Vecinos de portales de Transmilenio interponen tutela para frenar vandalismo
La tutela interpuesta ante el Consejo de Estado pide, entre otras cosas, militarizar las zonas aledañas a los portales Suba, Américas y Usme.
Cansados de las protestas que se vienen presentado generalmente el día 28 de cada mes, los vecinos de los portales Américas, Suba y Usme, junto a la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado para que se tomen las medidas necesarias que permitan frenar los actos vandálicos que afectan sus derechos y se efectúe la reparación de los daños en estos sectores.
Con esta acción, los ciudadanos piden que se ordene al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Diego Molano; a la alcaldesa Claudia López, al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez y al director de la Policía Nacional que adelanten las “acciones legítimas para recuperar el orden público” en los barrios aledaños a los portales.
Las más de 30 personas que firman la tutela reclaman la protección de sus derechos a la seguridad personal, la propiedad privada, la salud e integridad; al mínimo vital, la seguridad alimentaria, la libre locomoción, la libertad de expresión y una vida en condiciones dignas.
Para ello, sugieren que se contemple la necesidad de militarizar los barrios colindantes con los portales Suba, Américas y Usme. Además, solicitan la reparación al espacio público y sobre todo el cumplimiento de los compromisos pactados con la Alcaldía de Bogotá en temas de seguridad y convivencia.
Lea también: Casa por cárcel a cinco jóvenes de la Primera Línea investigados de vandalismo.
En el documento están anexadas algunas pruebas que demuestran las afectaciones que sufren los residentes de estos sectores, representados en daños materiales en viviendas y locales, intimidaciones que perjudican la salud mental y física; amenazas contra la vida, bloqueos que impenden la movilidad y hurtos o extorsiones que, según ellos, son constantes durante las manifestaciones convocadas por el Comité de Paro y la Primera Línea.
A esto se suma que, argumentan que la vulneración de sus derechos han sido puestas en conocimiento a la alcaldesa mayor, a los alcaldes locales, delegados de Secretaría de Gobierno, Movilidad, Seguridad y otras entidades distritales. Los ponentes de la tutela aseguran que se han pactado algunos compromisos, pero, luego de seis meses de manifestaciones no se han cumplido.
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“Hemos sufrido noches de agravio, daños a nuestras propiedades, violencia, malos tratos, por parte de miembros de la Primera Línea que ingresan a nuestros barrios, a nuestros conjuntos y calles aledañas para generar disturbios, con quema de llantas, con el humo y los olores porque se dedican a consumir drogas, los que tenemos negocios no podemos trabajar porque nos roban, nos rompen vitrinas o nos amenazan”, aseguran los vecinos que promueven la tutela.
Es de resaltar que los autores de la tutela no esperan que con esta acción judicial se afecte el derecho a la protesta legítima y pacífica, pero sí es necesario que se interpongan unas exigencias mínimas para que las protestas no afecten los derechos de quienes no se movilizan.
Cansados de las protestas que se vienen presentado generalmente el día 28 de cada mes, los vecinos de los portales Américas, Suba y Usme, junto a la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado para que se tomen las medidas necesarias que permitan frenar los actos vandálicos que afectan sus derechos y se efectúe la reparación de los daños en estos sectores.
Con esta acción, los ciudadanos piden que se ordene al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Diego Molano; a la alcaldesa Claudia López, al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez y al director de la Policía Nacional que adelanten las “acciones legítimas para recuperar el orden público” en los barrios aledaños a los portales.
Las más de 30 personas que firman la tutela reclaman la protección de sus derechos a la seguridad personal, la propiedad privada, la salud e integridad; al mínimo vital, la seguridad alimentaria, la libre locomoción, la libertad de expresión y una vida en condiciones dignas.
Para ello, sugieren que se contemple la necesidad de militarizar los barrios colindantes con los portales Suba, Américas y Usme. Además, solicitan la reparación al espacio público y sobre todo el cumplimiento de los compromisos pactados con la Alcaldía de Bogotá en temas de seguridad y convivencia.
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En el documento están anexadas algunas pruebas que demuestran las afectaciones que sufren los residentes de estos sectores, representados en daños materiales en viviendas y locales, intimidaciones que perjudican la salud mental y física; amenazas contra la vida, bloqueos que impenden la movilidad y hurtos o extorsiones que, según ellos, son constantes durante las manifestaciones convocadas por el Comité de Paro y la Primera Línea.
A esto se suma que, argumentan que la vulneración de sus derechos han sido puestas en conocimiento a la alcaldesa mayor, a los alcaldes locales, delegados de Secretaría de Gobierno, Movilidad, Seguridad y otras entidades distritales. Los ponentes de la tutela aseguran que se han pactado algunos compromisos, pero, luego de seis meses de manifestaciones no se han cumplido.
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“Hemos sufrido noches de agravio, daños a nuestras propiedades, violencia, malos tratos, por parte de miembros de la Primera Línea que ingresan a nuestros barrios, a nuestros conjuntos y calles aledañas para generar disturbios, con quema de llantas, con el humo y los olores porque se dedican a consumir drogas, los que tenemos negocios no podemos trabajar porque nos roban, nos rompen vitrinas o nos amenazan”, aseguran los vecinos que promueven la tutela.
Es de resaltar que los autores de la tutela no esperan que con esta acción judicial se afecte el derecho a la protesta legítima y pacífica, pero sí es necesario que se interpongan unas exigencias mínimas para que las protestas no afecten los derechos de quienes no se movilizan.