Sumapaz, entre el conflicto armado y el crimen organizado

La violencia en el Sumapaz se ha convertido en un fantasma andante. Aunque se pensó que el proceso de paz abriría nuevas posibilidades para la región, en especial para salir de la estigmatización y enfocarse en proyectos como la preservación del páramo, la reaparición de actores armados vuelve a nublar el panorama entre sus habitantes, quienes temen por las acciones que se han presentado en los últimos meses.

La violencia en el Sumapaz se ha convertido en un fantasma andante. Aunque se pensó que el proceso de paz abriría nuevas posibilidades para la región, en especial para salir de la estigmatización y enfocarse en proyectos como la preservación del páramo, la reaparición de actores armados vuelve a nublar el panorama entre sus habitantes, quienes temen por las acciones que se han presentado en los últimos meses.

“No podemos decir que los hemos visto, pero sabemos que existen y podrían reaparecer en cualquier momento. El año pasado asesinaron a dos firmantes de paz y creemos que cualquiera pudo haber sido. Nos preocupa el reclutamiento y por eso hemos pedido a la Alcaldía de Bogotá hacer inversiones y dar condiciones dignas para que estudien, porque aquí no le apostamos a las armas”, señala Misael Baquero, líder de la localidad y presidente de Sintrapaz.

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La cuestión es que al asesinato de los dos firmantes de paz, ocurrido el año pasado, se suman recientes acciones en la provincia del Sumapaz y municipios vecinos, como el asesinato, el pasado 13 de abril, de cuatro soldados del Ejército, a quienes atacaron integrantes del bloque Jorge Briceño, de las disidencias de Gentil Duarte, así como la reciente captura de alias Frankly, quien reclutaba a menores de edad, con la falsa promesa de ayudarlos a estudiar, para luego involucrarlos en cobros de extorsiones, venta de estupefacientes y transporte y tráfico de armas y explosivos.

Esto lo refuerza la Defensoría del Pueblo que, además de lanzar una alerta por el enfrentamiento entre las disidencias de Gentil Duarte y la nueva Marquetalia, resalta la presencia de grupos sucesores del paramilitarismo como las Águilas Negras Bloque Capital, Bloque Sumapaz, los Paisas y las Agc, cuya presencia en el casco urbano de Bogotá y Soacha ya había advertido.

Para la entidad, el control de grandes rentas ilegales es una de las principales motivaciones de grupos armados para llegar a este territorio, pues no solo se habla de entrar a Bogotá sino de tener un paso asegurado hacia los departamentos de Huila, Tolima y Meta.

“Por estos corredores se puede transitar hacia los parques nacionales Picachos, Tinigua y La Playa, así como la región del Ariari, zonas que facilitan el cultivo y transporte de coca. Cabe resaltar que hace varios años esta era una región clave para la desaparecida guerrilla de las Farc”, indica la alerta temprana, publicada en marzo.

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Y fue clave por su posición estratégica en la cordillera Oriental. Esto le permitió por años albergar los emblemáticos campamentos de La Caucha o Casa Verde de las Farc, que se conectaba por senderos (que solo los lugareños reconocen) con el cañón del río Duda, en La Uribe (Meta). Por allí transitó el Estado Mayor Central de la guerrilla y, además de haber sido un corredor ideal para el traslado de tropas y víveres, también lo era para llevar secuestrados al sur del país.

“Ahora las cosas cambiaron. Antes eran contingentes de veinte o cuarenta combatientes, pero ahora le están apostando a ser más invisibles, con milicianos que llegan como avanzadas a ciertos territorios y vestidos de civil, para hacer inteligencia y luego liderar o realizar acciones violentas”, señala una fuente, que prefiere no ser nombrada y relaciona esta forma de actuar con ataques recientes como el plan pistola, que terminó con la vida de dos policías en Lejanías (Meta) o el atentado que sufrió Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá, el pasado 30 de enero.

En medio de dos conflictos

Hace casi un año, la Defensoría del Pueblo hizo un anuncio similar al del conflicto que estaría sitiando a buena parte de los municipios del sur de Cundinamarca y a la localidad de Sumapaz. Fue una alerta temprana que reveló la existencia de un corredor que bordea a Bogotá, por la zona occidental, por donde estarían operando de manera activa grupos armados.

