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Este jueves 6 de octubre, Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas, anunció que se llegó a un acuerdo con autoridades de las comunidades indígenas que están asentadas en Bogotá, a partir de una hoja de ruta enfocada en asegurar un “retorno digno”.
“Hemos llegado a un acuerdo sobre una ruta de trabajo que iniciará con una asamblea en sus comunidades, con sus autoridades y entidades del Estado para resolver caso a caso lo que es el retorno de estas comunidades”, indicó Tobón.
"Hemos llegado a un acuerdo sobre una ruta de trabajo. Necesitamos resolver caso a caso lo que es el retorno de las comunidades. Requerimos cambiar el paisaje de las víctimas que están en situación de mendicidad", directora Patricia Tobón. #GobiernoDeLaGente pic.twitter.com/6uIn7x1X4i
— Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) October 6, 2022
Las asambleas servirán como un espacio “autónomo” en el que las mismas comunidades podrán participar de la construcción de la hoja de ruta, y que contará también con la presencia de delegados de otros territorios indígenas y de entidades estatales, como la Unidad para las Víctimas.
“Yo les he dicho a las autoridades embera que no podemos obligar a las comunidades indígenas a regresar al territorio. Vamos a trabajar para que retornen en condiciones dignas bajo la voluntariedad de estas comunidades, para que se puedan cumplir el retorno y las reubicaciones de la mano de las autoridades estatales, pero también de las autoridades indígenas”, agregó Tobón.
El objetivo, dice, es trabajar conjuntamente con las comunidades para solucionar los problemas de fondo que han llevado a la problemática del asentamiento en Bogotá. Resolver los casos particulares en la asamblea comunitaria es el primer paso para “buscarle la salida” a esto, dijo la directora.
Por su parte, Otoniel Queragama Murillo, líder del pueblo embera katío, dijo que las propuestas planteadas le parecieron “muy interesantes” y fueron, a su juicio, mejores. En particular, resaltó el plan retorno, como proyecto organizativo en temas de justicia indígena, generación de ingresos y garantía en viviendas.
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