“Sería un exabrupto que la CAR le otorgue licencia ambiental a CGR Doña Juana”

Se eleva de nuevo la tensión alrededor del relleno Doña Juana. Se vienen meses determinantes para el futuro del sitio de disposición y que podrían poner fin al largo pleito que han librado por casi 12 años el Distrito y el operador. Hoy está claro que la administración quiere acabar cuanto antes el contrato con la empresa encargada del relleno, por sus incumplimientos. Pero también lo es que el concesionario no se quiere dejar quitar el contrato e, incluso, tramita una licencia ambiental, con el que podría extenderlo hasta que en Doña Juana no quepa más basura, convirtiéndose en operador vitalicio.

Se eleva de nuevo la tensión alrededor del relleno Doña Juana. Se vienen meses determinantes para el futuro del sitio de disposición y que podrían poner fin al largo pleito que han librado por casi 12 años el Distrito y el operador. Hoy está claro que la administración quiere acabar cuanto antes el contrato con la empresa encargada del relleno, por sus incumplimientos. Pero también lo es que el concesionario no se quiere dejar quitar el contrato e, incluso, tramita una licencia ambiental, con el que podría extenderlo hasta que en Doña Juana no quepa más basura, convirtiéndose en operador vitalicio.

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En medio de esto, tras años de investigaciones, denuncias, sanciones y multas en casi todos los entes de control, se vienen dos hechos que podrían desenredar la madeja. Por un lado, está el juicio contra Mauricio Bernal Marcucci, presidente y representante legal del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos CGR Doña Juana S.A. ESP, a quien la Fiscalía lo acusa por delitos ambientales, producto de su supuesta mala gestión al frente del relleno. Por el otro, se espera en menos de dos meses la decisión del tribunal de arbitramento, que convocó CGR y a través del cual esperan que declaren toda la culpa ha sido de la Alcaldía, por cambiar las reglas de juego y no pagarle lo que corresponde por su gestión, por lo que reclaman $1,1 billones.

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Aunque ambos pleitos tienen distinta naturaleza y se dirimirán en ante autoridades diferentes, tienen un hilo conductor: el manejo de los lixiviados. Mientras CGR pretenden que los árbitros ordenen un pago por el manejo de estos líquidos contaminantes, el proceso penal es justo porque no lo ha hecho y, de ahí, el delito ambiental. Aun sin saber quién tiene la razón, lo cierto es que a medida que crece el conflicto y se aplaza una solución, viene creciendo un deterioro ambiental en la zona que la Fiscalía considera delito. Para conocer la posición del Distrito, El Espectador habló con William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía, quien habla de lo que está por venir.

¿Una eventual condena contra el representante legal de CGR tiene algún efecto en el contrato?

Realmente no, porque son procesos independientes. Una condena penal no repercutiría en el proceso que se adelanta en el tribunal de arbitramento. Sin embargo, sí sería un antecedente muy fuerte para que los árbitros lo tengan en cuenta, ya que uno de los argumentos de CGR en la demanda ante el tribunal es que se les deben ocho años del recurso, para el tratamiento de lixiviados. Entonces, en el caso de que ellos estuvieran cumpliendo esa tarea, no había lugar a un proceso penal. Lo cierto es que llevan toda la operación sin cumplir con ese tratamiento. En resumen, no hay consecuencia directa, no se suspende el contrato en caso de una condena penal, pero sí sería una prueba muy fuerte para que los árbitros la tengan en cuenta, en el fallo definitivo que está programado para el 28 de marzo.

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¿Cómo va el proceso en el tribunal de arbitramento?

En el tribunal ya se realizaron las audiencias de alegatos, la presentación de las pruebas y las contradicciones. Terminamos a mediados de diciembre. Ellos tienen tres meses largos para proferir el laudo. En este momento están en proceso de elaborar la decisión final.

¿Y qué perspectivas hay? ¿Si se han probado tantos incumplimientos del operador del relleno, por qué ha sido tan difícil terminar ese contrato?

Porque en el 2019, cuando se constituyó el nuevo tribunal, CGR Doña Juana le pidió al tribunal de arbitramento, como medida cautelar, suspender todos los proceso de incumplimiento y sus posibles sanciones: Nosotros cuando llegamos en 2020 le pedimos a los árbitros que no aplicaran esa medida, porque llevábamos siete procesos. El tribunal rechazó nuestra solicitud y accedió a la medida solicitada por el operador del relleno. Por esa razón es que, a la fecha, no hemos podido terminar ese contrato, ni seguir con los procesos de incumplimiento.

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Ellos pierden un tribunal de arbitramento en 2018 y los árbitros condenan al operador a hacer algunas obras y a cumplir algunas obligaciones. No obstante, en 2019 CGR nos convoca a un nuevo proceso arbitral, que es el que está vigente. En ese momento, pide suspender la orden del proceso arbitral anterior y todas las medidas, a lo cual accedieron los árbitros. Su decisión nos causó extrañeza y le pedimos aclaración, pero no nos aclararon; le metimos recurso de reposición, no nos repusieron, y ahí es cuando desde la secretaría Jurídica y la Uaesp decidimos asumir la defensa conjunta ante el tribunal.

