Vicepresidente de la ANI es investigado por contrato que reestudia el metro de Bogotá
En julio de este año, la ANI (Agencia Nacional de Inraestructura) suscribió un contrato con la SCI (Sociedad Colombiana de Ingenieros) para analizar algunos proyectos ferroviarios que se adelantan en el país, con mayor concentración en las alternativas subterráneas de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La Procuraduría investiga a tres funcionarios por este contrato ¿Por qué?
Tras varios meses de haber anunciado la apertura de una investigación que le puso la lupa al contrato que firmó la ANI con la SCI, y cuya principal misión era emitir un concepto y un nuevo panorama de estudio para soterrar el metro de Bogotá -entre otras disposiciones- la Procuraduría General de la Nación confirmó quiénes serán los primeros investigados: Iván Humberto Baquero Susa, vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura; también serán objeto de indagación Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas, gerentes de proyectos de la ANI.
Contexto: Los peros de la Procuraduría al contrato de la ANI, para evaluar trazado del metro
Desde el mes de agosto, la Procuraduría viene insistiendo en la necesidad de investigar el contrato por prestación de servicios firmado por $8.375 millones, el pasado 17 de julio de este año entre la ANI y la SCI. Dicho contrato tuvo como fin: “el análisis de los proyectos ferroviarios de pasajeros, carga y/o mixto, emitiendo conceptos, pronunciamientos y documentos de lineamientos técnicos que permitan la evaluación multicriterio de los mismos”.
Pero detrás del contrato, había una finalidad muy clara: buscar qué alternativas hay para soterrar un tramo de la línea en construcción (avanza en 27% de ejecución), del metro de Bogotá. Insistencia que ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro.
En este contexto, y viendo el amplio concepto del contrato, la Procuraduría impulsó la investigación, en la cual, el Ministerio Público busca establecer si los estudios que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
En suma, son tres los reparos que tiene la Procuraduría con este contrato: en primer lugar, el modo de contratación directa a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues se supone que antes de contratar debía convocar un concurso de méritos, teniendo en cuenta cuál era el fin del contrato; la segunda inconformidad es sobre el alcance del estudio, pues la ANI habría sobrepasado sus funciones al contratar un estudio que, al fin de cuentas, buscaba darle viabilidad a la posibilidad de cambiar alguno de los proyectos ferroviarios, acción que entra en disputa con la competencia de cada ente territorial.
Sobre el segundo reparo, la Procuraduría se pronunció: “Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público.
El tercer reclamo que tiene el ente de control es sobre el costo grueso del contrato. Al parecer, la entidad no encontró las justificaciones del valor del contrato y halló valores “extraños”: “tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista”, añadió el ente en un comunicado.
Esta investigación se suma a la carta conocida por El Espectador, escrita por un exfuncionario de la SCI, quien mostró sus inconformidades con el ente y varios de sus colegas, en la que expone varias situaciones que demostrarían que el estudio estaría viciado dentro de la sociedad de ingenieros, ya que estaría privilegiando los conceptos subterráneos del metro “a toda costa”.
Mientras las investigaciones avanzan, también avanza dicho estudio que espera con ansias Gustavo Petro, pero que, de entrada, parece no tener el alcance que esperaba el mandatario y que, desde octubre de este año, ha anunciado como una alternativa para enterrar la línea del metro de la capital, un sueño del presidente que parece cada vez más lejano.
Más información: El debate en la Sociedad de ingenieros: “metro subterráneo a como dé lugar”
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Tras varios meses de haber anunciado la apertura de una investigación que le puso la lupa al contrato que firmó la ANI con la SCI, y cuya principal misión era emitir un concepto y un nuevo panorama de estudio para soterrar el metro de Bogotá -entre otras disposiciones- la Procuraduría General de la Nación confirmó quiénes serán los primeros investigados: Iván Humberto Baquero Susa, vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura; también serán objeto de indagación Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas, gerentes de proyectos de la ANI.
Contexto: Los peros de la Procuraduría al contrato de la ANI, para evaluar trazado del metro
Desde el mes de agosto, la Procuraduría viene insistiendo en la necesidad de investigar el contrato por prestación de servicios firmado por $8.375 millones, el pasado 17 de julio de este año entre la ANI y la SCI. Dicho contrato tuvo como fin: “el análisis de los proyectos ferroviarios de pasajeros, carga y/o mixto, emitiendo conceptos, pronunciamientos y documentos de lineamientos técnicos que permitan la evaluación multicriterio de los mismos”.
Pero detrás del contrato, había una finalidad muy clara: buscar qué alternativas hay para soterrar un tramo de la línea en construcción (avanza en 27% de ejecución), del metro de Bogotá. Insistencia que ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro.
En este contexto, y viendo el amplio concepto del contrato, la Procuraduría impulsó la investigación, en la cual, el Ministerio Público busca establecer si los estudios que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
En suma, son tres los reparos que tiene la Procuraduría con este contrato: en primer lugar, el modo de contratación directa a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues se supone que antes de contratar debía convocar un concurso de méritos, teniendo en cuenta cuál era el fin del contrato; la segunda inconformidad es sobre el alcance del estudio, pues la ANI habría sobrepasado sus funciones al contratar un estudio que, al fin de cuentas, buscaba darle viabilidad a la posibilidad de cambiar alguno de los proyectos ferroviarios, acción que entra en disputa con la competencia de cada ente territorial.
Sobre el segundo reparo, la Procuraduría se pronunció: “Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público.
El tercer reclamo que tiene el ente de control es sobre el costo grueso del contrato. Al parecer, la entidad no encontró las justificaciones del valor del contrato y halló valores “extraños”: “tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista”, añadió el ente en un comunicado.
Esta investigación se suma a la carta conocida por El Espectador, escrita por un exfuncionario de la SCI, quien mostró sus inconformidades con el ente y varios de sus colegas, en la que expone varias situaciones que demostrarían que el estudio estaría viciado dentro de la sociedad de ingenieros, ya que estaría privilegiando los conceptos subterráneos del metro “a toda costa”.
Mientras las investigaciones avanzan, también avanza dicho estudio que espera con ansias Gustavo Petro, pero que, de entrada, parece no tener el alcance que esperaba el mandatario y que, desde octubre de este año, ha anunciado como una alternativa para enterrar la línea del metro de la capital, un sueño del presidente que parece cada vez más lejano.
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