“Un secuestro tiene otra intención”

Cecilia Orozco Tascón.- Analistas sostienen que el Gobierno nacional sustituyó al  distrital en el manejo del orden público cuando el Presidente asumió el control del campus de la Universidad Nacional al ordenarle a la Policía Antidisturbios (ESMAD) entrar a rescatar al rector Moisés Wasserman de los estudiantes ¿Usted cree lo mismo?

Secretaria de Gobierno del Distrito Clara López Obregón.- El régimen constitucional prevé lo que podría denominarse una carta de derechos para fijar la autonomía de las entidades territoriales, que se inicia con el derecho a que éstas se gobiernen con autoridades propias dentro de los límites que la ley les da. En la Constitución hay dos normas que deben conjugarse. Una de ellas es que el alcalde es la primera autoridad de Policía en su territorio y, en esa condición, debe dirigir el sistema de seguridad  y de convivencia dentro de la ciudad. Y la otra, es la que establece que el Presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas y que él tiene la potestad de dirigir el orden público cuando se trate de asuntos que afectan la seguridad nacional. Se trata de armonizar las dos competencias.

C.O.T.- En el caso concreto de la Nacional no parecía afectarse la seguridad nacional y usted ha dicho que no estuvo de acuerdo con el ingreso del ESMAD al campus ¿Por qué?

C.L.O.- Porque el Distrito intervino a tiempo y con prudencia e incluso para hacerlo, contó con las directivas de la universidad. Actuamos con respeto por la autonomía de la Nacional y coadyuvamos al proceso de negociación y mediación para que la retención del rector se terminara calmadamente. Cuando se dio la orden de ingreso de la fuerza pública al campus, ya había cesado la perturbación; se había llegado a un acuerdo con los estudiantes y el señor rector estaba sentado en la silla de su despacho. En otras palabras, no era necesaria la intervención de la policía.

C.O.T.- ¿La Alcaldía cree que un problema de orden público dentro de la universidades de Bogotá debe ser solucionado por el Gobierno distrital?

C.L.O.- En el caso concreto del incidente de la Nacional, sí. Nosotros sabíamos que podíamos manejar el problema y así fue. Sin embargo, somos conscientes de que algunos disturbios en los campus podrían desbordar el ámbito local o sin hacerlo, ameritar el uso de la fuerza. Entendido así, se justificaría la intervención de autoridades del orden nacional. Pero el tema de seguridad no puede ser abordado únicamente bajo una mirada abstracta y de carácter general. Hay que atender a las especificidades de cada situación. Examinados los hechos ocurridos en días pasados, considero que éstos eran de competencia local.

C.O.T.- ¿El Gobierno distrital fue consultado por el Gobierno nacional cuando la Policía iba a ingresar al campus?

C.L.O.- Consultado no, informado. Y en cuanto lo supimos, fuimos muy explícitos en solicitar institucionalmente que se revocara la orden por las razones que ya comenté. Cuando se hizo esa solicitud, la respuesta que nos dieron fue que al director (e) de la Policía Nacional se le habían impartido órdenes superiores.

C.O.T.- Según sus respuestas, la autoridad local sí fue sobrepasada.

C.L.O.- Sí. En esos momentos entró a regir el mandato nacional y quedó por fuera el mandato local.

C.O.T.- ¿Hubo tensión entre Gobierno nacional y distrital?

C.L.O.- La situación fue de mucha tensión pues nosotros éramos conscientes de que ése evento era manejable pero no podíamos evitar la orden del ámbito nacional.

C.O.T.- Para usted ¿Prima el principio de autonomía universitaria dentro del campus, entendida como que éste no debe ser ‘pisado’ por fuerzas militares o policiales, o prima el principio de seguridad?

C.L.O.-  Existe una larga tradición de que los campus universitarios le están vedados a la fuerza pública en el sentido de que dentro de ellos no se reprime la inconformidad  y se acepta el ejercicio de la expresión libérrima por tratarse de claustros de pensamiento. Por nuestra parte, respetamos y compartimos la autonomía universitaria. Eso no quiere decir que no entendamos las excepciones, si están justificadas. Por ejemplo, si hubiese estado en peligro la integridad física del rector, habríamos solicitado la intervención policial. Como le dije antes, esos temas solo se pueden apreciar en el terreno y por eso dar órdenes abstractas, sin atención a las circunstancias particulares, puede originar confusiones y evitar el manejo razonable de los conflictos.

C.O.T.-  La policía que entró a la universidad ¿Actuó como una fuerza de choque o como una de convivencia, tal como lo ordena la Constitución del 91?

C.LO.- No debe desconocerse el poder disuasivo de la fuerza pública. El uso de la fuerza pertenece a la  esencia de la doctrina policial y busca atacar las amenazas. Pero su respuesta debe ser de carácter proporcional y tiene que estar dirigida solo al agresor para poner a salvo a terceras personas no implicadas. El uso de la fuerza es de manejo delicado si no es puntual porque en las aglomeraciones urbanas se dificulta distinguir a los  agresores. Así pasó en la Nacional: habiendo ingresado cuando el problema ya estaba resuelto, era imposible que la fuerza pública supiera quién estuvo promoviendo el desorden.

