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Este 2 de octubre, el Instituto para la Economía social (Ipes) informó sobre la apuesta que está haciendo la entidad para implementar 11 zonas de Bogotá en las que los vendedores informales tendrían que pagar por el uso del espacio público, todo esto con la intención de enfrentar la extorsión y los “gota a gota”, dos delitos que azotan a los comerciantes de la capital.
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De acuerdo con el Ipes, la apuesta se implementaría en las 11 zonas de colaboración popular que ya están incluidas en la política pública distrital aprobada por el conpes. Esta tiene una duración de 13 años, es decir, durante estos años y hasta el 2035, este debe garantizar en esos puntos de la ciudad acciones que le garanticen a los vendedores informales condiciones dignas y un espacio adecuado para ejercer su labor.
De acuerdo con esta política y según el Ipes, en las zonas de colaboración popular se deben implementar:
- Acuerdos de organización de espacio público que están firmados actualmente, dado que el trabajo realizado a la fecha se siga consolidando con los vendedores informales.
- Una alta afluencia de vendedores informales de manera organizada que permite el ejercicio pleno del derecho al trabajo, el disfrute, goce del espacio público.
- El principio de solidaridad entre los vendedores informales a través del desarrollo de acciones que promuevan el apoyo mutuo; el programa de financiamiento de la economía popular para contribuir a la reducción de préstamos con el gota a gota, mobiliario homogéneo; y la realización de cobro por el uso y aprovechamiento económico del espacio público.
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Por su parte, Alejandro Rivera, director del Ipes, “parte de lo que busca la política pública en estos 13 años, es mitigar la vulnerabilidad a la que están expuestos los y las vendedoras informales, para ello, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, se espera desarrollar un programa de lucha contra la extorsión y contra el denominado “gota a gota” en el espacio público con el fin de combatir estos flagelos y garantizar la labor de los vendedores informales”, mencionó.
En cuanto al cobro que se les haría a los vendedores, no será superior al que ya se paga por los quioscos o mobiliarios, los cuales manejan tarifas que están entre los $24.747 y $65.822.
“Con estos pagos se pondrá en marcha otras estrategias encaminadas a fortalecer económicamente a los comerciantes de la economía popular que en este momento no tienen acceso a créditos, por ejemplo”, agregó Rivera.
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Asimismo, la entidad hizo al llamado a la siguiente administración para que tengan en cuenta esta política, que según el Distrito se está llevando a cabo de la mano de los consejeros distritales y locales de vendedores informales.
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