Seguridad y Gobierno en Bogotá: esto es lo que viene para 2019

Resta un año para que concluya el mandato del alcalde Enrique Peñalosa y arranca una carrera contrarreloj para cumplir una a una las metas de su ambicioso Plan de Desarrollo, un proyecto que en 2016 se tasó en más de $96 billones y que se ha enfocado, principalmente, en obras viales, nuevas troncales de Transmilenio e infraestructura educativa, así como renovación urbana, incluyendo el mejoramiento del espacio público.

El tiempo apremia y, por si fuera poco, el último año de la administración transcurrirá en medio de una agitada contienda electoral que medirá las fuerzas del peñalosismo frente a sectores antagónicos como el petrismo, sin dejar de lado el espacio que vienen reclamando nuevas corrientes políticas que apuestan por el centro. Por ello, para garantizar continuidad en el modelo de ciudad en el que ha insistido Peñalosa, será clave que deje en marcha obras y proyectos emblemáticos que respalden su gestión.

¿Qué viene? ¿A qué le va a apostar el Distrito? ¿Cuáles serán las iniciativas a las que se les pondrá el acelerador? Para responder estos interrogantes, El Espectador inicia hoy una serie de entregas para detallar, sector por sector, lo que se viene para Bogotá en 2019. El turno es para seguridad y gobierno, dos frentes claves para Peñalosa en su plan para transformar la capital.

Seguridad

En 2018, según datos de la administración, Bogotá alcanzó una tasa de homicidios de 12,7 por cada 100.000 habitantes, “la más baja desde 1970” de acuerdo con Peñalosa. Al Distrito hay que reconocerle medidas como las intervenciones a los sectores del Bronx, San Bernardo y Cinco Huecos —así como la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia—. Sin embargo, no se puede ignorar que cada día en la capital ocurren casi tres muertes violentas, se denuncian 283 casos de hurto a personas (uno cada cinco minutos), se reportan 182 robos de celulares y al menos 21 personas aseguran que fueron víctimas del hurto de su bicicleta. ¿Qué hacer?

Para hacerle frente a este panorama, el secretario de Seguridad, Jairo García —quien suma casi ocho meses en el cargo—, le apuesta, en primer lugar, a mantener la reducción en materia de muertes violentas y lograr que Bogotá alcance una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de la media nacional, que se encuentra en 23 por cada 100.000 habitantes.

“En este frente vamos a continuar con las intervenciones territoriales, la desarticulación de organizaciones y haremos mayor presencia en sitios que consideramos prioritarios”, aseguró el funcionario.

En segundo lugar, García confía en que bajen los hurtos de celulares. ¿Cómo? De acuerdo con el secretario, el objetivo es reforzar la presencia en entornos protectores, tales como Transmilenio, parques y zonas escolares. “La estrategia comprende inspección y vigilancia a establecimientos, llegando al punto que, en caso de comprobar el comercio ilegal de equipos, se procederá a someter a extinción de dominio el local. No bajaremos la guardia tampoco respecto a las bandas dedicadas al robo”, dijo.

Otro de los grandes dolores de cabeza de la administración es que, pese a los esfuerzos, más de la mitad de los capitalinos (53 %) perciben que la inseguridad ha aumentado, según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos. A ello se suma que el 47 % declaró haber sido víctima de algún delito. Con todo, el Distrito saca pecho frente a lo que sucede en el barrio, donde el 57 % se siente seguro o relativamente seguro.

“Queremos mantener esa mejoría y frente a la percepción de inseguridad en la ciudad vamos a seguir trabajando en temas de participación ciudadana y presencia en entornos protectores. Queremos que esa sensación de inseguridad baje hasta el 40 %”, manifestó Jairo García.