C.O.T.- Su opinión: la retención del rector dentro de su vehículo por un grupo de estudiantes ¿Era un ‘tumulto’ como dice la norma policial o era un secuestro y como éste es un delito, se justificaba la detención e iniciación de proceso judicial de 22 estudiantes capturados por la policía?

C.L.O.- Para mí un secuestro tiene una intención distinta a la que movía a los estudiantes que participaron en ese acto. Ellos hicieron un reclamo de manera equivocada y acudieron a métodos que deben superarse. Pero de ahí a tratar de configurar con lo que sucedió, un secuestro, hay una distancia enorme.  Es tratar de convertir una exigencia que estaban haciendo unos muchachos presionando al rector para que iniciara un diálogo con ellos, con un hecho que solo cometen delincuentes avezados.

C.O.T.- ¿Cree que se justificaba la captura de la veintena de personas que retuvo inicialmente la policía o fue un exceso de autoridad? Hay que tener en cuenta que podía haber infiltrados.

C.L.O.- Sí, pero fíjese que en una intervención a posteriori, como la que hizo la policía, es complicado saber a quién se está arrestando y creo que eso fue lo que dificultó el manejo judicial de las capturas.

C.O.T.-  ¿Hubo algún funcionario distrital dentro del tumulto tratando de calmar los ánimos o la intervención de ustedes fue telefónica?

C.L.O.-  En el sitio estuvo presente el equipo de gestores de convivencia y un funcionario de la Secretaria de Gobierno que coadyuvó en la mediación entre las autoridades universitarias y los estudiantes. Ése es un procedimiento que practicamos en todos los conflictos de carácter social que se presentan en la ciudad. Tenemos un grupo de carácter preventivo cuyos miembros se denominan gestores de convivencia. Ellos entran a actuar, por ejemplo, en las grandes marchas que se realizan en Bogotá. No hay improvisaciones en esa materia: mientras protegemos la libertad de expresión de las distintas tendencias que hay en una sociedad pluralista como ésta, tratamos simultáneamente de que la gente, en el ejercicio de su derecho de protesta, no desborde los canales de la legalidad. También hay que hacer la distinción entre la comisión de delitos y  contravenciones y la manifestación simple de una inconformidad ciudadana. Desde nuestra óptica, darles a ambas expresiones el mismo tratamiento, es equivocado.

C.O.T.- ¿La alcaldía de Bogotá ha sido desconocida  por la autoridad nacional en otro tipo de temas?

C.L.O.-  Lo sucedido en  la Nacional indica que definitivamente hay diferencias de criterio y de apreciación entre el Gobierno nacional y el distrital y también ha habido otro tipo de casos en que no hemos estado de acuerdo, aunque no de orden público. Por ejemplo, el que se presentó con una licencia de construcción que concedió un curador para una urbanización en la zona norte de la ciudad, en un sector que todavía no ha sido urbanizado y que está en proceso de reglamentación integral. Allí hay unas decisiones del Ministerio del Medio Ambiente que sustraen determinaciones que  constitucionalmente les competen a las autoridades locales. Pero eso no quiere decir que los disentimientos sean generales pues hemos trabajado bien en algunas circunstancias y lugares.

C.O.T.- No cree que para el Gobierno distrital será muy difícil defender sus competencias porque cuando el Presidente lo considere, asumirá los casos, y ustedes tendrán que conformarse.

C.L.O.- Hay que hacer una interpretación integral de la Constitución porque las lecturas parciales podrían conducir a un vaciamiento total de las competencias locales. Cuando los temas son locales, deben ser resueltos por las autoridades de este orden y no deberían ser reemplazadas  por los entes nacionales.

C.O.T.- ¿Cuál fue el balance de orden público durante la marcha estudiantil que llegó a la Plaza de Bolívar hace unos días? 

C.L.O.- Esa fue una demostración de cómo se deben hacer las marchas: una movilización masiva sin ningún incidente. Vinieron estudiantes de varias universidades del país y participaron centros educativos de Bogotá de manera ordenada. Llenaron la Plaza de Bolívar y demostraron una capacidad de convocatoria muy importante.

C.O.T.- No hay que desconocer que hay provocadores que se mezclan con los estudiantes para generar disturbios y ya se han visto algunos. ¿La alcaldía está preparada para las protestas?

C.L.O.- A la universidad la han estigmatizado con frecuencia, y han tratado de resolver las situaciones que se presentan con los estudiantes con el uso de la fuerza y sin mucho diálogo. Tenemos que escuchar a quienes se manifiestan sanamente y tratar, al mismo tiempo, de aislar a los provocadores que quieren pescar en río revuelto. Uno no puede tampoco pasar de inocente pues en todas partes se cuecen habas.