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La tragedia hoy tiene dos nombres: Daniel Duque y Salomé Rangel. Él tenía 12 años y ella cinco. Además de unirlos el hecho de haber vivido en el mismo sector de Ciudad Bolívar, también tiene en común ser las más recientes víctimas mortales de la violencia, que ha venido ganando terreno en la capital.
Las historias de estos menores de edad, reconocidos por sus aptitudes y sueños, hicieron conmover a buena parte del país, tras la noticia del atentado contra el CAI del barrio Arborizadora Alta, en el sur de Bogotá. Y cómo no sentir propias estas muertes, si se trataba de niños ajenos a la violencia, que fueron alcanzados por la onda de la detonación del artefacto explosivo cuando caminaban por la zona. “Pudo ser mi hijo”, es en lo que coinciden los vecinos.
Frente a lo sucedido, que agudiza la situación de seguridad, las autoridades responden lo que pareciera estar en un libreto: “Es motivo de investigación”, “se ofrece una millonaria recompensa por su captura” o “se aumentará el pie de fuerza para garantizar el orden”. Pero hasta ahora de acciones concretas no hay nada, y eso se ve reflejado en el espacio que gana la delincuencia.
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Tal y como pasó en el primer atentado, el pasado 5 de marzo en cercanías a la estación de Policía del barrio Sierra Morena, en esta oportunidad, tres días después de la explosión de este fin de semana, las labores de inteligencia de las autoridades no han arrojado mayores indicios de quién sería el autor material.
En cuanto a la responsabilidad del ataque, el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de Javier Alonso Veloza García, alias John Mechas, quien tiene circular roja de Interpol y por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones, se habría atribuido el hecho. Por medio de un video, la organización argumentó que serían acciones para “conmemorar la celebración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo”, que se registró el 26 marzo de 2008.
“Se les orientó a todas las unidades desplegadas a lo largo y ancho de todo el territorio del Magdalena Medio hacer actividades militares, de propaganda y culturales. (...) La activación de una carga explosiva en Ciudad Bolívar, en Bogotá, contra un CAI de Policía”, se escucha en el discurso, que fue difundido por redes sociales.
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Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, después del comunicado, indicó que la institución está trabajando de la mano del FBI y el grupo antiterrorismo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para llegar a alias John Mechas. “Estamos en una articulación desde el sábado para llegar a los responsables del outsourcing criminal en Bogotá y los responsables de la contratación de estos grupos en la capital de la República”, dijo.
La atribución de la acción terrorista se dio la noche de este domingo, horas antes de que los médicos de la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia confirmaran la muerte de Salomé, la niña a la que inicialmente diagnosticaron con muerte cerebral, producto de las contusiones que sufrió en la cabeza.
En los centros académicos que frecuentaban los menores fallecidos, así como en el lugar de la explosión, se hicieron homenajes. Tanto el Distrito como las autoridades han expresado sus condolencias y han rechazado enfáticamente la acción criminal. No obstante, en el ambiente existe cierta incertidumbre, porque si después del primer atentado no hubo un despliegue operativo para evitar acciones delictivas futuras, los vecinos sienten que en cualquier momento se podría presentar un nuevo ataque en la localidad.
¿Qué hay detrás de los atentados en Ciudad Bolívar?
Hace más de un mes el Distrito lanzó la campaña “Bogotá unidos por la vida”, la cual tiene el objetivo de incentivar la enuncia de hechos delictivos o terroristas, a cambio de altas sumas de dinero, para así combatir de manera frontal a la criminalidad. No obstante, a la fecha no se ha entregado la primera recompensa, incluso ninguna captura se ha facilitado a partir de este modelo de seguridad.
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Los dos atentados ocurridos en la localidad de Ciudad Bolívar, en un período de 21 días, abre la puerta a una discusión sobre la forma en la que las autoridades están asumiendo las alertas institucionales, pues la pregunta que hoy se hacen los residentes del sur de la capital es: ¿se pudo evitar el atentado de este fin de semana?
Algunos sectores aseguran que estas actuaciones podrían corresponder a la práctica terrorista que desde hace varias décadas se apodera del país en época electoral, pero insisten en que el tema trasciende a esta coyuntura. Así lo ve el experto en seguridad y profesor de la Universidad de la Salle César Niño, quien afirma que ese corredor del sur de Bogotá ha sido identificado como “punto caliente” de operación delincuencial.
