"Soy estudiante, no vándalo de cartel"

Ya no tiene idea de quién le avisó. Era viernes 30 de agosto y se encontró por todas partes con las imágenes de la violencia desatada durante la marcha que el día anterior apoyó, en Bogotá, las protestas campesinas que ya ajustaban una semana en el país. Imágenes de una jornada a la que él mismo asistió con gente de la universidad y en la que fue testigo de los gritos, los tumultos, los reclamos. Incluso del momento en que Gloria Barreto salió de su anónimo rol de ama de casa para transformarse en el ángel guardián de los agentes del Esmad agredidos por manifestantes. Imágenes acompañadas por un cartel policial que incluía a 48 supuestos delincuentes, entre los cuales aparecería él: Alejandro Ospina. (Ver video)

Gloria se convirtió en símbolo de resistencia contra la violencia de esa minoría que agredió a policías, golpeó civiles, causó destrozos en varios sectores de Bogotá y hasta aprovechó para saquear dizque en nombre de la indignación campesina. Pero Alejandro Ospina se transformó, para otros, en el ejemplo contrario. El afiche policial con fotografías del “cartel de los vándalos” hasta ofrecía recompensa por información para su captura. Aparecía en el número 27, entre los 48 buscados.

Su nada envidiable situación se debió a que estaba en el lugar de la protesta, dice este estudiante de cuarto semestre de filosofía de la Universidad Pedagógica a quien El Espectador ubicó en su salón de clases, morral con libros al hombro y aspecto tímido en el relato. Desgarbado y de no más de 1,70 metros de estatura, el joven le dijo a este diario que el de la fotografía 27 sí es él y que la imagen fue tomada en las protestas del 29 de agosto, pero que jamás cometió actos de vandalismo.

“Pero por muy inocente que uno sea —continuó—, se asusta”. Fue por ello que corrió a buscar ayuda entre sus amigos cuando se enteró (el mismo 30 de septiembre, no recuerda por boca de quién) de que estaba en un afiche de supuestos delincuentes. Ni siquiera se atrevió a llegar a su casa. Sus maestros escucharon la historia y lo apoyaron. Uno de ellos le ofreció estadía temporal, otro lo contactó con el abogado Jorge Molano, quien asumió el caso desde el 5 de septiembre, y varios más elaboraron un documento en el que dan cuenta de sus calidades académicas y humanas, en el que ratifican que no es un delincuente.

Su primera estrategia de defensa fue interponer una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando que se le estaban violando la honra y el buen nombre. Se la negaron. El fallo, que le pedía acudir a la Fiscalía y a la Policía Nacional para demostrar su inocencia, le pareció absurdo al abogado defensor (la inocencia se presume, no se demuestra), quien entonces interpuso un derecho de petición ante el organismo investigador para que se le informara si su defendido tenía procesos pendientes. Ninguno.

La Policía, por su parte, respondió que lo incluyó en el afiche a partir de información ciudadana.

Hay varias piezas que no encajan en el caso. En primer lugar, la supuesta información contra Ospina procede de un correo electrónico de la 1:00 a.m. del 30 de agosto, un día después de los disturbios, y menos de diez horas más tarde ya había dado para incluirlo en el cartel, situación que sólo se explicaría si los datos contra Ospina fuesen de absoluta credibilidad.

Por otra parte está el contenido de la información misma. Las pruebas son, esencialmente, las fotografías en las que, al decir de su abogado, queda demostrado que el joven asistió a la marcha, pero no se lo ve protagonizando violencia. Hay otro juego de fotografías en las que aparece un encapuchado, que supuestamente es Ospina, pero la defensa asegura que no es él ni fueron tomadas en la marcha. Ni siquiera en la U. Pedagógica. Corresponderían a otra persona en una protesta de la Universidad Nacional.

Finalmente está un e-mail enviado por un tal Fabián Gómez y que dice pertenecer a la Universidad Pedagógica. En él se asegura que Ospina administra una página web que incita a la violencia. La página es de la U. de Antioquia y tampoco tiene que ver con el estudiante, dicen sus profesores.

Con estos antecedentes, el juez 72 penal municipal de garantías, Crisanto Rhenals, falló el miércoles a favor de Ospina. Y con menos algarabía que la suscitada con su creación, los avisos de la Policía divulgados el 30 de agosto en despachos judiciales y estaciones de Transmilenio serán recogidos y entregados a la Fiscalía.

La Policía prefiere no pronunciarse por el momento sobre el tema, mientras que la defensa de Ospina va por más: hoy iniciará una jornada de verificación sobre el cumplimiento de la decisión del juez Rhenals y en las próximas horas interpondrá demanda de reparación por los perjuicios causados al estudiante. Pedirá también investigar al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, y al saliente comandante de la Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, porque, según la defensa, ordenaron publicar los carteles.

Aunque ese es un tema que también está por demostrarse, existe un antecedente reciente que podría ayudar a las autoridades en este caso. La corte Suprema de Justicia, en sentencia de tutela del 23 de agosto de 2012 sobre el caso de los “vándalos de Transmilenio” (a propósito de otros desmanes en una protesta), le ordenó a la Policía que este tipo de informes deben ser certeros y veraces en la información y no sustituir a la justicia, pues una cosa es un afiche en el que se señala a un ciudadano como vándalo y otra que se le venza en juicio y se le demuestre que lo es.

