TM demandó y perdió: debe pagar $74.000 millones a Recaudo Bogotá

Lo que parecía una jugada para mitigar en parte el creciente hueco financiero de Transmilenio (de casi $3 billones) terminó jugando en contra. La empresa distrital convocó a Recaudo Bogotá (compañía encargada de las recargas de pasajes) a un tribunal de arbitramento para obligarla a reajustar su tarifa y pagarle menos, pues un estudio concluyó que estaba recibiendo más de lo que debía. Sin embargo, al final, TM no solo perdió el proceso, sino que ahora su déficit es más grande: la condenaron a pagar casi $74.000 millones a la parte demandada.

Lo que parecía una jugada para mitigar en parte el creciente hueco financiero de Transmilenio (de casi $3 billones) terminó jugando en contra. La empresa distrital convocó a Recaudo Bogotá (compañía encargada de las recargas de pasajes) a un tribunal de arbitramento para obligarla a reajustar su tarifa y pagarle menos, pues un estudio concluyó que estaba recibiendo más de lo que debía. Sin embargo, al final, TM no solo perdió el proceso, sino que ahora su déficit es más grande: la condenaron a pagar casi $74.000 millones a la parte demandada.

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Las demoras en la implementación del SITP, la extensión de la vida útil de los articulados de las fases 1 y 2 del sistema troncal, la demora en la chatarrización de buses del antiguo sistema de transporte y la prolongación por años del denominado SITP provisional fueron los hechos que esgrimió Recaudo no solo para rechazar la demanda, sino para pedir que le reconocieran lo que dejó de recibir a causa de dichas decisiones. Según la empresa, eso llevó a que no se cumplieran las proyecciones de ingresos, planteadas al comienzo del contrato.

El golpe se veía venir, y se suma a otros procesos arbitrales que impulsaron los operadores del sistema bajo los mismos argumentos: el desequilibrio económico. Producto de esta situación, la proyección es que Transmilenio terminará condenada en los tribunales arbitrales a pagar casi $350.000 millones, lo que agudiza su crisis. “Lo que viene es embargar las cuentas del Distrito para que nos paguen”, dijo un operador.

El proceso

En 2011, Transmilenio (TM) adjudicó a Recaudo Bogotá el contrato de concesión por 16 años para operar el sistema de recolección de pasajes del SITP. Como remuneración se estableció que el operador recibiría parte de los ingresos por la explotación comercial del SITP, calculados así: un pago semanal predeterminado, para cubrir costos fijos (RFS); una remuneración variable, ligada a las recargas de pasajes (RVARS); otra para retribuir la inversión en equipos instalados en los vehículos (RVHO), y finalmente un pago por inversiones adicionales.

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A grandes rasgos, esto equivale al 7 % de cada pasaje. Basado en eso, se hicieron proyecciones de ingresos, ligadas al cronograma de implementación del SITP, lo cual garantizaba el negocio para el privado. De igual forma, como parte del contrato, se estableció que cada cuatro años revisarían la tarifa y TM contrató en diciembre de 2018 a una empresa para analizar la remuneración a Recaudo Bogotá. La conclusión: que en el componente de costos fijos e equipos se le estaba pagando de más. La recomendación fue reajustar tarifas para preservar el equilibrio del sistema y evitar trasladarles “ineficiencias a los usuarios, a través de una tarifa desajustada a la realidad”. En octubre de 2020 TM presentó demanda arbitral pidiendo declarar procedente la revisión de la remuneración y ordenar el reajuste.

Recaudo Bogotá no solo contestó, sino que contrademandó. En resumen, resaltó que producto de los líos en la implementación del SITP su empresa está al borde de la quiebra. Recordó como TM autorizó en 2012 la compra de 11.832 equipos para los buses zonales, que se suponía integrarían el sistema antes del 28 de septiembre de 2013, pero para esa fecha apenas se contaba con el 20 % de los buses previstos. “Aunque la empresa hizo inversiones, según el cronograma, no recibió rentabilidad ni recursos para amortizar la deuda”.

