Una vez Santos restituya a Petro se reactiva proceso de revocatoria
Para el proceso que fue suspendido por la destitución hay destinados 38.500 millones de pesos.
El Espectador
No han pasado dos días del nuevo nombramiento de la alcaldesa María Mercedes Maldonado y ya se habla de un cambio más en el Palacio de Liévano, el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, podría volver a ser restituido si Santos acata el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
Una vez el presidente Juan Manuel Santos restituya a Petro como burgomaestre capitalino la Registraduría Nacional reactivará el proceso de revocatoria, el cual fue suspendido por la destitución.
Antes de conocerse la destitución de Petro, la Registraduría ya había seleccionado los jurados de votación para ese proceso electoral y cuenta con los recursos por 38.500 millones de pesos para llevar a cabo los comicios.
Tan pronto Petro llegue nuevamente al Palacio de Liévano la Registraduría definiría la fecha de revocatoria, para esto se deben contar con al menos unos 45 días para organizar todo el tema logístico.
Este martes se conoció que la Sala Civil de Asuntos Agrarios del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al presidente de la República, en un plazo de 48 horas, reintegrar a su cargo en la Alcaldía Distrital a Gustavo Petro Urrego.
En la sentencia emitida por los magistrados Óscar Humberto Ramírez y Jorge Hernán Vargas se ordena al Gobierno acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó, en su momento, suspender provisionalmente el fallo condenatorio emitido por la Procuraduría General contra el entonces mandatario distrital.
En la tutela, presentada por un ciudadano, se argumentó que se le vulneró el derecho al debido proceso a Petro Urrego puesto que el Gobierno no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que las medidas cautelares emitidas por la Cidh tienen carácter vinculante.
El abogado Héctor Carvajal explicó que “queda sin vigencia el decreto 570 con el que fue destituido el alcalde. La decisión es de obligatorio cumplimiento. Si el presidente presenta impugnación no interrumpe los efectos de cumplimiento inmediato que tiene esa decisión”.
Por medio de su cuenta en la red social Twitter, el exalcalde de Bogotá escribió: “Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”.
No han pasado dos días del nuevo nombramiento de la alcaldesa María Mercedes Maldonado y ya se habla de un cambio más en el Palacio de Liévano, el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, podría volver a ser restituido si Santos acata el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
Una vez el presidente Juan Manuel Santos restituya a Petro como burgomaestre capitalino la Registraduría Nacional reactivará el proceso de revocatoria, el cual fue suspendido por la destitución.
Antes de conocerse la destitución de Petro, la Registraduría ya había seleccionado los jurados de votación para ese proceso electoral y cuenta con los recursos por 38.500 millones de pesos para llevar a cabo los comicios.
Tan pronto Petro llegue nuevamente al Palacio de Liévano la Registraduría definiría la fecha de revocatoria, para esto se deben contar con al menos unos 45 días para organizar todo el tema logístico.
Este martes se conoció que la Sala Civil de Asuntos Agrarios del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al presidente de la República, en un plazo de 48 horas, reintegrar a su cargo en la Alcaldía Distrital a Gustavo Petro Urrego.
En la sentencia emitida por los magistrados Óscar Humberto Ramírez y Jorge Hernán Vargas se ordena al Gobierno acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó, en su momento, suspender provisionalmente el fallo condenatorio emitido por la Procuraduría General contra el entonces mandatario distrital.
En la tutela, presentada por un ciudadano, se argumentó que se le vulneró el derecho al debido proceso a Petro Urrego puesto que el Gobierno no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que las medidas cautelares emitidas por la Cidh tienen carácter vinculante.
El abogado Héctor Carvajal explicó que “queda sin vigencia el decreto 570 con el que fue destituido el alcalde. La decisión es de obligatorio cumplimiento. Si el presidente presenta impugnación no interrumpe los efectos de cumplimiento inmediato que tiene esa decisión”.
Por medio de su cuenta en la red social Twitter, el exalcalde de Bogotá escribió: “Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”.