Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Solo una investigación rigurosa podía poner al descubierto tan sofisticado entramado de corrupción, para defraudar el erario: el cartel de los recobros en salud. El fiscal Mario Montes, quien estuvo al frente del caso, logró poner al descubierto cómo funcionarios del Ministerio de Protección Social, abogados y algunas EPS participaron en un esquema para apropiarse de forma irregular de más de $20.000 millones. Si bien, en primera instancia los absolvieron, el Tribunal de Bogotá encontró mérito para condenar a los principales responsables del desfalco.
Los sentenciados fueron Claudia Patricia Rojas Puerta, coordinadora del Grupo de Análisis de Recobro de Ministerio de Protección Social; Luis Andrés Ruiz Martínez, ingeniero de sistemas de esa dependencia, y Édgar Isaías Medina, de Seak Consultores S. A. S., por los delitos de peculado por apropiación agravado, quienes tendrán que pagar 24, 23 y 16 años de cárcel respectivamente, así como multas que superan los $16.000 millones cada uno.
Adicionalmente, el tribunal les impuso inhabilidad perpetua para “ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, elegidos o designados como servidores públicos y celebrar directamente o por interpuesta persona contratos con el Estado, por haber atentado dolosamente contra el patrimonio público”. De igual forma, el tribunal solicitó a la Fiscalía analizar la extinción de dominio de los bienes de los sentenciados e investigar a exrepresentantes de EPS y exservidores del Ministerio, que habrían sido cómplices de este denominado cartel.
En la lista de los que pide investigar por peculado por apropiación y lavado de activos están Diego Fernando Perdomo Laguna; Santiago Rafael Carrascal Bermúdez, excontratista del Ministerio, y quien fue representante legal de Seak Consultores S. A. S., una de las sociedades usadas para triangular los recursos defraudados a favor de las EPS; Mario Alejandro Quintero Barrios, representante legal de QAV Consultores Asociados Ltda., y Maribel del Socorro Posada Sánchez, exfuncionaria del Ministerio, quien aparece relacionada dentro de un reparto de “utilidades”.
También a María Magdalena Flórez Ramos, representante legal de Ecoopsos; Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, representante legal de Coomeva E.P.S.; Jairo Alexsander Duarte Hernández, representante legal de Solsalud, y Guillermo Pérez Montenegro, representante legal de E. P. S. Famisanar S. A. S., quienes firmaron contratos con los intermediarios. Y finalmente a Lía Margarita María Rodríguez Sánchez, Emiliano Castro Galarza, Iván Mauricio Rojas Pinto y Ulpiano Rojas García, quienes intermediaron los recursos entregados luego a los procesados.
Esquema de corrupción
Para entender el asunto, basta una explicación. Cuando una EPS prestaba un servicio o suministraba un medicamento o procedimientos, que no estaba cubierto por el plan de beneficios en salud, radicaba una solicitud ante el Estado para desde el antiguo Fosyga asumiera los costos, bajo una figura denominada recobro. En la entidad analizaban el caso en detalle y si encontraban, por ejemplo, que a su criterio el servicio no estaba justificado, negaban el pago.
Aprovechando esa inconformidad, se montó el esquema de corrupción: la EPS acudía a intermediarios y grupos de abogados, para gestionaran el cambio de la decisión. A cambio, por sus servicios profesionales, pactaban un porcentaje del dinero que lograran “recuperar”. No obstante, iban a la fija, pues en el Ministerio de Protección Social tenían a sus cómplices, que facilitaban el trámite y aprobar el pago del recobro. Al final, las multimillonarias comisiones por los servicios profesionales, se las repartían entre los partícipes.
La investigación
La investigación comenzó cuando un informante contactó a un investigador, para entregarle información de unas personas que, entre 2006 y 2011, laboraban para el Ministerio de Protección Social y Fosyga, “quienes presuntamente defraudaban el tesoro público. Le indicó cuáles eran sus nombres, números de identificación, teléfonos y correos, también su forma de actuar y el empleo de una jurisprudencia para tal propósito. Además, le manifestó la existencia de unos correos electrónicos en los que se evidenciaba el reparto de las utilidades mal habidas”.
Para mostrarle las evidencias, fueron a un café internet, ingresó a unos correos electrónicos y le enseñó el contenido de algunos mensajes, cerró las cuentas y terminaron la conversación. Con esa información, el policial elaboró los informes y se los entregó al Vicefiscal General de la Nación. El 11 y 14 de esos mes y año, asistió a unas audiencias ante jueces de garantías para efectuar el control previo y posterior de recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos.
En el primero de los documentos, reseñó que la fuente humana le informó que Rojas Puerta, como coordinadora del Grupo de Análisis de Recobro del Ministerio de Protección Social era la encargada, “dentro del grupo criminal, de solicitarle a los representantes de las EPS comisiones del 4 % para acceder al pago de recobros por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS- que no fueron autorizados por el consorcio del Fosyga. Para tales actividades empleaba un correo electrónico y varios teléfonos celulares. Por su parte, Ruiz Martínez, quien trabajaba para la coordinadora, era el encargado de agilizar los pagos.
