Víctimas de violencia policial, la difícil lucha por no revictimizar y lograr justicia

La familia de Mario Stiven Mahecha contó 520 días para que la justicia avanzara en el proceso por la muerte de su hijo, en un procedimiento policial en Cajicá. La mamá de Kooby Bray Duarte, lleva 15 meses esperando el prometido acto de perdón, luego de que una patrullera baleara a su hijo, de 20 años, en Bogotá, al confundirlo con un delincuente. El padre de Edison Perdomo sigue esperando una respuesta de por qué su hijo, menor de edad, murió baleado en medio de una operación de la policía en Soacha. Todos ellos tienen algo en común: sienten que en los casos de sus seres queridos impera la impunidad.

La familia de Mario Stiven Mahecha contó 520 días para que la justicia avanzara en el proceso por la muerte de su hijo, en un procedimiento policial en Cajicá. La mamá de Kooby Bray Duarte, lleva 15 meses esperando el prometido acto de perdón, luego de que una patrullera baleara a su hijo, de 20 años, en Bogotá, al confundirlo con un delincuente. El padre de Edison Perdomo sigue esperando una respuesta de por qué su hijo, menor de edad, murió baleado en medio de una operación de la policía en Soacha. Todos ellos tienen algo en común: sienten que en los casos de sus seres queridos impera la impunidad.

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De acuerdo con el Reporte GRITA, de la ONG Temblores, de agosto del 2022 a junio del 2023, 23 personas murieron en hechos que involucran a integrantes de la fuerza pública. Bogotá concentra casi el 35% de estas muertes, y Cundinamarca, el 17,4%.

Las víctimas de algunos de estos fallecidos, todos jóvenes y un menor de edad, están de acuerdo en que hay tres factores que impiden el acceso a la justicia y los revictimizan: los intentos por alterar las escenas de los hechos, alterando la posibilidad de obtener una verdad, la demora en los procesos judiciales, y el hecho de que muchos de ellos tienen que “limpiar” el nombre de los fallecidos por cuenta de la multiplicidad de versiones.

Stiven Mahecha, baleado en un peaje

La madrugada del 26 de abril de 2022, una camioneta gris, de placas BZQ 169, hizo retorno en la vía Ubaté-Zipaquirá y una patrulla de policía se detuvo cerca. De ella descendieron tres oficiales de tránsito y se pararon de frente al vehículo, que conducía Eduardo Rodríguez, quien entró en pánico y no se detuvo. Entonces los oficiales abrieron fuego contra la camioneta. Eduardo maniobró la camioneta en reversa hasta que se detuvo en el peaje de Casablanca. Hubo más de 15 disparos.

Pero las balas ya habían atravesado el parabrisas e impactado en los rostros del copiloto Mario Stiven Mahecha y de la pasajera Manuela Zapata, ambos de 22 años. El conductor salió ileso. Stiven murió segundos después y la joven Zapata, al día de hoy, tiene la bala incrustada en su cabeza. El conductor alcanzó a grabar unos segundos a los uniformados y en dichas imágenes los oficiales le piden insistentemente la cédula mientras el joven pregunta, “¿qué derecho tenían a dispararle a civiles?, somos gente de bien”.

Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma GRITA de la ONG Temblores, dice que en este tipo de hechos hay una “problemática dividida en dos temas: el acceso a la justicia, porque muchas veces los casos son llevados por la Justicia Penal Militar y no la Justicia Ordinaria; y en segundo lugar, la revictimización de las víctimas a quienes en muchos casos terminan vinculando con actos delictivos para justificar algún hecho violento”.

María Mahecha, hermana de la víctima cuenta que a pesar de que su hermano estaba documentado y el conductor de la camioneta consciente, las autoridades no le avisaron a ella o a los padres de Stiven lo que había pasado, lo cual es una constante en los relatos de las víctimas de estos casos. “Los comandantes de la Policía de Tránsito dijeron en medios de comunicación que hubo un cruce de disparos, algo absurdo porque ellos no iban armados, simplemente habían salido de tomarse unas cervezas. Desde ese 26 de abril ha sido una lucha para que nos crean y alguien nos ayude a aclarar la verdad. Al ser un caso con policías implicados, muy pocos quieren meterse”, narró la hermana de Stiven.

