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El 28 de junio de 1983 es una fecha clave en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país. Ese día, en las frías y conservadoras calles capitalinas, se realizó la primera marcha de personas sexualmente diversas, siendo Colombia la tercera nación de Latinoamérica en realizar este desfile, seguido de Chile (1973) y México (1975). Hoy, 39 años después y algunas victorias a cuestas, la lucha por la igualdad se mantiene.
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El histórico encuentro lo lideraron los activistas Manuel Velandia y Guillermo Cortés, desde la ‘Revista Ventana Gay’. A ellos se sumaron organizaciones clandestinas, debido al secretismo de la época, como el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gëis (así lo escribían ese año) y el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Esta procesión, por la “reivindicación de los derechos de los maricas”, inició en la Plaza de Toros de Bogotá, sobre la carrera 7ª con calle 30, y llegó hasta la Plazuela de las Nieves, en la calle 20.
Fueron 30 personas, que valientes transitaron 10 cuadras gritando consignas como: “Ni delincuentes ni antisociales, simplemente homosexuales” y “Madre, si tú amas a tu hombre, deja que yo ame al mío”. A partir de ahí, justo tres años después de la despenalización de la homosexualidad en Colombia (1980), se empezó a hablar de la diversidad sexual y a dar importantes batallas por los derechos de esta comunidad.
La lucha dio sus primeros frutos en los años 90, con la Sentencia T-594 de 1993, que les permitió a personas trans cambiar su nombre; la Tutela T-539 de 1994, que estipuló que las personas diversas no deben ser objeto de discriminación (por la censura del Consejo Nacional de Televisión a un comercial donde aparecía una pareja gay), y la Sentencia C-481 de 1998, que reconoció la homosexualidad como “orientación sexual legítima”.
Con el nuevo milenio llegaron más avances. La Sentencia C-075 de 2007 reconoció los derechos patrimoniales y de afiliación a seguridad social de las parejas del mismo sexo, y la Sentencia C-336 de 2008 determinó que las parejas homosexuales pueden ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes. En 2011 nació la Ley 1482, que sanciona penalmente cualquier acto de discriminación y, un año después, la Sentencia T-248/12 declaró como discriminatoria la restricción de no permitía donar sangre a hombres homosexuales.
En los últimos años los progresos también han sido significativos. El Decreto 1227 de 2015 permitió a las personas trans cambiar el componente sexo en los documentos de identidad; ese año la Corte Constitucional aprobó la adopción igualitaria, y en 2016 se reconoció el derecho al matrimonio igualitario. En 2018, por primera vez, una persona fue condenada por un transfeminicidio y, recientemente, la Sentencia T-033 de 2022 ordenó a la Registraduría incluir el género “no binario” en la cédula de ciudadanía.
Esta evolución, en el reconocimiento de los derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y trans, por mencionar algunas, tiene una particularidad: ha sido gracias al trabajo de los activistas que desde hace cuatro décadas se inspiraron en el hito de la primera marcha gay en Bogotá, y no a iniciativas desde el Estado, como lo resalta Andrés Forero Ordóñez, gerente de campañas de la organización ‘All Out Colombia’, movimiento global por la lucha de los derechos LGBT.
Según el líder, todas las victorias han sido reacciones a procesos jurídicos promovidos por los mismos colectivos. Dicho esto, es claro que aún hay mucho camino por recorrer, afrontando el panorama de discriminación y las enormes brechas de acceso a oportunidades que persisten contra los integrantes de la comunidad.
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Los retos en cifras
De acuerdo con la base de datos de la organización Colombia Diversa y su Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en el país, desde 1993 hasta 2021, más de 2.574 personas LGBTI han sido agredidas, la mayoría por su identidad de género u orientación sexual. En el mismo período, 1.597 fueron asesinadas. Situación que no mejora en la actualidad.
Conforme al reporte de la Defensoría del Pueblo, entre 2021 y hasta mayo del presente año fueron reportados 248 casos de violencia y discriminación en contra de esta población. En 119 de ellos las víctimas fueron mujeres transgénero. También se vieron afectados 61 hombres gais, 37 mujeres lesbianas, 14 mujeres bisexuales, 13 hombres trans, tres hombres bisexuales y una intersexual.
Según este órgano institucional, en más del 50 % de los casos se ejerció violencia psicológica, en 78 ocasiones se reportó violencia física, 59 involucraron violencia institucional, 34 representaron discriminación en espacio público, 30 escalaron a violencia sexual y 28 fueron encasillados como violencia policial, solo por mencionar algunos detalles del informe.
Haciendo frente a esta problemática, desde 2007 en Bogotá se creó la Política Pública LGBT, siendo la única ciudad con su propia política en esta materia. Más de 14 años han pasado desde su formulación y aunque han pasado cuatro gobiernos locales, para algunos integrantes de la comunidad su lenta aplicación no ha alcanzado los resultados esperados.
Según Laura Poveda, asesora jurídica del Programa LGBTI, de la organización internacional ‘Race and Equality en Colombia’, es indispensable que desde el Distrito se trabaje de manera comprometida y rigurosa por la eliminación de la segregación en todos sus frentes.
“Es clave reducir el discurso de odio y la violencia simbólica. Para ello, desde la Alcaldía se debe apuntar a la eliminación de la violencia y la discriminación, fomentando la educación en temas relacionados con diversidad y la concientización de los funcionarios públicos, para empezar”, dice la experta, quien reconoce la necesidad de aplicar un enfoque interseccional, para identificar los factores que agudizan la exclusión.
