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Ángela* tenía nueve años cuando su tío paterno la habría violado por primera vez. Producto del abuso sistemático, en julio de 2019, con apenas 12 años, quedó en embarazo y dio a luz a un niño. Hoy tiene 15 años y en los últimos dos ha tenido que aprender a ser mamá. Su hermana, dos años mayor, también fue víctima del mismo hombre. Ella no quedó embarazada, pero vivió a la par las aberraciones del sujeto, que tiene 35 años y hoy está en La Picota, acusado por acceso carnal con menor de 14 años. A pesar de que hay un bebé, que validaría el delito, y contundentes relatos, el acusado se declaró inocente.
El proceso está próximo a empezar juicio, pero está marcado por los tropiezos, aplazamientos, demoras en la toma de pruebas de ADN, amenazas y hasta atentados contra la principal denunciante y las víctimas. Hay agotamiento físico y mental, y por eso Ángela algunas veces solo quiere desaparecer con su familia, para nunca más tener que soportar la “ausencia de justicia” y las miradas que la juzgan cuando cuenta que es mamá.
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En el primer trimestre de este año, el abuso sexual a niños en el país aumentó 9,5%, en comparación con el mismo período de 2021, según la Defensoría del Pueblo. Las cifras del Grupo de Representación Judicial de Víctimas, de la Defensoría Pública de la entidad, muestran que entre enero y marzo recibieron 1.178 poderes para representar a menores de edad víctimas de abuso. A la fecha, ese grupo lleva 48.079 procesos similares.
Lo entregó la esposa
María comenzó una relación con J. Hernández, tío de las niñas, a mediados de 2016. Dos años más tarde notó los primeros indicios de abuso. Ocurrió en una finca familiar, en San José del Guaviare, en donde vivía, además, con su cuñado, las dos niñas y su suegra. “Las niñas (Ángela y su hermana) terminaron durmiendo con nosotros, pero no me gustaba. A finales de 2018 entré a la habitación y estaba mi compañero, en ropa interior, en la cama, con la niña menor al lado. Desde entonces sospeché”, cuenta.
Fue cuestión de días y repetidos episodios similares, para que María diera por terminada la relación. Le parecía insólito que “el papá de las niñas y hasta la abuela permitieran esos acercamientos”. Con una corazonada de que existía abuso sexual, llegó en 2019 a Bogotá para alertar al ICBF, pero como no tenía pruebas, la denuncia no prosperó.
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A finales del 2019, J. Hernández llegó a la capital a buscar a María, para pedirle que volvieran, pero ella se negó, basada en sus sospechas del posible abuso. Un año después la buscó de nuevo, pero para pedirle ayuda: necesitaba un abogado. “No sabía bien qué pasaba, pero lo contacté con un conocido. Ellos hablaron y al otro día el abogado me dijo: ‘yo a un tipo de esos no lo defiendo. No voy a defender a un abusador’. Confirmé mis sospechas”, agregó la mujer.
Todo indica que, cuando el sospechoso llegó a Bogotá, estaba huyendo, luego de que se confirmó que la menor de sus sobrinas estaba embarazada. Hernández estuvo escondido casi año y medio, hasta que, en julio de 2021, un investigador de la Policía contactó a María. Como el hombre de vez en cuando se comunicaba con ella para pedirle favores, esa habría sido la carnada para llegar a él y hacer efectiva la orden de captura, que emitió la Fiscalía desde Guaviare, respaldada no solo en el relato de las víctimas, sino de otros testigos.
“Él trabajaba como prestamista y pude averiguar su recorrido. Entonces, el 13 de julio de 2021, me fui a buscarlo. En la Policía me dieron un número y me dijeron que apenas lo viera, les avisara. Estaba en la localidad de Kennedy cuando lo capturaron. Después se lo llevaron para La Picota”, dijo la mujer, quien por haber denunciado este caso, sufrió un atentado frente a su casa. “Me dicen que por denunciar a ese señor y por estar ‘molestando’ me pueden matar”, agregó.
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Las pruebas que no han tenido en cuenta
El bebé, producto de las violaciones sistemáticas, tenía casi un año cuando capturaron al sospechoso y en su momento no se contempló una prueba de ADN para sumarla al material probatorio. Hoy el bebé está por cumplir dos años y cuatro meses. A pesar de que las pruebas de sangre ya se tomaron, al parecer los resultados siguen sin conocerse. Dice la abuela materna del niño que las autoridades han puesto muchos peros para revelar el resultado y cumplir con las audiencias.
Para el pasado 21 de julio estaba programada la audiencia de juicio oral, pero la ausencia de una de las partes obligó a un aplazamiento. La mamá de las víctimas, quien iba a estar presente por primera vez en una de las diligencias de este proceso, hoy desconoce la nueva fecha. “Esto ha sido difícil. Tuve que trasladarme de ciudad, porque estábamos siendo perseguidos, al parecer por conocidos de ese tipo (J. Hernández). Mis hijas, ambas víctimas, en ningún momento han recibido acompañamiento de las autoridades. Ellas han tenido que afrontar esto solas, porque la justicia no cumplió”, agrega la mamá de las jovencitas afectadas.
Según han podido conocer las víctimas, la defensa de J. Hernández quiere demostrar que la niña no es familiar de su cliente, para luego trabajar en una supuesta teoría de que Ángela y el procesado habrían tenido relaciones consensuadas. Frente a esto, los denunciantes dicen que la menor sí es sobrina legítima del agresor y que “no hubo ningún acuerdo”, porque las presuntas violaciones habrían sucedido desde que ella tenía nueve hasta que quedó embarazada. Además, cualquier relación sexual con una menor de 14 años es delito.
Desterradas, cargando una experiencia que las hace sentir culpables y con la obligación de cuidar una nueva vida, así van Ángela, su bebé, su hermana y su mamá, quienes saben que la justicia seguirá tardando y que probablemente allá en su tierra natal haya más víctimas de Hernández, de quien esperan tener noticias solo cuando sea condenado.
*Nombre cambiado por protección de la menor de edad.