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La Procuraduría General de la Nación realizó un ultimátum a la Secretaría de Ambiente de Bogotá (SDA) para que esta entidad avance en los procesos sancionatorios iniciados a los responsables de las obras en cemento en el humedal Juan Amarillo, ubicado entre las localidades de Suba y Engativá.
Cabe recordar que esta intervención inició durante la administración de Enrique Peñalosa, cuando se modificó la política de humedales y se abrió la puerta a obras “duras” como senderos, ciclorrutas, alamedas y un puente en la parte sur del humedal.
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Sin embargo, en septiembre de 2020, tras alertas y peticiones ciudadanas, la Secretaría de Ambiente, en cabeza de una nueva administración y bajo la dirección de Carolina Urrutia, encontró que algunos de los tramos de las obras no contaban con las autorizaciones ambientales correspondientes y que estaban fuera de los permisos de ocupación de cauce otorgados.
#EsNoticia @Ambientebogota debe resolver procesos sancionatorios por presuntas afectaciones y violaciones a normas de protección ambiental del humedal Juan Amarillo. @PGN_COL hace último y reiterado llamado a cumplir con su deber como autoridad ambiental. https://t.co/HmdfVppPkW pic.twitter.com/MJ60UQfxpB
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 2, 2023
De esta manera, el Acueducto de Bogotá, entidad a cargo de las obras, y los contratistas si se evidencia infracciones ambientales, pueden recibir multas de hasta 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes diarios, además de la imposición de mecanismos de reparación en las zonas afectadas por el humedal.
“Sin embargo, han pasado tres años desde el inicio de procesos sancionatorios, a la fecha no se han resuelto de manera definitiva, situación que, sin duda alguna no demuestra una autoridad ambiental comprometida con el cumplimiento de sus cometidos de proteger, administrar y regular el medio ambiente como bien jurídico del estado”, indicó la Procuraduría.
De esta manera, el ente de control realizó un “último y reiterado” llamado a la SDA imponer sanciones contra la EAAB y los contratistas por la ejecución de obras no contempladas en dichos instrumentos de control ambienta y la poca participación de la comunidad.
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