Víctimas de la “masacre laboral” del hospital San Juan de Dios piden una reparación

Una lucha por los derechos laborales, que data de hace 25 años, se volvió a visibilizar ayer en el Congreso, en una audiencia de “verdad” en la que los extrabajadores del hospital San Juan de Dios y del Materno Infantil expusieron los efectos de su “despido” y posterior vulneración de derechos laborales por años de incumplimiento en los pagos de liquidación y posteriores sentencias que los dejaron a la deriva. Los entes del Distrito y el Gobierno, que siguen mediando en el conflicto desde 1998 (cuando el hospital cerró) les hablaron a las víctimas.

Una lucha por los derechos laborales, que data de hace 25 años, se volvió a visibilizar ayer en el Congreso, en una audiencia de “verdad” en la que los extrabajadores del hospital San Juan de Dios y del Materno Infantil expusieron los efectos de su “despido” y posterior vulneración de derechos laborales por años de incumplimiento en los pagos de liquidación y posteriores sentencias que los dejaron a la deriva. Los entes del Distrito y el Gobierno, que siguen mediando en el conflicto desde 1998 (cuando el hospital cerró) les hablaron a las víctimas.

La audiencia fue presidida por la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez (Cambio Radical), quien la vio necesaria, en vista de la discusión por la reforma a la salud y el proyecto que lidera el presidente Gustavo Petro de adquirir y recuperar la infraestructura del hospital, hoy en desuso. “Esta Comisión busca esclarecer de los derechos laborales de las personas del San Juan de Dios que aún tiene acreencias laborales”.

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Más de 20 años

Aunque la discusión por revivir el San Juan de Dios tiene alcances patrimoniales e incluso científicos, tras su historia que data de 1564, el turno ayer fue para víctimas como Nubia Báez, extrabajadora del San Juan de Dios, quien sigue luchando por sus derechos. Recuerda cómo tuvo que vivir con su hija recién nacida en las instalaciones del cerrado hospital por cuatro años y la rabia que sintió en 2008 con una sentencia que resolvió que los querellantes tenían derecho a una compensación hasta 2001, cuando muchos laboraron hasta 2006. “Nunca hemos sido despedidos, no bajo la legislación laboral. A muchos nos tocó irnos a vivir al hospital, porque no teníamos más. Mi hija pensaba que lo normal era vivir allí. Mientras a mí y a mis compañeros, nos cerraban las puertas en otros hospitales por venir del San Juan. Ha sido duro ver morir a colegas que no alcanzaron a ver su pensión y liquidación justa y digna”, señala Báez, quien cuenta que son más de 1.500 a quienes la historia les debe justicia por sus años laborando en el que fue el hospital más importante del país.

Nubia porta una camiseta blanca con una inscripción: “Masacre laboral = extinción del patrimonio inmaterial”, pues dice que las personas que trabajaron allí fueron quienes hicieron del hospital un centro investigativo y de salud, con especializaciones que no había en otros lugares públicos. El proceso ha pasado por varias etapas: desde denuncias y tutelas hasta sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, las víctimas siguen sin ver un peso.

José Cuesta, concejal de Bogotá, ha estado estos años acompañando a los extrabajadores. Dice que la primera lucha fue velar porque no se “dinamitara”, literalmente, el hospital. Ahora su lucha es por una reparación a los afectados. “Reabrir el San Juan no solo implica recuperar la condición de hospital de cuarto nivel, con la presencia de la U. Nacional, con la presencia de la U. Distrital, también que el Estado que contrajo acreencias y compromisos en materia de resolver pasivos, lo haga en términos generales de construir una especie de paz y salvo con los trabajadores”. Añadió que ayer se abrió una “comisión de concertación y de negociación entre el Viceministerio del Trabajo y las víctimas para avanzar en su reparación.

Al estrado subieron también representantes del Estado, incluido un exgerente liquidador del San Juan de Dios, Pablo Enrique Leal Ruiz, quien defendió su labor y la de los demás entes: “La Rama Judicial ha sido autor activo en este proceso. Cada una de las entidades ha cumplido. En especial la Procuraduría, que fue activa al escuchar las peticiones”. Por su parte la Contraloría, al tomar la palabra, dejó en evidencia casos disciplinarios y penales que desembocaron de su vigilancia: “En 2013 se llevó a cabo una actuación especial, que estableció 37 hallazgos administrativos por $11.000 millones, 26 disciplinarios y el resto penales”.

Arbeláez se refirió a la propuesta de Petro, bienvenida por las víctimas: “Esperamos que cuanto antes se le dé soluciones a los trabajadores antes de cualquier continuidad que se le otorgue a este proyecto. El San Juan hoy tiene un proyecto que ya está en curso, un contrato cuya nueva continuidad puede provocar que se tengan que pagar indemnizaciones de alto costo por el capricho del señor presidente de que este es un patrimonio cultural y que finalmente no puede ser intervenido por un ente privado. Más allá de eso, lo importante es escuchar a los trabajadores”, señaló a este diario.

Por último, las víctimas siguen su lucha sin parar. Hay una esperanza general: “De los que quedan vivos a quienes les quitaron todo, pedir dignidad para terminar nuestros días tranquilos”, cerró doña Nubia.

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