Torre central del San Juan de Dios, monumento nacional al desencuentro
En medio del debate sobre qué hacer con el centro hospitalario está la torre central. A su alrededor, no solo se libra el choque entre el Distrito y la nación. De fondo enfrenta dos visiones: proteger su valor patrimonial versus las necesidades urgentes de atención en salud para los habitantes del centro de Bogotá.
Juan Camilo Parra
En la calle 12 con carrera 4, justo en el Mes de Patrimonio, en el Museo del Banco de la República se puede apreciar la exposición “En estado de coma”, de la artista María Elvira Escallón, un ejercicio de memoria sobre las huellas del complejo hospitalario San Juan de Dios. En ella recrea las salas de cirugía y las camas abandonadas, tal como se encontraban en la primera década de los 2000. Sobre la misma carrera 4 hay otra conexión con el histórico hospital: se cree que allí empezó su historia, en 1564, cuando no era San Juan sino San Pedro, y no quedaba en la carrera 10 con 1 sur sino detrás de la Catedral.
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En la calle 12 con carrera 4, justo en el Mes de Patrimonio, en el Museo del Banco de la República se puede apreciar la exposición “En estado de coma”, de la artista María Elvira Escallón, un ejercicio de memoria sobre las huellas del complejo hospitalario San Juan de Dios. En ella recrea las salas de cirugía y las camas abandonadas, tal como se encontraban en la primera década de los 2000. Sobre la misma carrera 4 hay otra conexión con el histórico hospital: se cree que allí empezó su historia, en 1564, cuando no era San Juan sino San Pedro, y no quedaba en la carrera 10 con 1 sur sino detrás de la Catedral.
Estas fechas y acontecimientos hoy toman relevancia en medio del viejo debate salud vs. patrimonio, que se libra alrededor del viejo San Juan. En la actualidad, en el complejo se adelantan algunas fases de restauración, desde que la Ley 735 2002 lo dispuso. Pero en general su estado es de abandono desde que cerró sus puertas, en el 2001. Desde entonces, los intentos por reabrirlo han fallado. Como el que impulsó el presidente Gustavo Petro, defensor del patrimonio del San Juan, cuando siendo alcalde de Bogotá le compró los terrenos a Cundinamarca. O el del exalcalde Enrique Peñalosa que, aprovechando la compra, dejó un contrato por $506.000 millones, para demoler y construir dos modernos hospitales.
Pero los años trajeron giros políticos y nuevos devenires para el hospital. Cuando se creía que la obra sería un hecho, a Petro lo eligieron presidente y la frenó. Primero, el Ministerio de Cultura negó los permisos al constructor, luego ordenó a sus ministros comprar (o expropiar) el complejo y, finalmente, a través de la Supersalud intervino la Subred Centro Oriente, para tener el poder de liquidar el contrato. Estas movidas, si bien despejan el camino para sus planes, dejaron a Bogotá sumida en un inmenso lío jurídico.
Por ahora, el Distrito demandó a la nación por $4,6 billones y, dependiendo del pleito con el constructor, podrían llegar más. Demoler o no demoler; las exorbitantes sumas en juego y la disparidad entre el Distrito y la nación son los actuales aspectos que reflejan, en lo que la exposición de Escallón busca retratar hoy, la desarticulación del sistema de salud, que permite el abandono de las estructuras que cimentaron la medicina en el país y a quienes se beneficiaban del San Juan.
El valor de la torre central
Miguel Ángel Pardo Cruz, historiador y filósofo de la Universidad Javeriana, resalta brevemente la importancia histórica del Hospital San Juan, que hoy concentra 24 edificaciones, entre ellas la torre central. El complejo edificó un capítulo de la historia de la medicina en Colombia tan fuerte que, incluso, podría ser fuente para hablar de la historia social del país. Es “pensar en un hospital virreinal, que atendió a los conquistadores, indígenas y esclavos libertos, cuando lo fundaron, en 1564; que albergó la ebullición de la revolución científica en los siglos XVIII y XIX, y fue símbolo de la conquista médica en el siglo XX, cuando pasó a ser el centro de investigación científica, al ocupar los predios donde está la torre central o antiguo pabellón quirúrgico, en La Hortúa.