Aspecto en el que se está avanzando, según David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, quien menciona que desde su cartera, en articulación con otras dependencias, se han realizado ajustes razonables para la garantía de los derechos de esta población.
Cabe señalar que, de conformidad con el Plan de Acción LGBTI para 2021-2032, desde la Alcaldía se destinaron $280.878 millones para acciones afirmativas, como la Directiva 005 de 2021, que busca priorizar los procesos de contratación de personas gais y apoyar jornadas de cambio de sexo y nombre en documentos de identidad.
A la fecha, tal como lo indica el tablero de control de la contratación por “Talento no palanca”, estrategia del Distrito que busca vincular en igualdad de oportunidades, se ha vinculado laboralmente a 198 personas transfemeninas y a 43 hombres trans, trabajando mayoritariamente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Chapinero.
Esta iniciativa busca cambiar el escenario que reflejó el documento “Diagnóstico y recomendaciones para la inclusión laboral de los sectores sociales LGBTI”, publicado recientemente por la Secretaría de Planeación, en el cual se asevera que para enero de 2022 el 19 % de las personas LGBTI encuestadas no culminaron el bachillerato. El caso se agrava para la población trans, pues solo el 32 % habría culminado la educación media.
“Únicamente el 4 % de las personas trans entrevistadas alcanzaron educación universitaria, mientras que solamente el 1 % cuenta con posgrado. El 49 % de las personas trans no cuentan con algún tipo de formación para el trabajo y el 80 % ha sufrido alguna situación de discriminación en los procesos de empleo y contratación por su identidad de género”, menciona el estudio.
Perspectiva que corrobora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que en su más reciente encuesta nacional indica que la tasa de desempleo para la población gay es 3,2 puntos porcentuales más alta, llegando al 16,2 %, mientras que para los heterosexuales es del 13 %. Por otro lado, los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico muestran que esta población tiene 7 % menos probabilidad de ser empleados y 4 % menos de ingresos en compensación por sus servicios.
Punto en el que es clave reconocer que existe una barrera en el acceso a educación, la que termina limitando su oferta laboral. Según la “Línea base de la Política Pública LGBTI”, publicada en 2018, tan solo el 7,89 % de mujeres trans en Bogotá logran acceder a educación superior, debido en parte a que el 42,1 % de quienes transitan su género no culminan el bachillerato, entre otros motivos, porque los entornos académicos han sido hegemónicamente violentos con las diferencias.
Faceta en la que Alonzo menciona se está trabajando al garantizar que como mínimo el 1 % de los beneficiados del programa distrital de becas “Jóvenes a la U” sean personas trans. Cuestión en la que tanto el director de Diversidad Sexual como los voceros de las organizaciones ‘All Out’ y ‘Race and Equality’ aseguran que no basta con las acciones afirmativas que se hagan desde la administración.
En dicho aspecto, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, reconoce que desde el sector privado es importante que se aporte a la reducción de las brechas de desigualdad. Por ello, desde su dirección en esta institución de educación superior se creó un fondo de equidad para suplir necesidades complementarias de financiación para personas de la comunidad LGBTI, inicialmente mujeres trans, y otras poblaciones como mujeres rurales y comunidades afros.
“Como una manera de ampliar oportunidades para todes, generamos un fondo que se nutre con aportes derivados de mis conferencias a terceros, de donaciones de filantropía y de los mecanismos convencionales que tiene la universidad para apoyar la inclusión. Hemos recaudado más de $100 millones y tenemos a la fecha más de 300 personas beneficiadas, en su mayoría mujeres”, explica Baptiste, quien es la primera rectora trans de un claustro universitario.
Mucho falta aún para lograr una reivindicación plena de los derechos de la comunidad LGBTIQ en Bogotá y el país; sin embargo, llevar la conversación más allá de la celebración del mes y ubicar estos temas en la agenda pública aporta a que se respeten los derechos básicos de quienes solo quieren ser ellos mismos.
Nota relacionada: Elizabeth Castillo, la nueva subdirectora LGBTI del Distrito.
Recolectan firmas para ponerle fin a las “terapias de conversión”
De acuerdo con el Instituto Williams, de la Universidad de California, el 22 % de las personas diversas en Colombia han sido sometidas a situaciones que vulneraron su integridad con la promesa de “corregir su orientación o identidad de género”.
Dichas terapias pudieron ir desde rezos, pasando por forzosos retiros espirituales hasta incluso violaciones o electrochoques. Este panorama, desconocido para muchos, es el que quiere contrarrestar el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro, quien radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley “Inconvertibles”, el cual busca prohibir estos maltratos y que quienes los cometan sean sancionados por el delito de tortura.
Si usted está interesado en apoyar esta iniciativa, puede unirse a la recolección de firmas que está haciendo la organización ‘All Out’ por los derechos de la comunidad LGBTI en su página web.
El Distrito organiza Festival por la Igualdad 2022
Desde el 22 de junio hasta el 16 de julio, la capital colombiana disfrutará de una agenda académica, deportiva y cultural que se desarrollará en diferentes escenarios de la ciudad, en donde la diversidad, la inclusión y el orgullo homosexual serán los elementos principales.
Una programación con 49 actividades, que se realizarán durante 25 días, fue organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación. Entre los eventos se encuentran apuestas performáticas, espacios de tertulia y escenarios de capacitación en derechos humanos.
Según la Dirección de Diversidad Sexual, se busca que las personas de los sectores LGBTI puedan ser reconocidas de manera libre y que sus derechos sean garantizados, todo esto en el marco de la construcción de una sociedad inclusiva, respetuosa y orgullosa de quienes la conforman.
Encuentre la programación completa acá.