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Esto fue objeto de un laudo arbitral en 2016. Sin embargo, el panorama no cambió. Al contrario, dicen, se alargó. A pesar de que se suponía que en enero de 2016 terminaría la chatarrización de buses del viejo sistema de transporte, lo que hicieron en el Distrito fue implementar el SITP provisional, que extendió la coexistencia del transporte público colectivo con el SITP. Esto generó una competencia que afectó los ingresos de Recaudo Bogotá (al igual que a los demás operadores). A enero de 2018, dicen, tenía pasivos por $453 mil millones, que la llevaron a reorganización empresarial.

Por todo esto, la empresa asegura que dejó de recibir los recursos proyectados por las recargas de pasajes y una parte de la remuneración por los equipos, que compró y no se pudieron poner en funcionamiento por los retrasos del cronograma. En su contrademanda pidió reconocer los efectos en sus finanzas por la demora en la implementación del SITP, la creación del SITP provisional, la extensión de las fases 1 y 2 de TM, y el incumplimiento de la desintegración de buses en la fecha prevista.

Ante esto, solicitó a los árbitros declarar una ruptura del equilibrio financiero del contrato de concesión, entre los años 2017 a 2020, que afectó al concesionario y que, para restablecer el equilibrio, debía condenar a Transmilenio a pagarle $37.280 millones por lo que dejaron de recibir por recargas de pasajes, $26.383 millones por concepto de equipos instalados en vehículos sin utilidad, $18.925 millones por los costos en los que incurrieron al tenerse que someter al proceso de reorganización y $6.364 millones por los costos no previstos para dotar de comunicaciones a los buses articulados de las fases 1 y 2.

La decisión

Tras analizar la demanda y la contrademanda, si bien los árbitros señalaron que era procedente la revisión de la tarifa, no accedió a las peticiones de Transmilenio. Por el contrario, le dio la razón en casi todos los argumentos de Recaudo Bogotá, en cuanto a cómo las decisiones, incumplimientos del cronograma y de algunos compromisos del contrato de concesión por parte de Transmilenio afectaron a la empresa y que, como consecuencia, los ingresos que recibió fueron insuficientes para generar rentabilidad para sus accionistas y absorber las pérdidas.

Ante esto, los árbitros declararon que se generó ruptura del equilibrio financiero del contrato de concesión, entre los años 2017 a 2020, que afectó gravemente al concesionario. Y, con el fin de restaurar las condiciones al momento de celebrar el contrato y restablecer el equilibrio financiero, Transmilenio le debía pagar al concesionario parte de los ingresos no percibidos en el período comprendido entre 2017 y 2020.

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Por lo tanto, condenaron a la empresa distrital a pagar $44.056 millones (valor actualizado a 2023) por la remuneración que le correspondía a Recaudo Bogotá por las recargas de pasajes, $30.476 millones por la remuneración por los equipos instalados en vehículos sin utilidad y $1.485 millones por concepto de costas en el proceso.

Tras el fallo, Recaudo Bogotá expresó satisfacción por la decisión, en la que se reconoció el desequilibrio económico del contrato. “Es de anotar que dicho desequilibrio había forzado a Recaudo Bogotá a acogerse a la Ley 1116 de reorganización empresarial en el año 2019, para reestructurar la deuda y poder asegurar así la continuidad del servicio a la ciudad. Estos recursos concedidos por este tribunal de arbitramento serán destinados a honrar la deuda con la banca internacional que ha apoyado a Recaudo Bogotá desde el año 2013”.

Por su parte, Transmilenio solo atinó a decir que “actualmente se están analizando los términos y el alcance del laudo arbitral en sus 520 páginas, estudiando la viabilidad y procedencia jurídica de acudir a los mecanismos y/o recursos a que haya lugar, que otorga la ley. Hasta tanto se hayan agotado todas las instancias jurídicas que procedan, el sistema deberá asumir costos respecto de esta decisión. Una vez agotadas, estos costos se incorporarán en las necesidades presupuestales y se asumirán”, concluyó.

Como queda demostrado, los líos por la mala implementación del SITP no acaban. Resta esperar que los contratos que se firmen como consecuencia de las nuevas troncales queden mejor estructurados, para que la ciudad no tenga que pagar con dinero público los errores de una mala planeación.