Siete policías integraban red de corrupción en Bogotá: liberaban presos por dádivas
Un subintendente y seis patrulleros fueron enviados a la cárcel por, al parecer, haber favorecido a reclusos en Ciudad Bolívar. Además, incautaban drogas y armas para revenderlas.
Siete uniformados de la Policía Nacional, adscritos a la estación de Ciudad Bolívar en Bogotá, fueron judicializados por conformar una red de corrupción y expendio de drogas desde el interior de la institución. Entre los señalados, se encuentra un subintendente y seis patrulleros, quienes fueron enviados a prisión en las últimas horas, por un juez de control de garantías.
En contexto: A la cárcel siete policías de Ciudad Bolívar, señalados de corrupción
El pasado 25 de agosto la Sijin, Sipol y la Fiscalía General de la Nación materializaron las capturas de estos policías acusados. En su momento, el General William Salamanca, director de la Policía Nacional, dio a conocer que había terminado la investigación y efectuado la captura de los oficiales que “mancillaron el honor policial al cohonestar con el delito”.
Los detenidos fueron judicializados este 30 de agosto, según su grado de responsabilidad en las acciones delictivas que llevaron a cabo, siendo uniformados de la Policía Nacional. “Según información, los uniformados, al parecer, a cambio de dádivas, favorecían el actuar criminal de personas reconocidas como traficantes y con órdenes de captura”, detalló Leonor Merchán, directora de Fiscalías Bogotá.
Los uniformados habrían recibido dinero para dejar en libertad a personas requeridas por la justicia, en dos hechos ocurridos en los CAI Compartir y Lucero. También se estableció que en algunas oportunidades habrían realizado procedimientos irregulares para apoderarse de sustancias ilícitas, armas y otros elementos que les pudieran representar alguna ganancia económica.
Tras evaluar el material probatorio, la Fiscalía les imputó los delitos de: cohecho propio; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico de influencias de servidor público; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; privación ilegal de la libertad; abuso de la función pública; concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Pese a que ninguno de los señalados aceptó los cargos, todos fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías.
Estas siete capturas, más los escándalos de la semana pasada en Ciudad Bolívar, parecen ser un reflejo de la persistencia de irregularidades en la Institución, a pesar de las acciones que se adelantan para combatirlas. Según cifras de 2022, en la Policía Nacional se adelantaron 2.208 investigaciones a uniformados, de las cuales 158 derivaron en sanciones, entre ellas 59 suspensiones, 35 multas y 5 amonestaciones.
Le podría interesar: Atentado contra firmante de paz en Bogotá: escoltas de la UNP resultaron heridos
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
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Los detenidos fueron judicializados este 30 de agosto, según su grado de responsabilidad en las acciones delictivas que llevaron a cabo, siendo uniformados de la Policía Nacional. “Según información, los uniformados, al parecer, a cambio de dádivas, favorecían el actuar criminal de personas reconocidas como traficantes y con órdenes de captura”, detalló Leonor Merchán, directora de Fiscalías Bogotá.
Los uniformados habrían recibido dinero para dejar en libertad a personas requeridas por la justicia, en dos hechos ocurridos en los CAI Compartir y Lucero. También se estableció que en algunas oportunidades habrían realizado procedimientos irregulares para apoderarse de sustancias ilícitas, armas y otros elementos que les pudieran representar alguna ganancia económica.
Tras evaluar el material probatorio, la Fiscalía les imputó los delitos de: cohecho propio; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico de influencias de servidor público; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; privación ilegal de la libertad; abuso de la función pública; concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Pese a que ninguno de los señalados aceptó los cargos, todos fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías.
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