“Lo ocurrido puede estar mediado por el asunto electoral, pero es mucho más profundo. Para mi Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz son puntos estratégicos que históricamente han sido usados para la economía ilegal. Por lo tanto, es probable que estemos enfrentándonos a una reunificación y una nueva dinámica de crimen organizado de alto nivel, con la capacidad estratégica y táctica de volar un CAI en plena ciudad”, argumentó Niño.
Esa hipótesis ya había sido notificada por medio de una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo desde el primer semestre de 2021 y la cual reiteró a principios de este año. En ella señaló que existe un corredor, entre Cundinamarca y Bogotá, que está siendo utilizado por organizaciones criminales. Especialmente en Ciudad Bolívar, se informó que las UPZ El Mochuelo, El Tesoro, Lucero, San Francisco, Jerusalén, Ismael Perdomo y Arborizadora (donde explotó la última bomba) están en riesgo.
“Esto no es delincuencia común, esto es organizado y posee un alto mando, con un brazo militar lo suficientemente fuerte para desestabilizar a una gran ciudad como Bogotá. Además, tiene conexiones importantes. A propósito, se observa que hay frentes urbanos de guerrillas como el Eln o las disidencias, y de otros tipos de estructuras que posiblemente estén compitiendo por el control de estas zonas”, agregó.
Tal y como lo mencionó Niño, los ataques, aparentemente, sí podrían obedecer a la actuación de fuerzas armadas que estarían acercándose a la capital, no solo para el control de corredores de la ilegalidad, sino para ganar terreno que debería estar custodiado y bajo la protección de la Fuerza Pública.
Esa aparente ausencia de autoridad en los territorios podría aportar al aumento de la desconfianza desde la ciudadanía hacia las autoridades, relación que ha venido fracturándose hace más de un año, cuando inició la administración de Claudia López.
Para la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), la situación de orden público y los atentados, cercano a lo que opina el experto en seguridad, estarían al margen del momento político por el que pasa el país, asegurando que en este momento “no caben las diferencias políticas ni ideológicas”.
Bastidas estableció que lo ocurrido en el sur de Bogotá y los antecedentes de inseguridad en la ciudad demandan que la administración adopte una estrategia contundente contra el terrorismo urbano, que tiene sitiado a determinados sectores. Asimismo, debe mantenerse el trabajo interinstitucional continuo con el Gobierno Nacional “que permita, a través de la inteligencia, la desarticulación de grupos que causan conmoción y actos de violencia en la capital”.
“Necesitamos que no sea cosa del momento, sino permanente y que finalmente su gobierno reconozca que este, como el ataque de hace menos de un mes en esa misma localidad y los que ha habido contra colegios y la infraestructura de la ciudad, no son aislados, sino que son terrorismo urbano. Necesitamos resultados pronto de las autoridades, ver que capturen a los vándalos que ya hay identificados por otros hechos y dar rápidamente con la captura de estos últimos”, agregó Bastidas.
La propuesta de la estrategia de seguridad la comparte César Niño, quien sostiene que la capital debe implementar una política robusta, que permita identificar que lo que ocurre no son hechos aislados de orden público, sino que se debe entender que se trata de problemáticas serias de seguridad pública. “Habrá que ver qué se puede hacer para que no sucedan estas cosas. Pienso que aquí tiene que haber un mayor trabajo de inteligencia policial, un mayor trabajo de estructura de fuerzas del Estado, que prevengan ese tipo de acontecimientos”, sostuvo.
Además, advirtió que, así como lo han dicho las instituciones gubernamentales, también hay una sensación que, desde su experiencia, le permite afirmar que atentados como los dos últimos se seguirán presentando y no solo en la misma localidad. “Este no va a ser el último, es probable que vengan otros más y seguramente en otras partes del país”, concluyó.
Debido a los recientes acontecimientos, el trabajo de la administración distrital, el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública seguirá en tela de juicio, hasta que se evidencien resultados contundentes que permitan a la ciudadanía recobrar la confianza. Pese a que algunas cifras de delitos de alto impacto han ido a la baja en los últimos meses, la percepción de seguridad en las calles sigue siendo negativa y el poder de la criminalidad parece tomar un nuevo aire, sembrando miedo en la ciudad.