¿Qué está fallando en la política de seguridad de Bogotá?

Mientras esperaban el transporte, tres delincuentes atacaron a una pareja de jóvenes con armas traumáticas, en medio de un atraco. El caso ocurrió en el suroccidente de Bogotá, pero bien podría haberse presentado en cualquier otro sector de la capital, pues la inseguridad es un temor que enfrentan los ciudadanos en todas las localidades. Al menos así lo evidenció la última encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual revela que el índice de percepción de inseguridad en 2021 llegó al 88 %.

Las heridas que sufrió una de las víctimas del reciente atraco no revistieron mayor gravedad, pero sí despertaron en la comunidad cierta zozobra. De los agresores se sabe que eran tres hombres y se movilizaban en bicicleta, motivo por el que los afectados cuestionaron las últimas medidas del Distrito, que restringe en determinados días y franjas horarias el tránsito de motociclistas con parrillero hombre, o la estadía de personas en parques públicos después de la 10:00 p.m. ¿Realmente la criminalidad solo opera en motocicleta?, se preguntan.

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La inseguridad es una noticia de todos los días. Otro caso que cuestiona las políticas de seguridad de Bogotá es el de Johan Enrique Poveda Sierra (veinte años), quien fue asesinado el pasado viernes mientras salía de su casa en el sur de Bogotá, camino a su trabajo, como conductor del SITP. Su caso refleja la violencia extrema con la que últimamente están actuando algunas bandas en medio de los asaltos. Este panorama ha generado duros cuestionamientos, no solo contra las recientes medidas de la administración de Claudia López, sino contra las últimas administraciones, que no han podido consolidar una estrategia que blinde a la ciudad.

Y eso se ve reflejado en las cifras. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, el homicidio y el hurto fueron los indicadores que marcaron tendencia el año pasado. Además, estos datos revelaron que, en total, Bogotá se rajó en diez de los 16 delitos de alto impacto sobre los que se mide la seguridad. Algunos de los afectados coinciden en que “todos [los alcaldes] llegan con propuestas, pero cuando pasa algo sacan una excusa y toman medidas que no se ven reflejadas en la seguridad”.

Las estadísticas indican que el año pasado el homicidio aumentó 10 %, con respecto al 2020, registrando 1.142 casos. En el caso del hurto a personas, la cantidad de denuncias creció 30,9 %, llegando a casi 26.000. Otros delitos como extorsión, homicidio en atraco, hurto de automotores, celulares y motocicletas, lesiones en atracos y lesiones personales también aumentaron de manera considerable respecto al año de la pandemia.

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Pese a que hay quienes dicen que no se pueden comparar las cifras con el atípico 2020, precisamente eso podría explicar el índice de rebote en la criminalidad. Pero cuando los indicadores de 2021 se comparan con los del 2019, los resultados tampoco son los mejores, pues siete de los 16 delitos de alto impacto, los que más tocan a la ciudadanía, también se incrementaron. Estos son extorsión, homicidio, hurto a automotores, bicicletas y motocicletas, lesiones en atracos y lesiones personales.

La aparente facilidad con la que opera la delincuencia (como lo demuestran los casos y los datos) mezclada con los casos de abuso de autoridad (tendencia en momentos como el paro nacional) ha provocado una fractura en la confianza con la institucionalidad, sobre todo con la Policía. O por lo menos así se evidenció en la misma encuesta de la Cámara de Comercio, en donde el 48 % de los participantes respondieron que les parecía pésimo el servicio de la Policía, mientras que el 30 % dijo que era bueno y el 20 % restante lo catalogó de regular.

La gran conclusión que dejan los datos es que la capital tiene un preocupante retroceso en materia de seguridad, que parece sembrar un nuevo hito cada que culmina un año. Esto deja a la vista otra inquietud entre la ciudadanía y los analistas: ¿qué ha estado fallando en la política de seguridad de Bogotá para que aumente la percepción?

Estrategias cuestionables

Cada vez que un nuevo hecho de criminalidad ocupa las primeras planas de los medios de comunicación, desde el Distrito parecen tomar decisiones bajo presión. Es común ver anuncios como “Bogotá incrementará su pie de fuerza”, “restricción de parrillero para domiciliarios o motociclistas”, “ley seca”, “toque de queda” y hasta “millonaria recompensa por la captura de...”, entre otros. Así las cosas, desde varios sectores se han puesto en tela de juicio las decisiones, que parecen convertirse en pequeños ajustes que tienen la intención de mejorar la maquinaria de seguridad, pero terminan siendo remiendos momentáneos.

Respecto a la más reciente medida, que prohíbe la circulación de parrillero hombre los jueves, viernes y sábados, entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m. (similar a la que toman cada vez que hay un atentado o hecho de inseguridad), las cifras demostrarían su deficiencia. Por ejemplo, según datos de la Policía Metropolitana, en el caso de los 5.753 homicidios registrados entre 2018 y 2021, en 5.509 el asesino iba a pie; en 134, era conductor (40) o pasajero (94) de una moto, y en 110 iba en otro vehículo. Algo similar ocurre con el atraco a personas, pues las denuncias de los últimos diez años, cerca de 640.00, dejan ver que en uno de cada diez el ladrón iba en moto.