“También participaron Édgar Isaías Medina Millán, Héctor Orlando Forero Reyes y Héctor Mauricio Durán Poveda. El primero laboraba en QAV Consultores Asociados Ltda. y gestionaba con las EPS la conciliación de unos pagos, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional T-208 de 2008. Por su parte Forero laboraba como administrador de recobros del ECAT del ministerio y Durán como intermediario entre las EPS y la entidad pública”, dice la sentencia.
Llegó a tal punto que, según la investigación, los procesados a través de correos electrónicos “discutían la generación de nuevos negocios con las entidades promotoras de salud, pues en su portafolio ilegal tenían previstos otros servicios diferentes de los recobros, que también involucraban los recursos del Fosyga, como quedó en evidencia con unos mensajes del 3 de noviembre de 2008 en el que conspiraron acerca de otros negocios que lograrían con la subcuenta de enfermedades catastróficas y accidentes de tránsito – ECAT – y especularon sobre de la gran fortuna que obtendrían. Hablaban de las EPS como “nuestro cliente”.
Todo esto ocurrió entre 2009 y 2010. Los exfuncionarios del ministerio, “con memorandos y notas internas, gestionaron irregularmente el pago de recobros por concepto de prestación de servicios y entrega de medicamentos y tecnologías que no estaban cubiertos en el plan de beneficios en salud, los cuales habían sido glosados por el Consorcio Fidufosyga 2005 y su decisión era la de no pagarlos o de hacerlo sólo parcialmente”, explica la sentencia.
Y agrega, lo hicieron “careciendo de competencia para hacerlo y sin atender los controles de auditoría efectuados por el Consorcio Fidufosyga 2005, con los que certificaban los recobros para que fueran autorizados los giros con destino a las EPS interesadas… Luego entregaban parte de lo percibido a los funcionarios involucrados. Tales participaciones -comisiones- fluctuaban entre el 4 % y el 6 %. Las compañías se comprometían con las EPS a tramitarles la recuperación de recursos y les sugerían respuestas para las glosas, que eran conocidas por los empleados del ministerio, Rojas Puerta y Ruiz Martínez”.
Los pagos
La policía judicial analizó 14.582 solicitudes de recobro radicadas por las EPS Salud Colpatria S. A., Ecoopsos, Coomeva, Solsalud y Famisanar, respecto de las cuales se estableció que 10.910 presentaban algún tipo de novedad que impedía su cancelación, tal como lo había señalado con anterioridad el administrador de los recursos del Fosyga. Sin embargo, como lo expuso en su momento el fiscal Mario Montes, se identificaron los casos en los que participaron los hoy condenados, con los recobros pagados y las comisiones para el intermediario.
Por ejemplo, Ecoopsos logró que le pagaran recobros por $283 millones, de los cuales pagó a Medina Millán, representante de QAV Consultores Ltda., una comisión de $19 millones; a Coomeva EPS le pagaron seis recobros, que sumaron $8.000 millones, de los cuales pagó al intermediario $210 millones; Salud Colpatria le consignaron $1.163 millones y pagó $70 millones de comisiones; Solsalud hizo lo propio, logrando pagos por casi $2.197 millones y pagando comisiones por $205 millones; Famisanar le consignaron $4.348 millones, pagando $614 en comisiones a Seak Consultores.
El juicio comenzó en diciembre de 2011 y por este caso se beneficiaron con principio de oportunidad Héctor Mauricio Durán Poveda y Jhon Carlos Lamus Rodríguez, quienes colaboraron con la justicia. El proceso continuó contra los hoy sentenciados y se extendió por nueve años, hasta 2020, cuando un juzgado especializado los absolvió. La razón: argumentó el juez que las pruebas recaudadas, como correos e interceptaciones, se habían logrado trasgrediendo el derecho a la intimidad.
Esto puso en jaque la investigación, pues pese a la gravedad de los hechos, se había cometido un error de procedimiento, pues cuando el investigador observó los correos que le mostró el informante y que fueron la base del primer informe, lo hizo sin orden judicial. No obstante, tras el fallo de primera instancia, tanto el fiscal como el ministerio y el Fosyga apelaron la decisión, por lo que el caso llegó a manos del tribunal de Bogotá, que finalmente les dio la razón.
“Los comportamientos bajo estudio conculcaron, sin que aparezca demostrada causal alguna de ausencia de responsabilidad, la administración pública, pues desconocieron el deber de respetar el recto ejercicio de sus funciones y, con el propósito de obtener unas ganancias ilícitas, se organizaron entre ellos con el fin de atentar contra los recursos del Fosyga. Los enjuiciados son imputables como se deduce de la conducta que de ellos se probó, conocían la antijuridicidad de su accionar”, dice la sentencia. Contra el fallo procede recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia.
