“Sin retorno no hay posibilidad de reparación”: alto consejero para las Víctimas

Tras el asentamiento de comunidades indígenas en el Parque Nacional, la situación de los casi 2.000 emberas censados sigue siendo incierta. En medio de una de las crisis humanitarias más complejas de la capital en tiempos recientes, las conversaciones entre esta población y el Estado, para buscar salidas, se han estancado. Hoy, una semana después del accidente de tránsito en la vía Funza-Bogotá (en el que murieron dos indígenas y se dio el asesinato del conductor), la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reparación adelantará una nueva caracterización de las comunidades para buscar un retorno voluntario y definir qué hacer con los que permanecerán. El Espectador habló con Vladimir Rodríguez, alto consejero de Víctimas.

¿Por qué esperar una tragedia como la que ocurrió para buscar soluciones?

A partir del accidente el interés de la opinión pública aumentó, pero las acciones del Distrito con la población embera se vienen desarrollando hace 16 meses. Desde el inicio de la pandemia hemos invertido $7.000 millones en arriendos, albergues y ayudas humanitarias. Además, realizamos dos retornos de 1.185 miembros de la comunidad a Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda.

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Ustedes cuentan con una ruta de atención, ¿cuál es su alcance?

La población embera es parte de las casi 70 mil víctimas del conflicto con pertenencia étnica, con especial protección en la capital. La ruta de atención busca acompañar y mitigar el impacto del conflicto sobre esta población, que ha sido enorme. Por eso el Distrito viene haciendo el acompañamiento. No obstante, las comunidades tienen reivindicaciones que comprendemos, pero que corresponden a un ámbito nacional y que solo pueden desarrollarse en el proceso de retorno o reubicación en sus territorios, donde las autoridades los están esperando y facilitando las condiciones para el regreso.

¿Qué se logró tras la reunión del Puesto de Mando Unificado?

Lo primero, que la nación, a través del Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas, asumió su responsabilidad en el proceso del retorno digno y con garantías de no repetición en el territorio. Lo que nos han informado es que hoy en Chocó y Risaralda no existen hostilidades que impidan el retorno digno y seguro de las comunidades. Segundo, en la coordinación institucional se trazó un cronograma con las autoridades indígenas para articular la discusión de la nación y el Distrito. Tercero, que llegamos a la conclusión de que se necesita la sinergia entre lo que las autoridades tradicionales nos han manifestado y las posiciones del Distrito y la nación, que es el retorno a sus territorios ancestrales. Sin retorno no hay posibilidad de reparación. Sin territorio no hay paz, con comunidades sin territorio es difícil proteger la vida es difícil proteger la vida.

¿Para qué la nueva caracterización y cómo asegurar su retorno seguro?

La caracterización es clave para saber cuántos son, quiénes son y hacia dónde desea transitar de manera voluntaria cada familia, bien sea el retorno o la permanencia en la ciudad. Aquellas familias que decidan retornar tendrán el acompañamiento de la nación. Las que deseen quedarse tendrán el Plan de Acción Distrital de Víctimas más grande que ha tenido Bogotá y las rutas de atención para población vulnerable.

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¿Se equiparan ambas opciones?

Es importante, y eso se ha socializado con las comunidades, el comprender que la oferta social del Distrito no suple ni tiene los alcances de las rutas nacionales de reparación. No existen en Bogotá autoridades emberas registradas ni territorio embera. Y mal sería que existiera, porque sería pasar por encima de las autoridades tradicionales, de sus usos, sus costumbres y la lógica ancestral de la relación del territorio con la población indígena. Hay una situación particular sobre la crisis humanitaria de los emberas y de otras poblaciones étnicas en el país, y es que el Estado debe facilitar las condiciones para que permanezcan en su territorio y no queden abandonados a los intereses del capital. Esa es nuestra posición. Colombia es un país en el que el conflicto se ha centralizado, expulsando masas de desplazados de los campos y trasladando el problema humanitario y la bomba económica y social a las ciudades.

¿Qué objetivos tiene a corto plazo para concretar el retorno?

