Sin disipar las dudas, el Concejo aprobó reglas de juego para elegir personero

El personero de Bogotá tiene la tarea, no menor, de vigilar el trabajo de los servidores del Distrito, las políticas públicas de la ciudad y velar por la defensa de los derechos fundamentales de los bogotanos. Por esto, el proceso de selección de este cargo —cuyo sueldo es el mismo del alcalde— fue epicentro de un álgido debate en el Concejo, donde los cabildantes presentaron reparos sobre las reglas de selección.

El personero de Bogotá tiene la tarea, no menor, de vigilar el trabajo de los servidores del Distrito, las políticas públicas de la ciudad y velar por la defensa de los derechos fundamentales de los bogotanos. Por esto, el proceso de selección de este cargo —cuyo sueldo es el mismo del alcalde— fue epicentro de un álgido debate en el Concejo, donde los cabildantes presentaron reparos sobre las reglas de selección.

Tras una mesa de concertación, dos días de debate y cambios a seis artículos de la resolución, al final se aprobó la resolución. Sin embargo, algunos concejales tienen un sinsabor frente al contrato que se firmó con la Universidad de Pamplona que, a pesar de existir reparos sobre algunos de sus procedimientos, se encargará de aplicar las pruebas de y proporcionará el software que calificará los exámenes.

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Dudas sin disipar

En diciembre de 2023, a tres sesiones de que terminaran las funciones del anterior cabildo, se presentó una resolución que ponía un estrecho margen de dos días —del 28 al 30 de diciembre— para que se presentaran los candidatos al cargo. En su momento, la resolución se sometió a debate y la rechazaron con 36 votos en contra. El argumento es que no garantizaba transparencia en la elección. “La anterior mesa directiva pasó cuatro resoluciones en menos de tres días, razón por la cual la mayoría de concejales votamos negativo. No había garantías ni tiempo de estudiarlas”, dijo la reelecta concejal Diana Diago (Centro Democrático).

Entre los reparos a la resolución que rechazó el cabildo el año pasado se encontraba la anulación de la entrevista a los candidatos, la cual realiza la corporación. Otra inconformidad era la publicación de los exámenes y el resultado, que, según la anterior resolución, sería de uso privado de la universidad.

“Revisamos un artículo sobre la reserva de pruebas, pues es irresponsable con el proceso no hacerlas públicas; también, los criterios de evaluación. Específicamente, encontramos desequilibrio en los puntajes profesionales, de maestrías y especializaciones”, añadió Diago. Con ese antecedente, la expectativa este año fue procurar que la nueva resolución diera garantías. Por ello, el 23 de enero se realizó una mesa de concertación con las bancadas, para ajustar la resolución. Al final, la aprobaron este 24 de enero.

No obstante, el malestar por el contrato con la Universidad de Pamplona persiste, especialmente entre varios concejales que advirtieron serios reparos contra la institución. El asunto es que poco se puede hacer con el contrato, que dejó firmado la Secretaría de Hacienda el 4 de diciembre de 2023. Dicho contrato, con presupuesto de $120 millones inicialmente, quedó firmado por $250 millones, y comenzó su ejecución el 11 de diciembre, situación que también fue cuestionada en el Concejo. María Victoria Vargas (Partido Liberal) fue la única cabildante en votar contra la reciente resolución.

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“Sabemos de concursos que ha organizado la Universidad de Pamplona, donde se han presentado quejas que escalaron a investigaciones disciplinarias de la Procuraduría. Cabe destacar que al comienzo no se presentó; luego se presentó junto a otras dos universidades: la de Cartagena y la Pedagógica, pero ninguna cumplió los requisitos. Finalmente, solicitan algo nuevo, que no se incluyó en la convocatoria inicial, que era un software. La U. de Pamplona fue la única que acreditó el requisito y se ganó el contrato”, contó la concejala.

“El Concejo tomó la peor decisión al elegir esta institución. En 2014, para el concurso de jueces y magistrados de la Rama Judicial, se le cuestionó por excluir preguntas en el cómputo de calificaciones y en 2023 se suspendió la prueba de conocimiento para elegir personero de Bucaramanga por fallas logísticas”, dijo el concejal Daniel Briceño.

En los pasillos del recinto Comuneros el miedo está en que, durante el proceso, se pueda favorecer a un candidato, siendo que uno de los nombres que más suena en la elección es el del anterior director jurídico del Concejo, quien, dicen, es cuota de uno de los concejales que estuvo evaluando la postulación de las universidades.

Ante estas condiciones y teniendo en cuenta las inconformidades con la universidad, “el Concejo logró llegar a una resolución lo más garante posible, pero no disipa nuestras dudas de dicha institución. Hicimos cambios en la publicidad, ahora será un proceso más público y nos comprometimos a vigilarlo”, dijo el concejal José Cuesta (Pacto Histórico).

Por su parte, Juan Daniel Oviedo (Con Toda Por Bogotá) pidió crear una comisión para seguir de cerca el cumplimiento del contrato. “En un ejercicio democrático y cumpliendo el contrato que quedó, esperamos que el cabildo acceda a crear esta comisión para garantizar el proceso”.

Según el cronograma aprobado, los candidatos podrán postularse en la página de la Universidad de Pamplona del 25 de enero al 3 de febrero, el 18 de febrero se aplicarán las pruebas de conocimiento, el 2 de marzo iniciarán las entrevistas y la capital conocerá al nuevo personero de Bogotá el 10 de marzo.

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