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A un año del homicidio de Javier Ordoñez y del estallido social que se desencadenó el 9 de septiembre, que dejó 13 personas muertas en Bogotá y en Soacha y alrededor de 300 heridas, pocos han sido los avances en la investigación y judicialización de los responsables, por lo que la Veeduría Distrital interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular para que el Ministerio de Defensa repare a los afectados y garantice que no serán revictimizados.
En esta petición, la Veeduría propone cuatro medidas entre las que se encuentra la aplicación de acciones que garanticen que no habrá impunidad en los procesos internos. También se busca que se atienda no solo a los familiares de las personas asesinadas, sino además a los heridos y la comunidad afectada con atención prioritaria en rehabilitación en salud (especialmente psicosocial) y reparación de los daños materiales causados.
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Con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas y sus familiares y el correcto desarrollo de las investigaciones, la Veeduría también solicita que se haga rotación inmediata de los policiales adscritos a los cuadrantes en Bogotá, así como se establezcan reglas para rotar a los miembros de la Fuerza Pública que terminen involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Por último, el ente de control pide que se haga un mapas de riesgo en toda la ciudad y especialmente en Usaquén, Bosa, Kennedy y Engativá, las más afectadas en el 9S, garantizando la participación ciudadana.
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“Las jornadas del 9 y el 10 de septiembre fueron dramáticas. Hubo 7 muertos por arma de fuego en Bogotá, 61 civiles heridos por arma de fuego, 17 civiles heridos por arma blanca; 97 civiles heridos por otro tipo de circunstancias (riñas, piedras, golpes etc.) y 161 uniformados lesionados. Investigar a fondo lo sucedido y reparar a las víctimas, resulta fundamental”, destacó el veedor distrital, Guillermo Rivera.
La Veeduría emitió la acción popular basándose en información recibida en 99 correos con peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos, de los cuales, 20 requerimientos fueron presentados por abuso policial.
