El ciudadano Camilo Araque Blanco, presentó una demanda contra el ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Alcaldía de Bogotá, la secretaría de Hacienda y el Concejo de Bogotá, invocando la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, presuntamente vulnerados por los accionados, al asignar de manera automática esquemas de seguridad a los 45 cabildantes, sin exigirles acreditar la existencia de un riesgo extraordinario o extremo, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio interadministrativo N.° 240467, suscrito entre la UNP y la secretaría de Hacienda.
Aunque en primer lugar el Tribunal de Cundinamarca inadmitió la demanda y ordenó a Araque corregirla en cuanto detallara de forma clara y precisa cuáles son las omisiones incurridas, sus pretensiones y allegar constancia de la demanda a los accionados, el demandante precisó que “la UNP era responsable de asignar esquemas de seguridad, sin que los concejales hubieran demostrado de forma individual, suficiente, real y verificable la existencia de un riesgo extremo en su contra, como lo exigen los Decretos 4065 de 2011, 1066 de 2015 y 1139 de 2021″.
Asimismo, señaló a la Alcaldía “por comprometer y asumir recursos públicos” y al cabildo distrital por “permitir que sus miembros gocen de esquemas de seguridad sin siquiera acreditar la existencia de un riesgo extraordinario o extremo en su contra”.
El magistrado César Giovanni Chaparro, justificó la admisión de la demanda en primera instancia, en cuánto a que “el demandante no pretende controvertir la legalidad de ningún contrato o acto administrativo, sino la forma en la que se están realizando los estudios de seguridad.
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¿Qué pide el demandante?
Camilo Araque Blanco indicó en su demanda, que parte de sus pretensiones es que el Tribunal obligue a los demandados, se abstengan de asignar de forma automática esquemas de seguridad a los 45 concejales de Bogotá, “medida que también aplica para quien ocupe el cargo de secretario o cualquier otro funcionario que goce de este privilegio”.
Como consecuencia de ello, Araque pidió se realicen nuevos estudios de seguridad de los concejales, y solo a partir de la existencia real y verificable de un riesgo extremo, se asignen los esquemas de seguridad o medidas de protección. De igual forma, se suspenda cualquier contrato que disponga lo contrario “y que estos recursos públicos (tanto dineros, aportes, vehículos, personal de seguridad y armamento) sean invertidos y utilizados en otras necesidades más apremiantes de los ciudadanos”, sentenció el demandante.
De esta manera, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Alcaldía de Bogotá, la secretaría de Hacienda y el Concejo de Bogotá, fueron notificados y disponen de 10 días para contestar la demanda y solicitar la práctica de las pruebas que pretenden hacer valer en el proceso.
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