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La torre la construyó la firma Cuéllar & Serrano Gómez en 1952 y la diseñó Domenico Parma, ingeniero mecánico de origen italiano, que trabajó por 40 años en el país y edificó grandes obras de infraestructura. “Es un estilo arquitectónico genérico del movimiento moderno, que se dio en los años 50″, explicó Diego Parra, director de Arte, Cultura y Patrimonio de la secretaría de Cultura de Bogotá. El funcionario, que encarna la posición de la actual Alcaldía ,añade que “no guarda una representatividad o singularidad arquitectónica, desde el punto de vista estético”.
Y es que no todos están de acuerdo con el valor arquitectónico que resalta el presidente Petro, a pesar de que la Ley 735 ubica a l complejo como un bien de interés patrimonial. Esta torre, de 10 pisos, tenía 50 consultorios en su primer nivel, y en sus pisos superiores había 16 salas de cirugía, unidad de cuidados intensivos para 21 pacientes y unidad renal para 11 pacientes, entre otros servicios que hoy son solo un recuerdo.
Pardo resalta su importancia “no sólo por su arquitectura, sino por haber sido pionero de la cirugía en Colombia, siendo símbolo del progreso médico y arquitectónico de la ciudad. Esta torre evoca una era en la modernización del sistema de salud y la consolidación de Bogotá como el centro médico del país”.
No obstante hoy la historia es distinta y la torre no cumpliría las exigencias con lo que se supone debería ser en el futuro: un hospital universitario, con todos los servicios que tenía. “Este es un debate entre lo patrimonial y lo técnico. Según el Plan de Desarrollo de la nación, tiene que ser un hospital universitario, pero para tener la habilitación debemos cumplir estándares de educación complejos y estrictos. Por ende, debemos hacer modificaciones fuertes. Necesitaríamos una estructura maleable”, dice Gerson Bermont, secretario de Salud.
El proyecto de Peñalosa había planteado un edificio con 312 camas y siete quirófanos, para responder a la necesidad de este sector de la ciudad, donde se requieren 5.500 cirugías al año y 11.000 atenciones en ortopedia y medicina interna, entre otras. “La torre central no cumple ninguna norma. Ahí no se podría hacer una habilitación, a menos de remodelarlo al 100 %, lo cual saldría costoso y solo se lograrían tener 30 % de los servicios. Aquí entra la discusión”, asegura Bermont.
Según argumenta el Distrito, el diseño de Parma tiene un sistema estructural denominado “reticular circular”, el cual fue innovador y bajó los costos de la construcción, “pero en los años 80 se descubrió que este sistema solo puede usarse en edificaciones de cuatro pisos y en ciertas zonas de bajo movimiento sísmico. Esta torre tiene 10 pisos y fisuras en componentes estructurales”, añade el director de Arte y Patrimonio.
Nivel a nivel
El punto de desencuentro radica en que el Plan de Manejo Especial (PEMP), instrumento creado para proteger bienes de interés patrimonial y cultural, en 2016 categorizó el complejo en tres niveles, para indicar qué se puede hacer y qué no en cada edificio. En el nivel 1 hay 15 inmuebles, lo que sustenta una conservación integral, sobre todo en ocho edificios neoclásicos, que Pablo de la Cruz plantó en el complejo en 1920. El nivel 2 contempla una “conservación tipológica”, que se debe conservar por su gran valor, pero que puede tener ciertas modificaciones. A la torre central se le asignó el nivel 3, lo que permitía su demolición, según la Resolución 995 del 2016.
