SITP provisional: sin garantías ni control sanitario

Los pequeños transportadores llevan meses pidiendo un salvavidas financiero para no quebrar por cuenta de la pandemia. En respuesta, el Gobierno Nacional y el Distrito les permitieron operar, pero con condiciones: protocolos de bioseguridad y al 35 % de su capacidad, para evitar convertirse en un foco de contagio del COVID-19.

No obstante, pasados cinco meses desde que se desató la emergencia, parece que la necesidad superó la prevención, pues lo que se ve en horas pico es que el SITP provisional se ha convertido en algunas zonas en un riesgo rodante de infección. Por algunas calles y barrios pasan buses llenos, sin la posibilidad de respetar el publicitado distanciamiento social.

En esta historia, como en casi todas, hay dos caras de la moneda. Por un lado está la administración, que insiste en que las medidas de bioseguridad en estos momentos son un imperativo que deben respetar las empresas de transporte público y, por ende, se debe sancionar a quienes incumplan las medidas. Por eso, entre enero y julio, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito han impuesto 1.132 comparendos a estos conductores por infringir las normas.

Pero para los pequeños transportadores, que operan los microbuses provisionales, la realidad es que mantener la operación, garantizar su sustento y cumplir las medidas de seguridad es un desafío casi imposible sin la ayuda del Gobierno. Jimmy Zuleta, líder del gremio, asegura que, por un lado, las pérdidas han sido traumáticas, teniendo en cuenta que, con el inicio de la emergencia sanitaria, el número de pasajeros se redujo de 200 diarios a 60. “Esto representa una pérdida de casi $152.000 diarios, que a duras penas alcanza para mover el vehículo, pero sin generar utilidad para el propietario y el conductor”, dice Zuleta.

Los primeros meses de la emergencia fueron los más difíciles. Pero a medida que se fueron reactivando algunos sectores productivos y las personas retomaron paulatinamente un ritmo laboral, el flujo de pasajeros creció. Aunque económicamente esto representa una solución temporal, es un arma de doble filo, ya que existen más riesgos y exposición al virus.

Los buses del SITP Provisional operan en Usme, Suba Centro, Fontibón y Perdomo (entre las localidades de Bosa y Cuidad Bolívar). “Nuestros vehículos resultan ser una solución a las necesidades de la gente que no tiene otro medio de transporte, porque cubrimos rutas que no atienden ni el SITP tradicional ni Transmilenio (TM), pero también nos representa un riesgo para la salud de nuestros conductores y de los pasajeros, pues incluso hay casos positivos de COVID-19”, agrega el líder de los transportadores.

En búsqueda de alternativas convenientes para todas las partes, el Distrito abrió mesas de trabajo para escuchar las propuestas de los pequeños transportadores y llegar a un acuerdo. En estas reuniones, 53 empresas de transporte se aliaron para presentar un modelo financiero que busca la creación de un subsidio equivalente a $2 millones mensuales, para garantizar al menos los costos operativos de sus vehículos, y de esta manera poder operar al 35 % de la capacidad de pasajeros, como dicta la norma.

Sin embargo, los integrantes del gremio dicen que las soluciones que ha dado la Secretaría de Movilidad no han sido suficientes. Entre ellas, hablan de la eliminación del cobro del factor de calidad en la pandemia, créditos bancarios y hasta la entrega de mercados. “Las entidades terminaron entregando ayudas que no fueron significativas ante la magnitud del problema. Publicitaron como logro devolver los fondos de reposición, sabiendo que es plata de cada pequeño propietario. Por otro lado, sabemos que ningún banco les va a prestar a los conductores, porque saben que no hay capacidad de pago. Además, ¿quién se va a endeudar con esta situación”, expresó Zuleta.

Frente a esta inconformidad, el gremio recibió apoyo desde el Concejo, donde se instaló desde el 12 de junio una comisión accidental, que ha desarrollado cinco reuniones virtuales con el Gobierno Nacional (desde Mintransporte y Superintendencia de Transporte) y la Alcaldía (desde las secretarías de Movilidad, Hacienda y TM). Por medio de esta figura se volvió a radicar la solicitud de un plan de salvamento para cubrir el déficit operativo, un plan de reestructuración de rutas y se hizo una revisión jurídica de medidas adicionales, como un subsidio financiero.

Según el concejal Rolando González (Cambio Radical), uno de los siete cabildantes de la comisión, se ha avanzado en medidas como “el Decreto 139 de 2020, donde se modificó la destinación de los recursos por el factor de calidad, para que las empresas puedan destinarlo a cubrir costos operacionales, así como el levantamiento del pico y placa, que aumentó la flota de buses en operación”.

No obstante, para conocer los verdaderos resultados, representados en acuerdos entre las partes, se debe presentar un informe a la plenaria del Concejo antes del 12 de septiembre. Entretanto, para mitigar los efectos de la problemática, se adelanta la entrega de 5.200 kits de bioseguridad para el personal de los microbuses.

Sin embargo, a la fecha no hay claridad sobre los controles relacionados con las normas de bioseguridad, pues por un lado la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito dicen que la vigilancia la debe hacer directamente el Gobierno Nacional, desde la Superintendencia de Transporte. Por el otro, debido a que este es un sistema operado por privados (52 compañías en la ciudad), el Distrito asegura que son las empresas las que están obligadas a realizar los controles y cumplir los protocolos para evitar sanciones.

Así las cosas, todo apunta a que, mientras no existan soluciones de fondo, la operación del sistema provisional seguirá siendo uno de los puntos de controversia en la emergencia y la salud de los conductores, uno de los puntos calientes, pues sin ayudas concretas los buses seguirán yendo llenos, convirtiéndose en un foco rodante de contagio.