El Distrito, a través de la Secretaría de Gobierno, está estableciendo canales de comunicación para facilitar la caracterización esta semana. Después vendrá el encuentro con las comunidades, que esperamos sea el 7 de febrero en el Ministerio de Interior. Cumplido esto, esperamos tener una ruta para facilitar este mes el retorno a la comunidad que desee volver a sus territorios. Esperamos que la sensatez en el diálogo y el principio de realidad permitan resolver esta situación de la mejor manera para toda la población embera.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Tras el asentamiento de comunidades indígenas en el Parque Nacional, la situación de los casi 2.000 emberas censados sigue siendo incierta. En medio de una de las crisis humanitarias más complejas de la capital en tiempos recientes, las conversaciones entre esta población y el Estado, para buscar salidas, se han estancado. Hoy, una semana después del accidente de tránsito en la vía Funza-Bogotá (en el que murieron dos indígenas y se dio el asesinato del conductor), la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reparación adelantará una nueva caracterización de las comunidades para buscar un retorno voluntario y definir qué hacer con los que permanecerán. El Espectador habló con Vladimir Rodríguez, alto consejero de Víctimas.

¿Por qué esperar una tragedia como la que ocurrió para buscar soluciones?

A partir del accidente el interés de la opinión pública aumentó, pero las acciones del Distrito con la población embera se vienen desarrollando hace 16 meses. Desde el inicio de la pandemia hemos invertido $7.000 millones en arriendos, albergues y ayudas humanitarias. Además, realizamos dos retornos de 1.185 miembros de la comunidad a Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda.

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Ustedes cuentan con una ruta de atención, ¿cuál es su alcance?

La población embera es parte de las casi 70 mil víctimas del conflicto con pertenencia étnica, con especial protección en la capital. La ruta de atención busca acompañar y mitigar el impacto del conflicto sobre esta población, que ha sido enorme. Por eso el Distrito viene haciendo el acompañamiento. No obstante, las comunidades tienen reivindicaciones que comprendemos, pero que corresponden a un ámbito nacional y que solo pueden desarrollarse en el proceso de retorno o reubicación en sus territorios, donde las autoridades los están esperando y facilitando las condiciones para el regreso.

¿Qué se logró tras la reunión del Puesto de Mando Unificado?

Lo primero, que la nación, a través del Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas, asumió su responsabilidad en el proceso del retorno digno y con garantías de no repetición en el territorio. Lo que nos han informado es que hoy en Chocó y Risaralda no existen hostilidades que impidan el retorno digno y seguro de las comunidades. Segundo, en la coordinación institucional se trazó un cronograma con las autoridades indígenas para articular la discusión de la nación y el Distrito. Tercero, que llegamos a la conclusión de que se necesita la sinergia entre lo que las autoridades tradicionales nos han manifestado y las posiciones del Distrito y la nación, que es el retorno a sus territorios ancestrales. Sin retorno no hay posibilidad de reparación. Sin territorio no hay paz, con comunidades sin territorio es difícil proteger la vida es difícil proteger la vida.

¿Para qué la nueva caracterización y cómo asegurar su retorno seguro?

La caracterización es clave para saber cuántos son, quiénes son y hacia dónde desea transitar de manera voluntaria cada familia, bien sea el retorno o la permanencia en la ciudad. Aquellas familias que decidan retornar tendrán el acompañamiento de la nación. Las que deseen quedarse tendrán el Plan de Acción Distrital de Víctimas más grande que ha tenido Bogotá y las rutas de atención para población vulnerable.

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¿Se equiparan ambas opciones?

Es importante, y eso se ha socializado con las comunidades, el comprender que la oferta social del Distrito no suple ni tiene los alcances de las rutas nacionales de reparación. No existen en Bogotá autoridades emberas registradas ni territorio embera. Y mal sería que existiera, porque sería pasar por encima de las autoridades tradicionales, de sus usos, sus costumbres y la lógica ancestral de la relación del territorio con la población indígena. Hay una situación particular sobre la crisis humanitaria de los emberas y de otras poblaciones étnicas en el país, y es que el Estado debe facilitar las condiciones para que permanezcan en su territorio y no queden abandonados a los intereses del capital. Esa es nuestra posición. Colombia es un país en el que el conflicto se ha centralizado, expulsando masas de desplazados de los campos y trasladando el problema humanitario y la bomba económica y social a las ciudades.

¿Qué objetivos tiene a corto plazo para concretar el retorno?

El Distrito, a través de la Secretaría de Gobierno, está estableciendo canales de comunicación para facilitar la caracterización esta semana. Después vendrá el encuentro con las comunidades, que esperamos sea el 7 de febrero en el Ministerio de Interior. Cumplido esto, esperamos tener una ruta para facilitar este mes el retorno a la comunidad que desee volver a sus territorios. Esperamos que la sensatez en el diálogo y el principio de realidad permitan resolver esta situación de la mejor manera para toda la población embera.

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