Hay un tema clave y es la licencia ambiental. Se suponía que se vencía en 2022, pero sigue habilitada. ¿Cómo va ese proceso?

La licencia está ligada a la operación y no se ha vencido. Entonces, ellos pueden seguir con la operación que, se supone, va hasta el primer semestre del 2024. El plazo depende del momento en el que se llegue a la cota de 2.999 metros. En términos legales es un plazo indeterminado, pero determinable. Cuando se inició la concesión, se contempló que terminaría en 2022, pero como ellos realizaron mejores ejercicios de compactación, la gente ha reciclado más y ha llegado menos basura al relleno de la proyectada, pues ha aumentado el plazo de esa concesión. El último informe de la interventoría y de los estudios, que fueron del año pasado, señalan que para el primer semestre de 2024 se debe estar acabando la concesión, porque se llegaría a ese tope en las celdas.

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¿Entonces, si se sigue ampliando la vida útil, se sigue ampliando la concesión?

No, en 2024 termina la concesión y nosotros este año debemos dejar preparado los términos de referencia, pliegos y condiciones para la nueva concesión, que va a incluir un componente fuerte de compostaje, que es una alternativa al entierro de basuras. Este año la Uaesp va a hacer eso, para dejar listo los términos para la nueva concesión. La interventoría fue clara en que las proyecciones no se van a ampliar. La nueva concesión debería arrancar en el segundo semestre de 2024 con ese nuevo modelo, que incluye el compostaje.

Para eso requeriría una nueva licencia ambiental para Doña Juana, que está tramitando CGR ¿ustedes también la están tramitando?

Ese es un tema con el operador y es que se cree con el derecho de tramitar una nueva licencia ante la CAR. Nosotros hemos sido reiterativos en que el único titular con ese derecho es el Distrito. CGR la solicitó y nosotros le solicitamos a la CAR hace unos meses que se abstuviera de emitir alguna licencia, porque el titular debe ser la entidad territorial. Eso está al despacho del director de la CAR.

Pero el contrato dice que mientras exista licencia, CGR seguirán al frente. ¿Si sale licencia a su favor se vuelven vitalicios?

Ahí hay un tema de interpretación del contrato, que es otro de los temas en disputa ante el tribunal. Ellos dicen que, en caso de otorgar licencia, podrán seguir explotando en predios del Distrito en Doña Juana. Ese es un punto que deben entrar a resolver los árbitros. Pero el contrato es muy claro que finalizada la concesión y la licencia, no pueden seguir. La verdad es que lo que CGR busca es dar el salto y continuar, en caso de que la CAR les otorgue licencia. Para nosotros sería un exabrupto que la CAR se la termine otorgando, luego de tantos incumplimientos y denuncias. Y por una razón adicional y es que ellos no tienen esa potestad de recibir una licencia. Nos hemos opuesto vehementemente y la alcaldesa le envió una carta a la CAR recordándole que el único con la potestad de recibir la licencia es el Distrito.

¿Técnicamente es posible ampliar la vida útil de Doña Juana, sabiendo que por años llevamos escuchando que está a punto de expirar y que los vecinos ya no lo quieren?

Sí. Hay terrenos y celdas que están destinadas para eso. Hay como seguir enterrando allá. Lo que busca el nuevo modelo, que esperamos dejar establecido, es que no sea solo para enterrar basuras, sino que sea combinado con modelos como el compostaje y un modelo de mayor reciclaje. Faltan años para dejar de enterrar basura, pero lo que queremos es que con el nuevo modelo se entierre menos.

Si el tribunal le da la razón a CGR sería un golpe económico fuerte para el Distrito y se convertían en los dueños de la basura de por vida. ¿Cree que este año todo este pleito con CGR se resuelva?

Es un tema bastante grave para el Distrito. Las pretensiones de CGR son por $1,1 billones. No hemos ahorrado esfuerzos en defensa. Tuvimos un equipo técnico, financiero y jurídico de primer nivel para defendernos. Estamos seguro de que lo hicimos muy bien y demostramos que ellos no tenían insuficiencia tarifaria y que lo que están reclamando es un retroactivo en el componente de tratamiento de lixiviados, entre 2010 al 2018, al cual no tenían derecho. Además, demostramos que ellos nunca han tenido deficiencia tarifaria; ni la demostraron; que han venido recogiendo el tema de lixiviados de 2018, cuando la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) se los aprobó y no han hecho las inversiones. Tanto es así que esta demanda penal de la Anla en su momento nos viene dando la razón.

¿Están tranquilos, entonces?

No, tampoco estamos confiados. Esperamos que del buen uso y juicio y estudio que los árbitros hagan de las pruebas salga una decisión favorable. Recuerde que en este tribunal fue donde nosotros recusamos a un árbitro. Llegó un nuevo árbitro y esperamos que nos den la razón, que analicen bien las pruebas

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