Los pequeños transportadores llevan meses pidiendo un salvavidas financiero para no quebrar por cuenta de la pandemia. En respuesta, el Gobierno Nacional y el Distrito les permitieron operar, pero con condiciones: protocolos de bioseguridad y al 35 % de su capacidad, para evitar convertirse en un foco de contagio del COVID-19.

No obstante, pasados cinco meses desde que se desató la emergencia, parece que la necesidad superó la prevención, pues lo que se ve en horas pico es que el SITP provisional se ha convertido en algunas zonas en un riesgo rodante de infección. Por algunas calles y barrios pasan buses llenos, sin la posibilidad de respetar el publicitado distanciamiento social.

En esta historia, como en casi todas, hay dos caras de la moneda. Por un lado está la administración, que insiste en que las medidas de bioseguridad en estos momentos son un imperativo que deben respetar las empresas de transporte público y, por ende, se debe sancionar a quienes incumplan las medidas. Por eso, entre enero y julio, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito han impuesto 1.132 comparendos a estos conductores por infringir las normas.

Pero para los pequeños transportadores, que operan los microbuses provisionales, la realidad es que mantener la operación, garantizar su sustento y cumplir las medidas de seguridad es un desafío casi imposible sin la ayuda del Gobierno. Jimmy Zuleta, líder del gremio, asegura que, por un lado, las pérdidas han sido traumáticas, teniendo en cuenta que, con el inicio de la emergencia sanitaria, el número de pasajeros se redujo de 200 diarios a 60. “Esto representa una pérdida de casi $152.000 diarios, que a duras penas alcanza para mover el vehículo, pero sin generar utilidad para el propietario y el conductor”, dice Zuleta.

Los primeros meses de la emergencia fueron los más difíciles. Pero a medida que se fueron reactivando algunos sectores productivos y las personas retomaron paulatinamente un ritmo laboral, el flujo de pasajeros creció. Aunque económicamente esto representa una solución temporal, es un arma de doble filo, ya que existen más riesgos y exposición al virus.

Los buses del SITP Provisional operan en Usme, Suba Centro, Fontibón y Perdomo (entre las localidades de Bosa y Cuidad Bolívar). “Nuestros vehículos resultan ser una solución a las necesidades de la gente que no tiene otro medio de transporte, porque cubrimos rutas que no atienden ni el SITP tradicional ni Transmilenio (TM), pero también nos representa un riesgo para la salud de nuestros conductores y de los pasajeros, pues incluso hay casos positivos de COVID-19”, agrega el líder de los transportadores.

En búsqueda de alternativas convenientes para todas las partes, el Distrito abrió mesas de trabajo para escuchar las propuestas de los pequeños transportadores y llegar a un acuerdo. En estas reuniones, 53 empresas de transporte se aliaron para presentar un modelo financiero que busca la creación de un subsidio equivalente a $2 millones mensuales, para garantizar al menos los costos operativos de sus vehículos, y de esta manera poder operar al 35 % de la capacidad de pasajeros, como dicta la norma.

Sin embargo, los integrantes del gremio dicen que las soluciones que ha dado la Secretaría de Movilidad no han sido suficientes. Entre ellas, hablan de la eliminación del cobro del factor de calidad en la pandemia, créditos bancarios y hasta la entrega de mercados. “Las entidades terminaron entregando ayudas que no fueron significativas ante la magnitud del problema. Publicitaron como logro devolver los fondos de reposición, sabiendo que es plata de cada pequeño propietario. Por otro lado, sabemos que ningún banco les va a prestar a los conductores, porque saben que no hay capacidad de pago. Además, ¿quién se va a endeudar con esta situación”, expresó Zuleta.

Frente a esta inconformidad, el gremio recibió apoyo desde el Concejo, donde se instaló desde el 12 de junio una comisión accidental, que ha desarrollado cinco reuniones virtuales con el Gobierno Nacional (desde Mintransporte y Superintendencia de Transporte) y la Alcaldía (desde las secretarías de Movilidad, Hacienda y TM). Por medio de esta figura se volvió a radicar la solicitud de un plan de salvamento para cubrir el déficit operativo, un plan de reestructuración de rutas y se hizo una revisión jurídica de medidas adicionales, como un subsidio financiero.

Según el concejal Rolando González (Cambio Radical), uno de los siete cabildantes de la comisión, se ha avanzado en medidas como “el Decreto 139 de 2020, donde se modificó la destinación de los recursos por el factor de calidad, para que las empresas puedan destinarlo a cubrir costos operacionales, así como el levantamiento del pico y placa, que aumentó la flota de buses en operación”.

No obstante, para conocer los verdaderos resultados, representados en acuerdos entre las partes, se debe presentar un informe a la plenaria del Concejo antes del 12 de septiembre. Entretanto, para mitigar los efectos de la problemática, se adelanta la entrega de 5.200 kits de bioseguridad para el personal de los microbuses.

Sin embargo, a la fecha no hay claridad sobre los controles relacionados con las normas de bioseguridad, pues por un lado la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito dicen que la vigilancia la debe hacer directamente el Gobierno Nacional, desde la Superintendencia de Transporte. Por el otro, debido a que este es un sistema operado por privados (52 compañías en la ciudad), el Distrito asegura que son las empresas las que están obligadas a realizar los controles y cumplir los protocolos para evitar sanciones.

Así las cosas, todo apunta a que, mientras no existan soluciones de fondo, la operación del sistema provisional seguirá siendo uno de los puntos de controversia en la emergencia y la salud de los conductores, uno de los puntos calientes, pues sin ayudas concretas los buses seguirán yendo llenos, convirtiéndose en un foco rodante de contagio.