Una mala decisión sobre el fallo de Doña Juana traería graves consecuencias: Veeduría
La entidad señala que, además de que los bogotanos tienen un sistema de disposición de basuras de baja calidad, una decisión negativa sobre el fallo del pleito de Doña Juana podría condenar a Bogotá a pagar 1.2 billones de pesos al concesionario CGR por una retroactiva y supuesta insuficiencia financiera, asimismo, aumentaría el plazo de la concesión por 10 o 15 años más.
Después de que se aplazara del 30 de marzo al 11 de abril, la audiencia en la que el Tribunal de Arbitraje, definiría el fallo sobre el pleito billonario entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Veeduría Distrital de Bogotá se pronunció.
Leer: Aplazan audiencia para definir billonario pleito entre CGR y UAESP, por Doña Juana
La entidad advirtió una serie de consecuencias que traerían el resultado de tomar una decisión negativa para la ciudad. “Se condenaría al Distrito capital a pagar 1.2 billones de pesos al concesionario CGR por una retroactiva y supuesta insuficiencia financiera, a pesar de que dentro del contrato el operador tuvo la responsabilidad de gestionar el riesgo tarifario y de adelantar la solicitud de modificación de la remuneración ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”, señaló la Veeduría.
Asimismo, afirmó que las tarifas que se le cobran a los ciudadanos y a empresas podrían aumentar. Otra de las consecuencias que advierte la entidad, es que aumentaría el plazo de la concesión por 10 o 15 años más, “generando mayor incertidumbre sobre el futuro de la disposición de basuras para Bogotá y los municipios que se benefician del Relleno Sanitario Doña Juana, pasando, además, por encima de los estudios que señalan que la vida útil del relleno está llegando a su fin”.
Para la Veeduría, los habitantes de la capital siguen contando con un servicio de disposición final de basuras de baja calidad, “siguiendo con la tecnología de enterramiento, la cual genera altos índices de gases de efecto invernadero, deterioro de la calidad ambiental urbana y salud pública, producción de lixiviados o residuos líquidos y carga contaminante al río Tunjuelo”.
Podría interesarle: Muere Gabriel González, señalado del homicidio de su hijo Gabriel Esteban, de cinco años
“En definitiva, lo único que se requiere de quienes están llamados a administrar justicia en el caso de Doña Juana es que emitan un fallo justo, en línea con los derechos, deberes y riesgos asumidos por cada una de las partes”, recalcó la veedora distrital, Viviana Barberena.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Después de que se aplazara del 30 de marzo al 11 de abril, la audiencia en la que el Tribunal de Arbitraje, definiría el fallo sobre el pleito billonario entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Veeduría Distrital de Bogotá se pronunció.
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La entidad advirtió una serie de consecuencias que traerían el resultado de tomar una decisión negativa para la ciudad. “Se condenaría al Distrito capital a pagar 1.2 billones de pesos al concesionario CGR por una retroactiva y supuesta insuficiencia financiera, a pesar de que dentro del contrato el operador tuvo la responsabilidad de gestionar el riesgo tarifario y de adelantar la solicitud de modificación de la remuneración ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”, señaló la Veeduría.
Asimismo, afirmó que las tarifas que se le cobran a los ciudadanos y a empresas podrían aumentar. Otra de las consecuencias que advierte la entidad, es que aumentaría el plazo de la concesión por 10 o 15 años más, “generando mayor incertidumbre sobre el futuro de la disposición de basuras para Bogotá y los municipios que se benefician del Relleno Sanitario Doña Juana, pasando, además, por encima de los estudios que señalan que la vida útil del relleno está llegando a su fin”.
Para la Veeduría, los habitantes de la capital siguen contando con un servicio de disposición final de basuras de baja calidad, “siguiendo con la tecnología de enterramiento, la cual genera altos índices de gases de efecto invernadero, deterioro de la calidad ambiental urbana y salud pública, producción de lixiviados o residuos líquidos y carga contaminante al río Tunjuelo”.
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“En definitiva, lo único que se requiere de quienes están llamados a administrar justicia en el caso de Doña Juana es que emitan un fallo justo, en línea con los derechos, deberes y riesgos asumidos por cada una de las partes”, recalcó la veedora distrital, Viviana Barberena.
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