro y la extorsión”.
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En ese sentido, el aumento estos últimos dos delitos estaría relacionado con el financiamiento de estructuras criminales que han aumentado su actividad en las zonas urbanas. Finalmente, el reporte pide hacer seguimiento a algunos de los efectos de la política nacional, en particular en las ciudades del país.
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