“Vaca” en San Victorino para poderse vacunar

Mediante una resolución firmada por el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, en Colombia está permitido que privados compren vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, no las pueden aplicar antes de que inicie la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación, prevista para finales de mayo.

Esta ventana ha motivado a que muchas empresas piensen en inmunizar a sus empleados, para así conseguir beneficios operativos en medio de las restricciones impuestas para mitigar la propagación del virus. Ejemplo de esto es la Asociación de Comerciantes de San Victorino (Asosanvictorino) que, según el gerente del GranSan, Yansen Estupiñán, aspira adquirir medio millón de vacunas para 250.000 trabajadores del sector.

Aunque la situación económica de los comerciantes es difícil, como lo muestran datos de Fenalco y la Cámara de Comercio de Bogotá, los cuales indican que el más del 30 % de las empresas ha cerrado definitivamente en la capital, mientras que el resto lucha para mantenerse a flote con ventas promedio del 10 % a lo que acostumbraban comercializar, en entrevista con El Espectador, Estupiñán explicó que no les importa empeñar sus inmuebles y conseguir créditos para pagar las vacunas, con tal de poder trabajar.

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“Estas son para comerciantes, empleados, vendedores informales con arraigo en nuestro sector y para la cadena de abastecimiento, como son algunos mayoristas y proveedores de insumos”, agregó y de paso aseguró que los inmunológicos se están negociando entre US$20 y US$28 la dosis, por lo que la inversión podría superar el medio billón de pesos, si se tienen en cuenta costos adicionales como la logística (la cual requiere especial cuidado para no romper la cadena de frío) y la aplicación.

“Sabemos que hay 1 millón de vacunas disponibles para la adquisición. Estamos negociando con Pfizer y Sinovac”, agregó, al detallar que los recursos se conseguirían por medio de una “vaca” entre empleadores para inmunizar a sus empleados. Hay que recordar que, según la Secretaría de Salud, Bogotá necesita 5,8 millones de personas vacunadas para alcanzar la inmunidad de rebaño, que es el 70 % de su población. Por lo pronto, en la capital se han aplicado 845.574 primeras dosis y 469.440 segundas dosis, lo que evidencia un avance del 15,42 y 8,56 %, respectivamente.

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De concretarse el negocio de Asosanvictorino, se lograría un aporte del 3,1 % del total de la población inmunizada, lo que a su vez se traduce en más dosis para avanzar en las siguientes etapas del Plan Nacional de Vacunación. Este medio también habló con el doctor Jhonson Nino, asesor científico de la empresa Medinet Services, intermediaria para la negociación de los inmunológicos de San Victorino. Nino asegura que hoy el problema es la disponibilidad y la oportunidad de entrega, aspectos en los que “están mostrando seriedad los laboratorios de China. Es por eso que avanzamos con ellos”.

Pero este proceso no es fácil, ya que la resolución del Ministerio exige ciertos cumplimientos de quienes deseen adquirir las vacunas, como garantizar las condiciones de almacenamiento de los inmunológicos para su conservación, así como un riguroso manejo de su trazabilidad y disposición final.

Sumado a lo anterior, es obligatorio que la aplicación sea labor de las IPS habilitadas, además de no usar los mismos equipos ni puntos de vacunación con los que opera el Plan Nacional ni el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Otra de las obligaciones es que haya un registro en la plataforma web PAIWEB 2.0 de las personas que han sido vacunadas (para así evitar la doble aplicación), detallando datos como el lote de vacunas adquiridas y la marca.

La resolución también detalla que las personas que presenten una reacción adversa posterior a la vacunación “deberán ser atendidas de acuerdo con su aseguramiento en salud, es decir, por el Sistema General de Seguridad Social en Salud o por los regímenes especiales y de excepción. Asimismo, su caso deberá ser reportado a los sistemas de vigilancia que haya establecido el Gobierno Nacional”.

El gerente del GranSan es consciente de todos los requisitos que les exige la resolución para adelantar su propio plan de vacunación, además de aclarar que no se vacunarán personas que estén próximas a recibir el inmunológico mediante las etapas del Plan Nacional de Vacunación.

No obstante, con base en la reunión que tuvo con representantes del Gobierno Nacional y Distrital, interpreta que el Distrito en vez de ayudar, está infundiendo temor sobre la responsabilidad que recaería en el privado si algo sale mal. Cosa que, de ser cierta, iría en contra de lo estipulado por la regulación, ya que dicho documento es claro al decir, en su Parágrafo 1, que “los departamentos y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento aprobadas en la respectiva Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia”, y en el Parágrafo 3 detalla que “los departamentos y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán el cumplimiento de los requisitos para su distribución y aplicación establecidos por el Ministerio de Salud”.

Así que las autoridades locales no pueden asumir una posición de depositar toda la responsabilidad de este proceso a los privados, sino que tienen que prestar una vigilancia para mitigar los eventuales riesgos. El Espectador supo que Asosanvictorino no sería el único privado que en este momento está negociando vacunas. Hay una lista de otros entes empresariales, que en su momento saldrán a comunicar sus avances.

