Sergio Urrego: un caso que no se debe repetir

Antes de quitarse la vida, Sergio Urrego expresó en uno de sus últimos mensajes el deseo de que su muerte significara algo grande y que trascendiera para cambiar la realidad de tantos jóvenes que, como él, han sido víctimas de discriminación por su orientación sexual. Ha pasado un año y tres meses desde que decidió lanzarse al vacío desde la terraza del centro comercial Titán Plaza para decirle adiós al mundo, y su deseo se empieza a cumplir.

El pasado 3 de agosto la Corte Constitucional profirió una sentencia que amparó los derechos a la intimidad, el buen nombre, la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la educación y el debido proceso de este joven. Los magistrados concluyeron que Urrego fue sometido a un proceso disciplinario irregular, que constituyó una forma de acoso escolar y el cual pudo “haber incidido en la decisión que tomó de acabar su vida”. El alto tribunal, además, ordenó al colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba Urrego, realizar en sus instalaciones un acto de desagravio en el que se reconozcan “las virtudes de Sergio, su legado y el respeto que se le debía brindar a su proyecto de vida”.

Hoy, a partir de las 11:00 de la mañana, se da cumplimiento a ese acto y, tal como lo dictó la sentencia, se le concederá el grado póstumo y se instalará una placa en su memoria con la siguiente inscripción: “Una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino último de los ciudadanos. La misma sólo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo absoluto de respetar a los demás. En memoria de Sergio David Urrego, 1997-2014”.

Las directivas del colegio también deberán reconocer que la orientación sexual que asumió Urrego debía ser plenamente respetada en el ámbito educativo. Alba Reyes, mamá de Sergio, le expresó a este diario que el acto es una reflexión sobre todo lo que ha sucedido con el caso de su hijo y aseguró que “es un acto que, para la familia, restablece un poco la memoria de Sergio frente al maltrato y la discriminación que sufrió, y va mucho más allá porque significa un ejemplo y un precedente de lo que no debe suceder en ningún colegio”.

Para Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, la sentencia es muy positiva, pues no solamente reconoció la discriminación en el caso puntual, sino la función del sistema educativo como espacio democrático para la discusión abierta sobre la diversidad y el respeto por ésta. Y agregó que “también genera un reto sobre lo que tenemos que hacer para que estos casos no se repitan y, en el fondo, tiene que ponernos a pensar”.

La Corte reconoció que existe un problema estructural en el sistema de protección de los estudiantes ante el acoso escolar. Por lo tanto ordenó al Gobierno Nacional, en particular al Ministerio de Educación, aplicar efectivamente la política de convivencia escolar. También ordenó revisar en el plazo de un año todos los manuales de convivencia del país para garantizar que se respeten la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes.

Alba Reyes, en compañía de Colombia Diversa, espera justicia en el proceso penal que adelanta la Fiscalía contra la rectora, la veedora y la psicóloga del colegio, a quienes les imputó cargos por los delitos de discriminación agravada, falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La próxima audiencia de acusación será el 3 de diciembre.

Antes de quitarse la vida, Sergio Urrego expresó en uno de sus últimos mensajes el deseo de que su muerte significara algo grande y que trascendiera para cambiar la realidad de tantos jóvenes que, como él, han sido víctimas de discriminación por su orientación sexual. Ha pasado un año y tres meses desde que decidió lanzarse al vacío desde la terraza del centro comercial Titán Plaza para decirle adiós al mundo, y su deseo se empieza a cumplir.

El pasado 3 de agosto la Corte Constitucional profirió una sentencia que amparó los derechos a la intimidad, el buen nombre, la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la educación y el debido proceso de este joven. Los magistrados concluyeron que Urrego fue sometido a un proceso disciplinario irregular, que constituyó una forma de acoso escolar y el cual pudo “haber incidido en la decisión que tomó de acabar su vida”. El alto tribunal, además, ordenó al colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba Urrego, realizar en sus instalaciones un acto de desagravio en el que se reconozcan “las virtudes de Sergio, su legado y el respeto que se le debía brindar a su proyecto de vida”.

Hoy, a partir de las 11:00 de la mañana, se da cumplimiento a ese acto y, tal como lo dictó la sentencia, se le concederá el grado póstumo y se instalará una placa en su memoria con la siguiente inscripción: “Una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino último de los ciudadanos. La misma sólo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo absoluto de respetar a los demás. En memoria de Sergio David Urrego, 1997-2014”.

Las directivas del colegio también deberán reconocer que la orientación sexual que asumió Urrego debía ser plenamente respetada en el ámbito educativo. Alba Reyes, mamá de Sergio, le expresó a este diario que el acto es una reflexión sobre todo lo que ha sucedido con el caso de su hijo y aseguró que “es un acto que, para la familia, restablece un poco la memoria de Sergio frente al maltrato y la discriminación que sufrió, y va mucho más allá porque significa un ejemplo y un precedente de lo que no debe suceder en ningún colegio”.

Para Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, la sentencia es muy positiva, pues no solamente reconoció la discriminación en el caso puntual, sino la función del sistema educativo como espacio democrático para la discusión abierta sobre la diversidad y el respeto por ésta. Y agregó que “también genera un reto sobre lo que tenemos que hacer para que estos casos no se repitan y, en el fondo, tiene que ponernos a pensar”.

La Corte reconoció que existe un problema estructural en el sistema de protección de los estudiantes ante el acoso escolar. Por lo tanto ordenó al Gobierno Nacional, en particular al Ministerio de Educación, aplicar efectivamente la política de convivencia escolar. También ordenó revisar en el plazo de un año todos los manuales de convivencia del país para garantizar que se respeten la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes.

Alba Reyes, en compañía de Colombia Diversa, espera justicia en el proceso penal que adelanta la Fiscalía contra la rectora, la veedora y la psicóloga del colegio, a quienes les imputó cargos por los delitos de discriminación agravada, falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La próxima audiencia de acusación será el 3 de diciembre.