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Tras años de lucha, finalmente la familia de Sergio Urrego obtuvo justicia, pues este miércoles el Tribunal de Bogotá ratificó la condena a Amanda Azucena Castillo, exrectora del Gimnasio Castillo Campestre, quien fue hallada responsable de los delitos de falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Aunque en la audiencia del pasado viernes 30 de abril la Fiscalía pidió la máxima pena contra la exrectora: 132 meses (11 años) de condena y 502 salarios mínimos de multa, el tribunal decidió bajar la condena de Castillo a ocho años y ocho meses, con beneficio de casa por cárcel. También tendrá que pagar 500 salarios mínimos vigentes.
La familia de Sergio Urrego agradeció pues, como hubo dilaciones en el proceso, había riesgo de que el caso prescribiera, pero finalmente la condena fue ratificada y se evitó esa posibilidad. “¡Hoy se marca un nuevo precedente para que casos como el de Sergio no se repitan en el país y la región! Hoy la justicia colombiana le dice a la sociedad que ningún niño o joven puede ser discriminado por su orientación sexual o identidad y expresión de género”, manifestó la fundación Sergio Urrego en Twitter.
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Amanda Azucena Castillo Cortés fue rectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre cuando Sergio Urrego cursaba el bachillerato. En la investigación se demostró que la procesada realizó actos de discriminación contra el adolescente por ser homosexual y, una vez el joven falleció, intentó ocultar la verdad alterando y escondiendo pruebas; así mismo, que presionó a la pareja del estudiante para que denunciara por acoso sexual a Sergio.
Esta falsa denuncia se puso después de que el Gimnasio Castillo Campestre iniciara un proceso disciplinario contra Urrego por besarse con su novio en las instalaciones del colegio. Hecho que terminó en que el menor fue obligado a contarle a sus padres sobre su orientación sexual y a asistir a un psicólogo para volver a clases.
Esta condena es la tercera en el caso de Sergio Urrego luego de que la exveedora de la institución, Rosalía Ramírez, aceptara los cargos por discriminación y ocultamiento de pruebas en 2016 y de que la expsicóloga del colegio, Ivonne Cheque, lo hiciera por los delitos de discriminación y falsa denuncia en 2017.