Otra de las directrices que se ordenaron como respuesta al atentado terrorista en Ciudad Bolívar, que cobró la vida de dos menores de edad y dejó 35 heridos, fue la creación del Comando Contra el Atraco. Este lo conformarán “357 hombres y mujeres de la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial y uniformados que vigilan el sistema Transmilenio”, anunció la alcaldesa Claudia López.

Este modelo operará en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Barrios Unidos y Suba. Si ya tienen identificadas las zonas de mayor impacto de la delincuencia, ¿por qué hasta ahora se direccionan los operativos en esos puntos críticos? Es otra de las dudas que surgen tras la propuesta del Distrito.

Sumada a estos cuestionamientos está la reciente denuncia hecha por la Personería de Bogotá, que indica que ninguna de las 28.017 cámaras que están instaladas en los buses de Transmilenio estarían conectadas con el Centro de Gestión de Sistema. Además, solo unas 25 estarían siendo vigiladas y monitoreadas desde el C4.

¿Qué hacer para ajustar el rumbo?

De seguridad se habla cada vez que la criminalidad ataca. Hay estudios, indicadores y cualquier tipo de medición y todo concluye en que pareciera que este fenómeno se hubiera salido de las manos. Pero con el pasar del tiempo, lo que sí está demostrado es que la delincuencia ha ido escalando. La hipótesis la respalda la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que cuenta que se conformó un corredor al occidente de la capital, que permite la operación de bandas de crimen organizado que trafican estupefacientes.

Con estas denuncias también han llegado versiones de instrumentalización de población en condición de vulnerabilidad y, como es bien sabido, de población migrante, tema que desde El Espectador se ha venido denunciando con los episodios ocurridos en la localidad de Kennedy. Allí, al parecer, por el dominio de líneas de microtráfico, existe una retaliación entre dos organizaciones delictivas, una de ellas conformada por ciudadanos extranjeros.

A pesar de que existen las denuncias, la indignación está latente y se ha pensado en una que otra propuesta para hacerle frente a la delincuencia. La ciudadanía insiste en que se debe dar el paso y así empezar a materializar las iniciativas que permitan ver resultados contundentes. Se piden capturas de cabecillas, operativos que permitan mejorar la percepción de seguridad y, sobre todo, reforzar la idea de que podremos salir con la plena tranquilidad de que volveremos tranquilos, seguros y con vida a casa.

Mientras esperaban el transporte, tres delincuentes atacaron a una pareja de jóvenes con armas traumáticas, en medio de un atraco. El caso ocurrió en el suroccidente de Bogotá, pero bien podría haberse presentado en cualquier otro sector de la capital, pues la inseguridad es un temor que enfrentan los ciudadanos en todas las localidades. Al menos así lo evidenció la última encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual revela que el índice de percepción de inseguridad en 2021 llegó al 88 %.

Las heridas que sufrió una de las víctimas del reciente atraco no revistieron mayor gravedad, pero sí despertaron en la comunidad cierta zozobra. De los agresores se sabe que eran tres hombres y se movilizaban en bicicleta, motivo por el que los afectados cuestionaron las últimas medidas del Distrito, que restringe en determinados días y franjas horarias el tránsito de motociclistas con parrillero hombre, o la estadía de personas en parques públicos después de la 10:00 p.m. ¿Realmente la criminalidad solo opera en motocicleta?, se preguntan.

LEA: Veeduría Distrital valorará impacto de la medida que prohíbe el parrillero hombre

La inseguridad es una noticia de todos los días. Otro caso que cuestiona las políticas de seguridad de Bogotá es el de Johan Enrique Poveda Sierra (veinte años), quien fue asesinado el pasado viernes mientras salía de su casa en el sur de Bogotá, camino a su trabajo, como conductor del SITP. Su caso refleja la violencia extrema con la que últimamente están actuando algunas bandas en medio de los asaltos. Este panorama ha generado duros cuestionamientos, no solo contra las recientes medidas de la administración de Claudia López, sino contra las últimas administraciones, que no han podido consolidar una estrategia que blinde a la ciudad.

Y eso se ve reflejado en las cifras. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, el homicidio y el hurto fueron los indicadores que marcaron tendencia el año pasado. Además, estos datos revelaron que, en total, Bogotá se rajó en diez de los 16 delitos de alto impacto sobre los que se mide la seguridad. Algunos de los afectados coinciden en que “todos [los alcaldes] llegan con propuestas, pero cuando pasa algo sacan una excusa y toman medidas que no se ven reflejadas en la seguridad”.

Las estadísticas indican que el año pasado el homicidio aumentó 10 %, con respecto al 2020, registrando 1.142 casos. En el caso del hurto a personas, la cantidad de denuncias creció 30,9 %, llegando a casi 26.000. Otros delitos como extorsión, homicidio en atraco, hurto de automotores, celulares y motocicletas, lesiones en atracos y lesiones personales también aumentaron de manera considerable respecto al año de la pandemia.