Mediante una resolución firmada por el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, en Colombia está permitido que privados compren vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, no las pueden aplicar antes de que inicie la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación, prevista para finales de mayo.

Esta ventana ha motivado a que muchas empresas piensen en inmunizar a sus empleados, para así conseguir beneficios operativos en medio de las restricciones impuestas para mitigar la propagación del virus. Ejemplo de esto es la Asociación de Comerciantes de San Victorino (Asosanvictorino) que, según el gerente del GranSan, Yansen Estupiñán, aspira adquirir medio millón de vacunas para 250.000 trabajadores del sector.

Aunque la situación económica de los comerciantes es difícil, como lo muestran datos de Fenalco y la Cámara de Comercio de Bogotá, los cuales indican que el más del 30 % de las empresas ha cerrado definitivamente en la capital, mientras que el resto lucha para mantenerse a flote con ventas promedio del 10 % a lo que acostumbraban comercializar, en entrevista con El Espectador, Estupiñán explicó que no les importa empeñar sus inmuebles y conseguir créditos para pagar las vacunas, con tal de poder trabajar.

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“Estas son para comerciantes, empleados, vendedores informales con arraigo en nuestro sector y para la cadena de abastecimiento, como son algunos mayoristas y proveedores de insumos”, agregó y de paso aseguró que los inmunológicos se están negociando entre US$20 y US$28 la dosis, por lo que la inversión podría superar el medio billón de pesos, si se tienen en cuenta costos adicionales como la logística (la cual requiere especial cuidado para no romper la cadena de frío) y la aplicación.

“Sabemos que hay 1 millón de vacunas disponibles para la adquisición. Estamos negociando con Pfizer y Sinovac”, agregó, al detallar que los recursos se conseguirían por medio de una “vaca” entre empleadores para inmunizar a sus empleados. Hay que recordar que, según la Secretaría de Salud, Bogotá necesita 5,8 millones de personas vacunadas para alcanzar la inmunidad de rebaño, que es el 70 % de su población. Por lo pronto, en la capital se han aplicado 845.574 primeras dosis y 469.440 segundas dosis, lo que evidencia un avance del 15,42 y 8,56 %, respectivamente.

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De concretarse el negocio de Asosanvictorino, se lograría un aporte del 3,1 % del total de la población inmunizada, lo que a su vez se traduce en más dosis para avanzar en las siguientes etapas del Plan Nacional de Vacunación. Este medio también habló con el doctor Jhonson Nino, asesor científico de la empresa Medinet Services, intermediaria para la negociación de los inmunológicos de San Victorino. Nino asegura que hoy el problema es la disponibilidad y la oportunidad de entrega, aspectos en los que “están mostrando seriedad los laboratorios de China. Es por eso que avanzamos con ellos”.

Pero este proceso no es fácil, ya que la resolución del Ministerio exige ciertos cumplimientos de quienes deseen adquirir las vacunas, como garantizar las condiciones de almacenamiento de los inmunológicos para su conservación, así como un riguroso manejo de su trazabilidad y disposición final.

Sumado a lo anterior, es obligatorio que la aplicación sea labor de las IPS habilitadas, además de no usar los mismos equipos ni puntos de vacunación con los que opera el Plan Nacional ni el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Otra de las obligaciones es que haya un registro en la plataforma web PAIWEB 2.0 de las personas que han sido vacunadas (para así evitar la doble aplicación), detallando datos como el lote de vacunas adquiridas y la marca.

La resolución también detalla que las personas que presenten una reacción adversa posterior a la vacunación “deberán ser atendidas de acuerdo con su aseguramiento en salud, es decir, por el Sistema General de Seguridad Social en Salud o por los regímenes especiales y de excepción. Asimismo, su caso deberá ser reportado a los sistemas de vigilancia que haya establecido el Gobierno Nacional”.

El gerente del GranSan es consciente de todos los requisitos que les exige la resolución para adelantar su propio plan de vacunación, además de aclarar que no se vacunarán personas que estén próximas a recibir el inmunológico mediante las etapas del Plan Nacional de Vacunación.

No obstante, con base en la reunión que tuvo con representantes del Gobierno Nacional y Distrital, interpreta que el Distrito en vez de ayudar, está infundiendo temor sobre la responsabilidad que recaería en el privado si algo sale mal. Cosa que, de ser cierta, iría en contra de lo estipulado por la regulación, ya que dicho documento es claro al decir, en su Parágrafo 1, que “los departamentos y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento aprobadas en la respectiva Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia”, y en el Parágrafo 3 detalla que “los departamentos y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán el cumplimiento de los requisitos para su distribución y aplicación establecidos por el Ministerio de Salud”.

Así que las autoridades locales no pueden asumir una posición de depositar toda la responsabilidad de este proceso a los privados, sino que tienen que prestar una vigilancia para mitigar los eventuales riesgos. El Espectador supo que Asosanvictorino no sería el único privado que en este momento está negociando vacunas. Hay una lista de otros entes empresariales, que en su momento saldrán a comunicar sus avances.