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José Cuesta, concejal del Pacto Histórico, señala que el PEMP de 2016 estuvo amañado. “Ahí entra en la historia Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud, quien promovió ese proyecto y dejó en nivel 3 la torre, sin sustento”. Según el cabildante, la U. Nacional había catalogado inicialmente la torre como nivel 2 y no se podía demoler. Sin embargo, Morales le dijo a El Espectador que estudios posteriores encontraron nuevas fallas estructurales. “Lo que tenía que hacer el contratista (Copasa) era presentar un plan para demostrar que al demoler no afectarían otras edificaciones. Pero el Ministerio de Cultura puso peros, entre ellos, que el contratista debía explicar por qué demoler, a lo cual se negaron, porque estaba implícito en el objeto del contrato”.
Parra añade al debate: “El PEMP, no obstante, se ha modificado tres veces desde 2016 por diferentes necesidades del índice de ocupación y nunca el Ministerio puso en tela de juicio la valoración nivel 3 de la torre central. Esto ha sido ampliamente estudiado. Esa demolición tuvo viabilidad del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y sus expertos en dos ocasiones: 2021 y 2022″.
Pleitos y más pleitos
En casi cuatro años, el constructor, la firma española Copasa, esperó un visto bueno para empezar la obra, que comprometió $506.000 millones. Con la reiterada negativa del Ministerio de Cultura, este año la empresa llevó al Distrito a un tribunal de arbitramento para que le respondiera por $36.000 millones del tiempo en que no se movía el contrato. En la resolución de ese conflicto estaba el Distrito cuando la Supersalud intervino la Subred Centro Oriente —entidad con la que Copasa cerró el trato— y luego, el 20 de agosto pasado, lo terminó unilateralmente, decisión que celebró el presidente Petro, pero que lamentó el embajador español, abriendo otro nuevo escenario: ahora la empresa pide conciliar por cerca de $110.000 millones (23 millones de euros).
Los pleitos y escenarios varían y preocupan. El secretario jurídico de la Alcaldía enfatiza en que una primera acción que tomó el Distrito fue pedirles a la Contraloría y Procuraduría establecer si la Supersalud actuó desmesuradamente al terminar el contrato sin consultar con la administración distrital. “Había un debate político antes y ahora. La decisión del interventor nos debilita en el ejercicio de la defensa del Distrito ante la demanda que radicó el constructor ante un tribunal de arbitramento. Ahora, podrá reformar sumando la liquidación unilateral del contrato. Nos preocupa que esto termine en un tribunal arbitral internacional, el cual se desarrolla en contra de los Estados cuando los inversionistas observan actuaciones que afectan sus intereses”, dijo el secretario jurídico.
Miguel Pardo intenta reconciliar las visiones: “Equilibrar el legado y las necesidades de salud pública es un desafío que requiere una perspectiva integrada. Por un lado, es válido el argumento del Distrito sobre la urgencia de brindar servicios médicos en el centro de Bogotá y para ello son fundamentales instalaciones modernas y las tienen. Por otro lado, no se puede ignorar el valor patrimonial de la torre central. Representa el patrimonio cultural y médico, que forma parte de la identidad histórica de la ciudad y de la nación. No es gratuito que aquellos ‘escombros’ fueran declarados monumento nacional en 2002. Para lograr un punto medio, se puede considerar un enfoque híbrido, que permita la preservación de una parte, al tiempo que integra nueva tecnología y espacios clínicos”.
Mientras todo esto se desenreda pasarán años. El San Juan sigue siendo ese fantasma que aún no descansa, pero intenta sobrevivir al paso del tiempo y al abandono institucional que ahora, con el nuevo desencuentro, vuelve a aplazar la resurrección de un hospital histórico, que todavía se puede recorrer en exposiciones como “En estado de coma”, que reconstruye los pasillos verdes de la antigua torre y deja imágenes como una cama de quirófano en la cual crece un bello pasto.
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