Frente a proyectos de infraestructura para seguridad, el Distrito avanza en la construcción de la sede de la Policía de Bogotá, un proyecto que destrabó la administración y que estaba en veremos desde 2014. Pese a que es un proyecto cuya construcción podría tardar hasta año y medio, el secretario de Seguridad espera dejar la obra lo más avanzada posible. En paralelo, la meta es hacer el centro integral de justicia Campo Verde, un establecimiento que estará ubicado en Bosa y tendrá capacidad para atender hasta a 300 jóvenes infractores. Contará además con una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una Casa de Justicia, que se suma a las 13 que ya operan en la ciudad más otras cuatro que serán móviles. La obra estaría lista a finales de 2020.

El déficit en materia de policías es otro tema que le urge atender a la administración. Actualmente, en la capital hay alrededor de 239 por cada 100.000 habitantes, pese a que a escala nacional la media asciende a 354 y la ONU recomienda que sean 300. Hacerle frente a esa carencia fue uno de los compromisos que adquirió el presidente Iván Duque con Peñalosa y aunque el secretario espera que el Gobierno Nacional cumpla con los 800 uniformados que prometió, asegura que se continuará con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de la Policía.

Finalmente, en materia de planes, se escalará hasta el Congreso, donde la Secretaría insistirá en su proyecto de ley para penalizar el porte de armas blancas (esperan presentarlo junto a otros sectores en el primer bimestre del año) y para reducir la reincidencia delincuencial continuarán con su apoyo al proyecto que en ese frente promueve la Fiscalía.

Gobierno

La coyuntura para el secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán —quien suma apenas dos meses al frente de la entidad—, es compleja, pues a cuestas tiene un año electoral que podría afectar los intereses de la administración en el Concejo de Bogotá donde, sin duda, la principal meta será sacar adelante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definirá la forma como se organizará la ciudad durante los próximos 12 años.

Aunque el Distrito no niega que muchos de sus aliados buscarán reelegirse para permanecer en el cabildo, lo que implica que no le caminarán a proyectos impopulares para no ser castigados en las urnas, Durán confía en que continúen las buenas relaciones con el Concejo.

“El 2019 es, sin duda, un año definitivo y los ciudadanos verán las grandes obras que los beneficiarán y en las cuales se ha contado con el apoyo del Concejo, con el que hemos formado un equipo, transformando nuestra ciudad, y con el que seguiremos trabajando permanentemente”, declaró el secretario de Gobierno.

Al margen del tema político, hay otros frentes que inquietan a la administración: quizás el más apremiante será concretar la primera política pública de derechos humanos del país, sumado al diseño de un plan para materializar la política pública de libertad religiosa, culto y conciencia. “Se seguirá avanzando en la implementación de acciones afirmativas para los pueblos étnicos y se diseñarán más acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los pueblos indígena, raizal, afro, palenquero y gitano (rrom)”, agregó Durán.

A lo anterior se suman acciones para fortalecer las tres rutas distritales de atención a víctimas de trata de personas, así como para defensores de derechos humanos. En este aspecto se destacan también medidas para amparar y proteger a la población víctima de violencia por su orientación sexual o identidad de género mediante estrategias como la Casa Refugio LGBTI.

Durán también es consciente de la necesidad de que todas las alcaldías locales tengan mandatario en firme (hoy en Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Rafael Uribe no hay) y de continuar con la purga dentro de estas entidades para hacerlas no solo eficientes, sino cada vez más transparentes. “En la lucha contra la corrupción se seguirá implementando el componente local de la política pública distrital de transparencia, integridad y medidas anticorrupción”, dijo.

Por último, el Distrito no dará su brazo a torcer para recuperar el espacio público y le apostará a hacerse al control de grandes zonas como el Restrepo, Plaza Imperial y la carrera séptima. El objetivo, asegura Durán, son 75 kilómetros lineales de espacio público, sumado a jornadas de limpieza y embellecimiento en las calles para mejorar la percepción de seguridad.