Saúl León es uno de esos pocos abogados que defiende a víctimas de casos con uniformados implicados. Además del caso de Stiven lleva otros dos: el de un joven que recibió un disparo en la nuca en Soacha y otro muchacho que murió en una estación de policía en Suba, al parecer, a golpes. En este momento celebra el hecho de que a los dos subintendentes y al intendente involucrados en la muerte de Stiven, los hayan enviado a la cárcel, pero afirma que hay que esperar una condena ejemplar. “El proceso, como tal, comenzó la semana pasada con la imputación de cargos a los tres policías. Eso tomó 17 meses, demasiado tiempo de espera. Hubo una disputa entre la Justicia Ordinaria y la Penal Militar. La pena está entre los 35 y 50 años de cárcel”, contó el abogado.

Añade su hermana que en el proceso hubo muestras que para ellos son una “burla”. En particular, el hecho de que existieran varias versiones: que el carro casi atropella a los policías, que los tres jóvenes iban armados, incluso, que a uno de los policías se le había caído el arma y se disparó.

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Kooby Duarte no era ladrón

No hay día en que Viviana Forero no llore la muerte de uno de sus tres hijos, Kooby Bray Duarte Forero, de 20 años. Supo que estaba muerto la noche del 20 de julio después de estarlo buscando por todos lados, tras no haber vuelto a la casa el día anterior. Después de haber denunciado que estaba desaparecido ante el entonces comandante de la estación de Policía de Kennedy.

Pero no, su hijo no estaba con el grupo de motociclistas con los que salía cada vez que había ‘rodada’, ni tampoco estaba con sus mejores amigos. Buscando de casa en casa llegó la mamá del supuesto desaparecido, a donde un amigo, quien pudo rastrear la moto de Kooby. Estaba en la clínica de Palermo. “Se debió de haber accidentado”, pensó Viviana. Al llegar pensaba en qué tan grave era el golpe y en dónde estaría la moto y los documentos de su hijo, cuando una doctora la llamó y le dijo parte de la verdad.

Lo último que la madre había sabido de su hijo era que estaba tomando una clase extra para su carrera de ingeniería Química en la ECCI. Posteriormente, corroboró esta versión al ver las cámaras de seguridad de la universidad que dejan ver cómo el joven llega y guarda la moto. Al salir, un docente habló con él mientras pedía un carro. Después supo que el muchacho había sido baleado en una “persecución” de policía llena de piezas que no encajan.

Después de 14 meses en los que fueron apareciendo videos de la noche en la que le dispararon al joven, un testigo ocular que alcanzó a ver cómo fueron los disparos, las autoridades reconocieron que hubo fallas en el procedimiento. “El general Camacho (entonces comandante de la Mebog) me dijo que haría una reparación con una disculpa y aclarando que Kooby no era un delincuente, pero esto no ha pasado”.

Edison murió en un operativo

Carlos Perdomo es el padre de Edison Fabián, de 16 años, quien fue impactado en el pómulo por una bala que provino de un oficial que aún no está identificado. Sucedió en el vecino municipio de Soacha el pasado David Carbonell, abogado de la víctima, cuenta que a don Carlos lo han amenazado en los últimos meses.

“Le han dicho que no denuncie, que no se meta en ese caso. Pero como todas las víctimas busca justicia”, señaló a este periódico. En este caso hay una investigación disciplinaria, pero no hay imputados. Todos estos casos hoy siguen en investigación y sus familias esperando justicia.

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Dificultades y avances

Al evaluar estos casos, la Fiscalía tiene en cuenta el contexto en el que ocurrió el suceso e intenta determinar si fue una acción de “oficio” o no. Alejandro Rodríguez, de GRITA (plataforma que documenta y estudia casos de violencia policial), explica que esta categorización de la conducta del policía entra a jugar un rol importante a la hora de que el caso lo tome la Justicia Penal Militar o la Ordinaria.

“En estos casos los involucrados suelen acudir al marco de la legitimidad; en la Justicia Penal Militar no hay garantías porque es una relación en la que el investigador es investigado por la misma institución de la que hace parte; también al tildar a una víctima de delincuente se busca legitimar una acción”, explica a El Espectador.

En este orden de ideas, algunas conductas denunciadas por las víctimas mencionadas, rompen con los principios de uso de la fuerza estipulados en el Reglamento del uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos letales, por la Policía Nacional. Este manual indica en qué momentos es válido el uso de la fuerza y deben ser contemplados por cada oficial a la hora de prestar el servicio.

Una de las respuestas de las autoridades a estos casos, que se han presentado desde hace años, sucedió en 2022 con la creación de la figura del Comisionado de derechos humanos al interior de la Policía. A través de esta figura se plantea un enfoque diferencial a cada caso y ha logrado establecer cuando hay vulneración de derechos humanos en una respuesta de la autoridad, y cuando fue una acción durante servicio.

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