Tribunal de Cundinamarca pide protocolo “exprés” para el paro nacional del 21 de octubre

Tras conocerse el nuevo fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al protocolo que debe preparar el Distrito y el Gobierno Nacional para las protestas sociales, con el fin de que no exista una vulneración de derechos en las jornadas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reiteró su compromiso por implementarlo y celebró que, durante el mismo fallo, el tribunal dijera que durante las movilizaciones de septiembre, la administración distrital sí respetó los derechos de los protestantes.

Lea: Organizaciones convocan a paro nacional el 21 de octubre

Hace una semana, la alcaldesa había pedido al Tribunal más claridad frente a los lineamientos a corto, mediano y largo plazo que debe tener el protocolo y, además, solicitó 60 días para entregarlo, pues según la mandataria, se trata de un protocolo con varios temas a tener en cuenta, como el manejo de la fuerza pública durante las manifestaciones y el manejo de armas de los policías.

Lea: Avanza la creación de protocolos para protestas con participación de organizaciones sociales

Pero como ya se tiene una nueva convocatoria de paro nacional para el próximo 21 de octubre en el país, el tribunal pidió hacer un protocolo “exprés” que ya esté implementado para ese día. Así las cosas, el Gobierno nacional y el Distrito tienen 19 días para entregar dichos lineamientos.

“Quiero reiterar nuestra total disposición para trabajar de la mano, como lo ordena el fallo, de la mano del Gobierno nacional. Tenemos que encontrar dos cosas: un protocolo que garantice la protesta social, no que la limite y que evite o sancione las infiltraciones en las protestas como los abusos que puedan darse por parte de la fuerza pública”, fueron las palabras de Claudia López.

Además, la mandataria celebró que el tribunal hubiese reconocido que, desde la Alcaldía de Bogotá, se respetaron los derechos humanos durante las protestas del mes pasado, con motivo al asesinato de Javier Ordóñez.

“Quiero agradecer que en este nuevo fallo se reconoce que la Alcaldía de Bogotá ha trabajado y cumplido en un protocolo de regulación de la protesta social que garantice que ese derecho se ejerce sin ninguna estigmatización, sin violar los derechos humanos, todo lo contrario, los estamos protegiendo”, dijo la mandataria.

Lea: Las reglas de juego de las protestas

Hasta hace dos días, el Distrito y organizaciones sociales se reunieron para concretar la elaboración de la propuesta, que se defenderá en la mesa de trabajo que adelanta con el Gobierno Nacional.

En materia de acciones preventivas, la Secretaría de Gobierno propone la creación de una subcomisión técnica permanente, que le haga seguimiento a la aplicación del protocolo, en la que participen las organizaciones y se pueda evaluar la aplicación efectiva del protocolo. Para este mismo fin, sugiere fortalecer los canales de quejas y denuncias a las actuaciones de los uniformados de la Policía durante la protesta.

Por otra parte, piden que exista un protocolo que garantice la debida conducción de las personas que sean trasladadas por protección durante una protesta y revisar las armas de baja letalidad que tiene la Policía para limitar su uso y determinar cuáles de ellas se pueden prohibir en la ciudad.

Otra de las propuestas es la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por gestores de dialogo social de la Secretaría de Gobierno y miembros de la Policía que trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo para que haya una salida pacífica en las manifestaciones.

Tras conocerse el nuevo fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al protocolo que debe preparar el Distrito y el Gobierno Nacional para las protestas sociales, con el fin de que no exista una vulneración de derechos en las jornadas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reiteró su compromiso por implementarlo y celebró que, durante el mismo fallo, el tribunal dijera que durante las movilizaciones de septiembre, la administración distrital sí respetó los derechos de los protestantes.

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Hace una semana, la alcaldesa había pedido al Tribunal más claridad frente a los lineamientos a corto, mediano y largo plazo que debe tener el protocolo y, además, solicitó 60 días para entregarlo, pues según la mandataria, se trata de un protocolo con varios temas a tener en cuenta, como el manejo de la fuerza pública durante las manifestaciones y el manejo de armas de los policías.

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Pero como ya se tiene una nueva convocatoria de paro nacional para el próximo 21 de octubre en el país, el tribunal pidió hacer un protocolo “exprés” que ya esté implementado para ese día. Así las cosas, el Gobierno nacional y el Distrito tienen 19 días para entregar dichos lineamientos.

“Quiero reiterar nuestra total disposición para trabajar de la mano, como lo ordena el fallo, de la mano del Gobierno nacional. Tenemos que encontrar dos cosas: un protocolo que garantice la protesta social, no que la limite y que evite o sancione las infiltraciones en las protestas como los abusos que puedan darse por parte de la fuerza pública”, fueron las palabras de Claudia López.

Además, la mandataria celebró que el tribunal hubiese reconocido que, desde la Alcaldía de Bogotá, se respetaron los derechos humanos durante las protestas del mes pasado, con motivo al asesinato de Javier Ordóñez.

“Quiero agradecer que en este nuevo fallo se reconoce que la Alcaldía de Bogotá ha trabajado y cumplido en un protocolo de regulación de la protesta social que garantice que ese derecho se ejerce sin ninguna estigmatización, sin violar los derechos humanos, todo lo contrario, los estamos protegiendo”, dijo la mandataria.

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Hasta hace dos días, el Distrito y organizaciones sociales se reunieron para concretar la elaboración de la propuesta, que se defenderá en la mesa de trabajo que adelanta con el Gobierno Nacional.

En materia de acciones preventivas, la Secretaría de Gobierno propone la creación de una subcomisión técnica permanente, que le haga seguimiento a la aplicación del protocolo, en la que participen las organizaciones y se pueda evaluar la aplicación efectiva del protocolo. Para este mismo fin, sugiere fortalecer los canales de quejas y denuncias a las actuaciones de los uniformados de la Policía durante la protesta.

Por otra parte, piden que exista un protocolo que garantice la debida conducción de las personas que sean trasladadas por protección durante una protesta y revisar las armas de baja letalidad que tiene la Policía para limitar su uso y determinar cuáles de ellas se pueden prohibir en la ciudad.

Otra de las propuestas es la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por gestores de dialogo social de la Secretaría de Gobierno y miembros de la Policía que trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo para que haya una salida pacífica en las manifestaciones.