“Haremos control de las ventas informales que ponen en riesgo la salud pública. Así mismo, continuaremos sensibilizando a todos los ciudadanos respecto a las normas de convivencia contempladas en el Código de Policía”, precisó el funcionario.

jgonzalez@elespectador.com

Resta un año para que concluya el mandato del alcalde Enrique Peñalosa y arranca una carrera contrarreloj para cumplir una a una las metas de su ambicioso Plan de Desarrollo, un proyecto que en 2016 se tasó en más de $96 billones y que se ha enfocado, principalmente, en obras viales, nuevas troncales de Transmilenio e infraestructura educativa, así como renovación urbana, incluyendo el mejoramiento del espacio público.

El tiempo apremia y, por si fuera poco, el último año de la administración transcurrirá en medio de una agitada contienda electoral que medirá las fuerzas del peñalosismo frente a sectores antagónicos como el petrismo, sin dejar de lado el espacio que vienen reclamando nuevas corrientes políticas que apuestan por el centro. Por ello, para garantizar continuidad en el modelo de ciudad en el que ha insistido Peñalosa, será clave que deje en marcha obras y proyectos emblemáticos que respalden su gestión.

¿Qué viene? ¿A qué le va a apostar el Distrito? ¿Cuáles serán las iniciativas a las que se les pondrá el acelerador? Para responder estos interrogantes, El Espectador inicia hoy una serie de entregas para detallar, sector por sector, lo que se viene para Bogotá en 2019. El turno es para seguridad y gobierno, dos frentes claves para Peñalosa en su plan para transformar la capital.

Seguridad

En 2018, según datos de la administración, Bogotá alcanzó una tasa de homicidios de 12,7 por cada 100.000 habitantes, “la más baja desde 1970” de acuerdo con Peñalosa. Al Distrito hay que reconocerle medidas como las intervenciones a los sectores del Bronx, San Bernardo y Cinco Huecos —así como la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia—. Sin embargo, no se puede ignorar que cada día en la capital ocurren casi tres muertes violentas, se denuncian 283 casos de hurto a personas (uno cada cinco minutos), se reportan 182 robos de celulares y al menos 21 personas aseguran que fueron víctimas del hurto de su bicicleta. ¿Qué hacer?

Para hacerle frente a este panorama, el secretario de Seguridad, Jairo García —quien suma casi ocho meses en el cargo—, le apuesta, en primer lugar, a mantener la reducción en materia de muertes violentas y lograr que Bogotá alcance una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de la media nacional, que se encuentra en 23 por cada 100.000 habitantes.

“En este frente vamos a continuar con las intervenciones territoriales, la desarticulación de organizaciones y haremos mayor presencia en sitios que consideramos prioritarios”, aseguró el funcionario.

En segundo lugar, García confía en que bajen los hurtos de celulares. ¿Cómo? De acuerdo con el secretario, el objetivo es reforzar la presencia en entornos protectores, tales como Transmilenio, parques y zonas escolares. “La estrategia comprende inspección y vigilancia a establecimientos, llegando al punto que, en caso de comprobar el comercio ilegal de equipos, se procederá a someter a extinción de dominio el local. No bajaremos la guardia tampoco respecto a las bandas dedicadas al robo”, dijo.

Otro de los grandes dolores de cabeza de la administración es que, pese a los esfuerzos, más de la mitad de los capitalinos (53 %) perciben que la inseguridad ha aumentado, según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos. A ello se suma que el 47 % declaró haber sido víctima de algún delito. Con todo, el Distrito saca pecho frente a lo que sucede en el barrio, donde el 57 % se siente seguro o relativamente seguro.

“Queremos mantener esa mejoría y frente a la percepción de inseguridad en la ciudad vamos a seguir trabajando en temas de participación ciudadana y presencia en entornos protectores. Queremos que esa sensación de inseguridad baje hasta el 40 %”, manifestó Jairo García.