Ya no tiene idea de quién le avisó. Era viernes 30 de agosto y se encontró por todas partes con las imágenes de la violencia desatada durante la marcha que el día anterior apoyó, en Bogotá, las protestas campesinas que ya ajustaban una semana en el país. Imágenes de una jornada a la que él mismo asistió con gente de la universidad y en la que fue testigo de los gritos, los tumultos, los reclamos. Incluso del momento en que Gloria Barreto salió de su anónimo rol de ama de casa para transformarse en el ángel guardián de los agentes del Esmad agredidos por manifestantes. Imágenes acompañadas por un cartel policial que incluía a 48 supuestos delincuentes, entre los cuales aparecería él: Alejandro Ospina. (Ver video)

Gloria se convirtió en símbolo de resistencia contra la violencia de esa minoría que agredió a policías, golpeó civiles, causó destrozos en varios sectores de Bogotá y hasta aprovechó para saquear dizque en nombre de la indignación campesina. Pero Alejandro Ospina se transformó, para otros, en el ejemplo contrario. El afiche policial con fotografías del “cartel de los vándalos” hasta ofrecía recompensa por información para su captura. Aparecía en el número 27, entre los 48 buscados.

Su nada envidiable situación se debió a que estaba en el lugar de la protesta, dice este estudiante de cuarto semestre de filosofía de la Universidad Pedagógica a quien El Espectador ubicó en su salón de clases, morral con libros al hombro y aspecto tímido en el relato. Desgarbado y de no más de 1,70 metros de estatura, el joven le dijo a este diario que el de la fotografía 27 sí es él y que la imagen fue tomada en las protestas del 29 de agosto, pero que jamás cometió actos de vandalismo.

“Pero por muy inocente que uno sea —continuó—, se asusta”. Fue por ello que corrió a buscar ayuda entre sus amigos cuando se enteró (el mismo 30 de septiembre, no recuerda por boca de quién) de que estaba en un afiche de supuestos delincuentes. Ni siquiera se atrevió a llegar a su casa. Sus maestros escucharon la historia y lo apoyaron. Uno de ellos le ofreció estadía temporal, otro lo contactó con el abogado Jorge Molano, quien asumió el caso desde el 5 de septiembre, y varios más elaboraron un documento en el que dan cuenta de sus calidades académicas y humanas, en el que ratifican que no es un delincuente.

Su primera estrategia de defensa fue interponer una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando que se le estaban violando la honra y el buen nombre. Se la negaron. El fallo, que le pedía acudir a la Fiscalía y a la Policía Nacional para demostrar su inocencia, le pareció absurdo al abogado defensor (la inocencia se presume, no se demuestra), quien entonces interpuso un derecho de petición ante el organismo investigador para que se le informara si su defendido tenía procesos pendientes. Ninguno.

La Policía, por su parte, respondió que lo incluyó en el afiche a partir de información ciudadana.

Hay varias piezas que no encajan en el caso. En primer lugar, la supuesta información contra Ospina procede de un correo electrónico de la 1:00 a.m. del 30 de agosto, un día después de los disturbios, y menos de diez horas más tarde ya había dado para incluirlo en el cartel, situación que sólo se explicaría si los datos contra Ospina fuesen de absoluta credibilidad.

Por otra parte está el contenido de la información misma. Las pruebas son, esencialmente, las fotografías en las que, al decir de su abogado, queda demostrado que el joven asistió a la marcha, pero no se lo ve protagonizando violencia. Hay otro juego de fotografías en las que aparece un encapuchado, que supuestamente es Ospina, pero la defensa asegura que no es él ni fueron tomadas en la marcha. Ni siquiera en la U. Pedagógica. Corresponderían a otra persona en una protesta de la Universidad Nacional.

Finalmente está un e-mail enviado por un tal Fabián Gómez y que dice pertenecer a la Universidad Pedagógica. En él se asegura que Ospina administra una página web que incita a la violencia. La página es de la U. de Antioquia y tampoco tiene que ver con el estudiante, dicen sus profesores.

Con estos antecedentes, el juez 72 penal municipal de garantías, Crisanto Rhenals, falló el miércoles a favor de Ospina. Y con menos algarabía que la suscitada con su creación, los avisos de la Policía divulgados el 30 de agosto en despachos judiciales y estaciones de Transmilenio serán recogidos y entregados a la Fiscalía.

La Policía prefiere no pronunciarse por el momento sobre el tema, mientras que la defensa de Ospina va por más: hoy iniciará una jornada de verificación sobre el cumplimiento de la decisión del juez Rhenals y en las próximas horas interpondrá demanda de reparación por los perjuicios causados al estudiante. Pedirá también investigar al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, y al saliente comandante de la Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, porque, según la defensa, ordenaron publicar los carteles.

Aunque ese es un tema que también está por demostrarse, existe un antecedente reciente que podría ayudar a las autoridades en este caso. La corte Suprema de Justicia, en sentencia de tutela del 23 de agosto de 2012 sobre el caso de los “vándalos de Transmilenio” (a propósito de otros desmanes en una protesta), le ordenó a la Policía que este tipo de informes deben ser certeros y veraces en la información y no sustituir a la justicia, pues una cosa es un afiche en el que se señala a un ciudadano como vándalo y otra que se le venza en juicio y se le demuestre que lo es.