De acuerdo con el informe, el impacto de organizaciones al margen de la ley se estaría vinculando a la delincuencia común, que ya estaba asentada en la capital, y esto fortaleció los corredores delictivos por donde, además de traficar droga, también existiría un mercado de armamento, explosivos y hasta reclutamiento forzado.

En su momento se habló de diez localidades de Bogotá que estaban siendo usadas por la criminalidad, si bien no de manera explícita, sí existirían rutas por donde transitan, tanto para apropiarse de líneas de narcomenudeo o avanzar, desde el sur hacia el norte del país, en una incursión por ganarles terreno a las autoridades. Pero con su presencia en los territorios también vienen otras afectaciones: se trata de la población que está siendo instrumentalizada o víctima de los grupos al margen de la ley.

La alerta habló de un poco más de un millón de niños y adolescentes, casi 350.000 jóvenes; 61.199 personas con orientación sexual e identidad de género diversas: al menos 259.798 personas víctimas del conflicto armado, y defensores públicos, migrantes y mujeres, que podrían sucumbir ante las ofertas criminales o las acciones delictivas de estas redes.

De acuerdo con Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana y profesor de las universidades Central y Nacional, la situación de seguridad que vive Bogotá es el reflejo de un “reacomodamiento de la criminalidad”, ya que tras ciertas restricciones y decisiones de las autoridades, estas organizaciones estarían buscando nuevas formas de operar.

“Hace una o dos décadas se hablaba de células urbanas, que eran subordinadas de grandes grupos armados y seguían indicaciones de cómo reclutar y movilizar armamento, pero hoy existen figuras diferentes. Se trata de reducidos grupos, que operan con la intención de incrementar su economía ilegal, en articulación, sin depender directamente de organizaciones delictivas de mayor escala”, indicó.

Si bien este fenómeno ya fue identificado por las organizaciones, anunciado a las autoridades y lo han estudiado los expertos en el tema, para los residentes de las localidades afectadas no es una novedad. Voces desde varios sectores del sur y occidente de la capital concuerdan en que la seguridad en estos territorios es crítica y sin lugar a duda se está agravando. Hoy se habla de altos índices de criminalidad, poco respaldo institucional, amenazas a líderes sociales y una estigmatización que crece de manera desmedida.

Para el edil Christian Robayo Arias, de la localidad de Ciudad Bolívar, el sur de Bogotá, además de estar mediado por un conflicto interno, ha tenido que sobrellevar problemas estructurales y ausencias institucionales. “Fuera de afrontar situaciones que tienen que ver con seguridad, hay estigmatización con los procesos comunitarios y sociales. En otras áreas se despliegan fenómenos como aumento en homicidios y hurto a comercios, así como la presencia de organizaciones que están tentando a la juventud”, señala.

Ciudad Bolívar, pese a que no está conectada directamente con Sumapaz (como sí lo está Usme), hace parte del corredor del que ha venido hablando insistentemente la Defensoría. De hecho, agrega Christian Robayo, esas alertas tempranas fueron construidas a partir de denuncias que han realizado en sus territorios. “Las alertas se han convertido en los mecanismos para denunciar lo que está pasando, y tenemos casos en los que las organizaciones sociales de nuestra localidad han tenido que solventar esas ausencias éticas de la institucionalidad”.

Otras de las problemáticas de este sector, más allá de las amenazas a los líderes comunitarios, es la constante persecución a desmovilizados del conflicto y firmantes del Acuerdo de Paz por parte de grupos armados.

Si bien en esta zona de la capital no están concentrados todos, sí es la segunda localidad con más integrantes de esta población (84), siendo Kennedy la primera (128), sector que también hace parte del corredor occidental que impacta la criminalidad. Mientras que en Sumapaz hay cinco.

De acuerdo con cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en Bogotá, entre el 2001 y el 2022, se desmovilizaron 5.745 personas que tuvieron algún vínculo con el conflicto armado, pero a la fecha solo permanecen 3.414. En Cundinamarca, durante ese mismo período, dejaron las armas 1.851 personas, de las cuales 1.403 permanecen en el territorio.

Estar medido por un fenómeno de inseguridad propio de la delincuencia común de los barrios, y otra violencia que se ha venido desplazando desde diferentes zonas del país, para explorar nuevos mercados ilícitos, ha demostrado que ciertas localidades de Bogotá se han convertido en el objetivo de la criminalidad, bien sea por la ausencia del Estado o la ubicación geográfica, que abre las puertas a otras partes del país.