Tabio vs. el Grupo de Energía de Bogotá: el largo pleito por ubicar 18 torres de energía

La comunidad del municipio de Tabio libra una lucha desde hace por lo menos seis años, para evitar la continuidad del proyecto de torres de energía eléctrica Chivor II-Norte UPM, una obra pública a cargo del Grupo de Energía de Bogotá (GEB). La obra contempla cuatro subestaciones: Bakatá 230 kV, Norte 500 kV, Chivor 230 kV y San Luis 230 kV. Las dos primeras estarían en 13 municipios de Cundinamarca y las otras dos en siete de Boyacá. Todo se llevaría a cabo a través de 292 torres, las cuales entrarían en operación en el primer semestre de 2025.

La comunidad del municipio de Tabio libra una lucha desde hace por lo menos seis años, para evitar la continuidad del proyecto de torres de energía eléctrica Chivor II-Norte UPM, una obra pública a cargo del Grupo de Energía de Bogotá (GEB). La obra contempla cuatro subestaciones: Bakatá 230 kV, Norte 500 kV, Chivor 230 kV y San Luis 230 kV. Las dos primeras estarían en 13 municipios de Cundinamarca y las otras dos en siete de Boyacá. Todo se llevaría a cabo a través de 292 torres, las cuales entrarían en operación en el primer semestre de 2025.

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Aunque la lista de quejas es larga, son tres temas los que preocupan a la comunidad de Tabio: el impacto ambiental del proyecto, la falta de socialización y la invasión de predios privados, para la construcción de las torres, todo en las veredas de Salitre Alto y Peñas Negras. No obstante, el GEB ha sido claro en que todo se ha hecho conforme a la ley, respetando a la comunidad y al medio ambiente, a lo que añade la importancia del proyecto para la estabilidad eléctrica de la región.

A pesar de las explicaciones, la comunidad permanece inconforme. “Desde 2021 conformamos una veeduría para el control del proyecto, debido a que la licencia definitiva la dieron el año pasado, casi que a puerta cerrada entre el GEB y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”, señaló Patricia de Bedout, veedora del municipio, quien agregó que la comunidad nunca se enteró de cuándo otorgaron la licencia ni conocen muchos detalles de las obras. “Nos han tenido en un engaño, mentiras y burlas permanentes”, recalca la veedora.

Pero hay algo que realmente ha sido el centro del debate: las preocupaciones por las afectaciones medioambientales. Para lograr su protección interpusieron ante el Consejo de Estado una solicitud de nulidad y suspensión inmediata de las obras, y en la Procuraduría una queja en contra del proyecto, pues se lleva a cabo en una zona en la que vive el tigrillo lanudo. Una pequeña victoria la tuvieron el 30 de julio de 2018, cuando la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impuso una medida cautelar contra la obra, pero ya se levantó.

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La preocupación, dicen, no es menor. La veedora de Tabio insiste en que el proyecto, como está contemplado, afectaría 17 quebradas, siete microcuencas y los acueductos veredales. Esto los llevó a solicitar una evaluación de las autoridades ambientales. Para completar, de las 18 torres que estarían en su municipio (de la 64 a la 81), 13 tendrían problemas por su ubicación.

Prueba de ello es que, por ejemplo, en la torre 72 “no han podido hacer nada, porque la CAR comprobó que está cerca de un nacimiento de agua y no cumple con la distancia requerida para construir cerca de estos ecosistemas”, explicó de Bedout. O la polémica con la torre 75, ya que el predio está ocupado por una fundación de niñas y niños, víctimas de la violencia y el conflicto armado, y el propietario del lugar radicó una tutela por la estructura en el lugar.

Sin embargo, se la rechazaron, según la comunidad, “porque una de las magistradas que participó en la decisión es la mamá de una trabajadora de esa empresa y otra es cuñada de otro funcionario de GEB. En vez de declararse impedidas fallaron en contra”, compartió el abogado del caso, Guillermo Romero.

Todo en regla

Las quejas de la comunidad, a criterio del GEB, las han atendido en debida forma. Al punto de que todas las autoridades les han dado la razón. La medida cautelar de 2018 la levantaron, atendiendo las explicaciones de la empresa, la tutela la rechazaron y la ANLA, luego de todas las explicaciones y estudios del caso, les otorgó la licencia ambiental.

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Desde que inició el proyecto con el proceso de estudios, destacan, fue clave la socialización. “Este fue uno de los requisitos, de lo contrario la ANLA hubiera rechazado el trámite. Si ellos, como autoridad, hubieran considerado que no se cumplieron los mecanismos de participación, el proyecto se hubiera frenado”, indicó un vocero del Grupo de Energía. Para corroborarlo, destacaron que hay grabaciones y planillas de las personas que han asistido a las diferentes reuniones.

La insistencia en sacar adelante el proyecto radica en su importancia. “La seguridad energética del centro del país depende del proyecto Norte y Sogamoso. El Norte tiene gran importancia, porque en el centro del país tenemos redes viejísimas, es decir, en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá. Las torres que les dan energía a estas zonas son viejas y existe un gran riesgo, porque no tenemos plan B. Si se nos llega a caer una de estas líneas, no tenemos cómo reemplazarla”, señaló una de las funcionarias del GEB.

En cuanto a las críticas por el impacto al medio ambiente, estas también tienen respuestas. De acuerdo con Alejandro Giraldo, gerente ambiental de transmisión de la empresa de energía, estos proyectos son de bajo impacto, “porque lo que hacemos es ubicar una torre con un cimiento promedio de 3 o 4 metros, no es de 40 como lo señala la comunidad, en este tema hay mucha desinformación”.

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Y frente a las polémicas por la ubicación de las torres, en especial la 72, dicen que tras presentar los descargos ante las autoridades se determinó que la torre no estaba generando afectación ambiental o social. “Tampoco se demostró que pudiera generar posible afectación, entonces dimos continuidad a la construcción en la zona”, agregó Giraldo, del GEB, quien ratificó: “Únicamente entramos a los sitios en donde tenemos todo en regla. Nosotros como entidad pública cumplimos con la norma”.

Y aunque la empresa confirmó que tienen que hacerse compensaciones ambientales (tal como lo dicta la ley) en ciertos puntos del proyecto, porque sí hay impacto ambiental, aseguran que nunca harían nada que no sea acogerse a lo estipulado por las autoridades ambientales. Mientras el proyecto avanza, la comunidad dice que seguirá su lucha contra la obra, la cual, según el GEB, lo único que busca es garantizar calidad energética en este punto del país, el cual produce el 30 % del Producto Interno Bruto de toda Colombia.

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