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Pese a que hay quienes dicen que no se pueden comparar las cifras con el atípico 2020, precisamente eso podría explicar el índice de rebote en la criminalidad. Pero cuando los indicadores de 2021 se comparan con los del 2019, los resultados tampoco son los mejores, pues siete de los 16 delitos de alto impacto, los que más tocan a la ciudadanía, también se incrementaron. Estos son extorsión, homicidio, hurto a automotores, bicicletas y motocicletas, lesiones en atracos y lesiones personales.

La aparente facilidad con la que opera la delincuencia (como lo demuestran los casos y los datos) mezclada con los casos de abuso de autoridad (tendencia en momentos como el paro nacional) ha provocado una fractura en la confianza con la institucionalidad, sobre todo con la Policía. O por lo menos así se evidenció en la misma encuesta de la Cámara de Comercio, en donde el 48 % de los participantes respondieron que les parecía pésimo el servicio de la Policía, mientras que el 30 % dijo que era bueno y el 20 % restante lo catalogó de regular.

La gran conclusión que dejan los datos es que la capital tiene un preocupante retroceso en materia de seguridad, que parece sembrar un nuevo hito cada que culmina un año. Esto deja a la vista otra inquietud entre la ciudadanía y los analistas: ¿qué ha estado fallando en la política de seguridad de Bogotá para que aumente la percepción?

Estrategias cuestionables

Cada vez que un nuevo hecho de criminalidad ocupa las primeras planas de los medios de comunicación, desde el Distrito parecen tomar decisiones bajo presión. Es común ver anuncios como “Bogotá incrementará su pie de fuerza”, “restricción de parrillero para domiciliarios o motociclistas”, “ley seca”, “toque de queda” y hasta “millonaria recompensa por la captura de...”, entre otros. Así las cosas, desde varios sectores se han puesto en tela de juicio las decisiones, que parecen convertirse en pequeños ajustes que tienen la intención de mejorar la maquinaria de seguridad, pero terminan siendo remiendos momentáneos.

Respecto a la más reciente medida, que prohíbe la circulación de parrillero hombre los jueves, viernes y sábados, entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m. (similar a la que toman cada vez que hay un atentado o hecho de inseguridad), las cifras demostrarían su deficiencia. Por ejemplo, según datos de la Policía Metropolitana, en el caso de los 5.753 homicidios registrados entre 2018 y 2021, en 5.509 el asesino iba a pie; en 134, era conductor (40) o pasajero (94) de una moto, y en 110 iba en otro vehículo. Algo similar ocurre con el atraco a personas, pues las denuncias de los últimos diez años, cerca de 640.00, dejan ver que en uno de cada diez el ladrón iba en moto.

Otra de las directrices que se ordenaron como respuesta al atentado terrorista en Ciudad Bolívar, que cobró la vida de dos menores de edad y dejó 35 heridos, fue la creación del Comando Contra el Atraco. Este lo conformarán “357 hombres y mujeres de la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial y uniformados que vigilan el sistema Transmilenio”, anunció la alcaldesa Claudia López.

Este modelo operará en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Barrios Unidos y Suba. Si ya tienen identificadas las zonas de mayor impacto de la delincuencia, ¿por qué hasta ahora se direccionan los operativos en esos puntos críticos? Es otra de las dudas que surgen tras la propuesta del Distrito.

Sumada a estos cuestionamientos está la reciente denuncia hecha por la Personería de Bogotá, que indica que ninguna de las 28.017 cámaras que están instaladas en los buses de Transmilenio estarían conectadas con el Centro de Gestión de Sistema. Además, solo unas 25 estarían siendo vigiladas y monitoreadas desde el C4.

¿Qué hacer para ajustar el rumbo?

De seguridad se habla cada vez que la criminalidad ataca. Hay estudios, indicadores y cualquier tipo de medición y todo concluye en que pareciera que este fenómeno se hubiera salido de las manos. Pero con el pasar del tiempo, lo que sí está demostrado es que la delincuencia ha ido escalando. La hipótesis la respalda la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que cuenta que se conformó un corredor al occidente de la capital, que permite la operación de bandas de crimen organizado que trafican estupefacientes.

Con estas denuncias también han llegado versiones de instrumentalización de población en condición de vulnerabilidad y, como es bien sabido, de población migrante, tema que desde El Espectador se ha venido denunciando con los episodios ocurridos en la localidad de Kennedy. Allí, al parecer, por el dominio de líneas de microtráfico, existe una retaliación entre dos organizaciones delictivas, una de ellas conformada por ciudadanos extranjeros.

A pesar de que existen las denuncias, la indignación está latente y se ha pensado en una que otra propuesta para hacerle frente a la delincuencia. La ciudadanía insiste en que se debe dar el paso y así empezar a materializar las iniciativas que permitan ver resultados contundentes. Se piden capturas de cabecillas, operativos que permitan mejorar la percepción de seguridad y, sobre todo, reforzar la idea de que podremos salir con la plena tranquilidad de que volveremos tranquilos, seguros y con vida a casa.