Frente a proyectos de infraestructura para seguridad, el Distrito avanza en la construcción de la sede de la Policía de Bogotá, un proyecto que destrabó la administración y que estaba en veremos desde 2014. Pese a que es un proyecto cuya construcción podría tardar hasta año y medio, el secretario de Seguridad espera dejar la obra lo más avanzada posible. En paralelo, la meta es hacer el centro integral de justicia Campo Verde, un establecimiento que estará ubicado en Bosa y tendrá capacidad para atender hasta a 300 jóvenes infractores. Contará además con una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una Casa de Justicia, que se suma a las 13 que ya operan en la ciudad más otras cuatro que serán móviles. La obra estaría lista a finales de 2020.

El déficit en materia de policías es otro tema que le urge atender a la administración. Actualmente, en la capital hay alrededor de 239 por cada 100.000 habitantes, pese a que a escala nacional la media asciende a 354 y la ONU recomienda que sean 300. Hacerle frente a esa carencia fue uno de los compromisos que adquirió el presidente Iván Duque con Peñalosa y aunque el secretario espera que el Gobierno Nacional cumpla con los 800 uniformados que prometió, asegura que se continuará con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de la Policía.

Finalmente, en materia de planes, se escalará hasta el Congreso, donde la Secretaría insistirá en su proyecto de ley para penalizar el porte de armas blancas (esperan presentarlo junto a otros sectores en el primer bimestre del año) y para reducir la reincidencia delincuencial continuarán con su apoyo al proyecto que en ese frente promueve la Fiscalía.

Gobierno

La coyuntura para el secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán —quien suma apenas dos meses al frente de la entidad—, es compleja, pues a cuestas tiene un año electoral que podría afectar los intereses de la administración en el Concejo de Bogotá donde, sin duda, la principal meta será sacar adelante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definirá la forma como se organizará la ciudad durante los próximos 12 años.

Aunque el Distrito no niega que muchos de sus aliados buscarán reelegirse para permanecer en el cabildo, lo que implica que no le caminarán a proyectos impopulares para no ser castigados en las urnas, Durán confía en que continúen las buenas relaciones con el Concejo.

“El 2019 es, sin duda, un año definitivo y los ciudadanos verán las grandes obras que los beneficiarán y en las cuales se ha contado con el apoyo del Concejo, con el que hemos formado un equipo, transformando nuestra ciudad, y con el que seguiremos trabajando permanentemente”, declaró el secretario de Gobierno.

Al margen del tema político, hay otros frentes que inquietan a la administración: quizás el más apremiante será concretar la primera política pública de derechos humanos del país, sumado al diseño de un plan para materializar la política pública de libertad religiosa, culto y conciencia. “Se seguirá avanzando en la implementación de acciones afirmativas para los pueblos étnicos y se diseñarán más acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los pueblos indígena, raizal, afro, palenquero y gitano (rrom)”, agregó Durán.

A lo anterior se suman acciones para fortalecer las tres rutas distritales de atención a víctimas de trata de personas, así como para defensores de derechos humanos. En este aspecto se destacan también medidas para amparar y proteger a la población víctima de violencia por su orientación sexual o identidad de género mediante estrategias como la Casa Refugio LGBTI.

Durán también es consciente de la necesidad de que todas las alcaldías locales tengan mandatario en firme (hoy en Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Rafael Uribe no hay) y de continuar con la purga dentro de estas entidades para hacerlas no solo eficientes, sino cada vez más transparentes. “En la lucha contra la corrupción se seguirá implementando el componente local de la política pública distrital de transparencia, integridad y medidas anticorrupción”, dijo.

Por último, el Distrito no dará su brazo a torcer para recuperar el espacio público y le apostará a hacerse al control de grandes zonas como el Restrepo, Plaza Imperial y la carrera séptima. El objetivo, asegura Durán, son 75 kilómetros lineales de espacio público, sumado a jornadas de limpieza y embellecimiento en las calles para mejorar la percepción de seguridad.

“Haremos control de las ventas informales que ponen en riesgo la salud pública. Así mismo, continuaremos sensibilizando a todos los ciudadanos respecto a las normas de convivencia contempladas en el Código de Policía”, precisó el funcionario.

jgonzalez@elespectador.com