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Después de llevar a cabo las respectivas auditorías a la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio, la Contraloría informó hallazgos fiscales por $9.228 millones en estas entidades.
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De acuerdo con el organismo de control, la cartera de Movilidad fue la entidad en la que encontraron el 55.3% del valor de los hallazgos, lo que representa $5.106 millones. Este se debe a la falta de gestión de cobro de 11.025 infracciones de tránsito impuestas entre el 2016 y 2021, las cuales habrían vencido porque no fueron cobradas.
Asimismo, encontraron que: el 6% de los comparendos analizados (11.929) no corresponden a la infracción establecida; el 40% de los acuerdos de pagos fueron remitidos sin mandamientos de pago; y el 8% de los documentos no corresponden al infractor.
En cuanto al IDU, hubo tres hallazgos fiscales por más de $2.335 millones, uno de estos es por la obra de la avenida Guayacanes, en el contrato de consultoría IDU-926-2017.
“Principalmente por incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios y diseños y valores adicionales por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra (que siguen en ejecución)”, señaló la Contraloría.
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Otro de los hallazgos en esa entidad fue por la extensión de la troncal Caracas en el tramo 1. Ya que la entidad habría “presupuestado estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato”, agregó el organismo de control.
En Transmilenio el hallazgo fiscal fue de $1.787 millones, este se encontró tras una revisión de los recursos destinados a la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios, “en realidad se invirtieron en bienes y servicios (bonos y anchetas que se les dieron a los policías) que no corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema”, dijo la Contraloría.
De acuerdo con el contralor auxiliar de Bogotá, Carlos Orlando Acuña Ruiz, “todos estos hallazgos fiscales en el sector de movilidad fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal a fin de que se adelanten las indagaciones del caso, de tal manera que se logre el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Distrito”.
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